Por Felipe Osman
Hacemos por Córdoba salió a instalar, con fuerza, el debate acerca del narco-test para candidatos a cargos electivos. En pocas palabras, el proyecto del concejal oficialista Diego Casado prevé una modificación al Código Electoral Municipal por la cual se incorporaría el artículo 50 bis, que establece como responsabilidad de candidatos y precandidatos a cargos electivos presentar ante la Justicia Electoral un certificado médico que acredite resultado negativo en consumo de estupefacientes.
La primera consideración a tener en cuenta es que se trata de un proyecto que descansó, cómodo, en los cajones del Concejo Deliberante, durante tres años. Con lo cual, el criterio de oportunidad ha jugado, sin lugar a duda, un papel importante en su regreso a la vida.
Desentrañar cual ha sido ese criterio es, sin embargo, algo más complejo.
El oficialismo viene de una semana, cuanto menos, complicada el Concejo. A modo de recordatorio, sus ediles aprobaron, en comisión, los dos artículos del proyecto del bloque Fuerza de la Gente para acotar la antelación con la que el intendente debe convocar a elecciones y blindar la prohibición a las candidaturas testimoniales. Luego, en el recinto, los mismos concejales que habían respaldado el proyecto en comisión le bajaron el pulgar a su primer artículo, que era, con mucho, su parte central. El que se aprobó resulta casi cosmético, pues la prohibición a las candidaturas testimoniales ya existía.
Todo, en apenas 24 horas.
Esto pone a la bancada mayoritaria en necesidad de recuperar la iniciativa. De buscar un golpe de efecto que resetee la agenda, que le dé algo de contrajuego, y que diluya el mal sabor de boca que dejó la sesión de la semana pasada. Y ahí es donde entra el proyecto de Casado.
En el fondo, vale tender serias dudas sobre la eficacia del control que propone. En un país donde cunden declaraciones juradas que harían sonrojar al más pintado, nadie puede tener por cierto que un certificado médico sea un documento digno del mayor crédito.
Pero sí es cierto que un proyecto de este corte es mucho más asequible para la tertulia del café. Casi no hay vecino de a pie que no tenga una opinión formada con relación al consumo de estupefacientes o a las responsabilidades de los funcionarios públicos. Ni hablar si se ofrece la oportunidad de mezclar los dos asuntos.
El revival del ‘narco-test’ puede prestar entonces el servicio de cambiar el tema de conversación. Pero puede haber incluso una jugada más.
Si Llaryora definiera, finalmente, separar la fecha de la elección municipal de la escogida por Juan Schiaretti para poner en juego el Centro Cívico, sería importante para el peronismo que el último recuerdo que se tenga de la bancada oficialista en el Concejo no sea el de haber reforzado el artículo 50 del Código Electoral Municipal, blindando la prohibición de las candidaturas simultáneas.
Desde luego, nadie cree que las candidaturas testimoniales vayan de la mano con el manual de las buenas prácticas políticas. Pero, aun así, tampoco lo van las modificaciones el Código Electoral en vísperas de una elección.
Una última consideración: para los concejales de la oposición el proyecto de Casado no tiene despacho de aceptación, sino de estudio. Esto implica que no podría ser traído a tratamiento por el recinto sino con dos tercios de los votos; de lo contrario, no se conceden las “tablas”. Desde el oficialismo, en cambio, aseguran que la iniciativa de Casado tiene despacho de aceptación desde el miércoles pasado, y que hasta fue incorporado en el orden del día para la próxima sesión. Cuando este jueves el oficialismo se disponga a tratar el proyecto, puede haber dos escenarios: que tenga despacho de aceptación, y lo consiga; o que habiendo tenido despacho de estudio necesite de los votos de la oposición para tratarlo. En el último caso, ¿se negarán las bancadas opositoras a prestar conformidad para debatir el proyecto? No parece una posición cómoda.
