Los protocolos de campaña ya están activados, y como prueba de ello el bloque de legisladores Juntos UCR, que el lunes pasado se reuniera con Luis Juez y Rodrigo de Loredo, presentó un proyecto de ley para incorporar la obligatoriedad de los debates entre los candidatos a gobernador y a vicegobernador.
Los aliancistas buscan ganar la iniciativa reclamando que Martín Llaryora y Luis Juez, y quienes resulten sus compañeros de fórmula, discutan en público las propuestas de Hacemos por Córdoba y Juntos por el Cambio, aunque el proyecto abarca también a todos los demás candidatos que participen de las próximas elecciones.
Obviamente, han de creer que Juez, en un debate, puede hacer gala de su capacidad para el show televisivo. El empuje de los legisladores del bloque que preside Juan Jure tiene una contracara: cuando creer en las encuestas es una cuestión de fe, conviene prestar atención a los hechos políticos, y lo tradicional es que al debate lo pide el partido o alianza que va por detrás. El que se siente primero, en cambio, trata de negar esa chance, o al menos busca licuarla evitando el mano a mano, tarea que, por cierto, el proyecto de los aliancistas ya realiza.
La siguiente discusión es si los debates son con preguntas entre los candidatos, o simples exposiciones sin intercambios, un detalle clave porque el primer sistema garantiza mayores posibilidades de que queden expuestas las fortalezas y las flaquezas de los participantes. Los que van en punta en las encuestas verdaderas prefieren el método más impermeable.
El proyecto de Juntos UCR implica una modificación al Código Electoral para incluir “la obligatoriedad de los debates públicos entre candidatos a gobernador y vice de la provincia de Córdoba, con la finalidad de dar a conocer y debatir ante el electorado las propuestas y plataformas electorales de los partidos, frentes o agrupaciones políticas”.
La iniciativa prevé que la Defensoría del Pueblo organice el debate “con el asesoramiento de organizaciones del ámbito académico y de la sociedad civil”.
En los fundamentos, los aliancistas aseguran que el propósito es “promover decisiones electorales soberanas e informadas”, y opinan que “resulta indispensable para el desarrollo de la democracia, la libertad de expresión y el ejercicio efectivo del derecho a la información”.
Además, enfatizaron que “todas las acciones que puedan garantizar el derecho a la información fortalecen las condiciones mínimas de funcionamiento de nuestra democracia y el ejercicio ciudadano de la población que debe elegir a sus representantes”.
“Debatir ideas a partir de este mecanismo hace al fortalecimiento de la democracia y permite conocer a los candidatos y sus planes de gobierno que muchas veces están ocultos o poco visibles por la campaña publicitaria y los slogans”, remarcaron.
El proyecto indica que deberá redactarse un reglamento y consensuarse los moderadores y los temas a tratar, y que si los candidatos no llegan a un acuerdo a través de sus negociadores, “la decisión recaerá en la Defensoría del Pueblo”.
En el caso de que un candidato no quiera participar, se procura que quede vacío el espacio asignado “a fin de denotar su ausencia”.
Dante Rossi, uno de los integrantes del bloque radical, insistió con que “Córdoba tiene una baja calidad institucional” porque “no hay Paso, no hay una fecha fija de elecciones, y el oficialismo modifica las leyes electorales a su antojo”.
“La última reforma aprobada en el Concejo Deliberante que prohíbe la doble candidatura denota que tienen miedo a perder, que no resisten competir contra Rodrigo de Loredo, y representa modificar las reglas de juego cuando el partido ya está en marcha”, consideró.
