El Gobierno dispuso, en un DNU que todavía no ha completado los pasos legales para ser convalidado, utilizar ahorros en títulos públicos en dólares de las reparticiones públicas -incluida la ANSES- para: conseguir pesos que ayuden a refinanciar los vencimientos de deuda pública; b) satisfacer parcialmente la demanda de dólares (con un sustituto no demasiado perfecto) y relajar restricciones presupuestarias, ya que el 30 % de lo colectado por las ventas de esos bonos podrá utilizarse para compensar la merma de ingresos genuinos.
El economista Jorge Vasconcelos del Ieral de la Fundación Mediterránea indica que más allá de lo oneroso que resulta desprenderse de títulos que rinden 45% anual en dólares y de los interrogantes legales de la medida, hay que subrayar la “escasa potencia” del instrumento.
“Si se lograra reunir poco más de un billón de pesos por la venta de estos títulos, esa cifra compara con vencimientos de títulos en manos del sector privado estimados en 6,2 millón de millones de pesos para abril-setiembre. Es cierto que habrá demanda `’institucional’ (bancos, compañías de seguros) para asegurar parte del rollover, pero todo indica que seguirá siendo necesaria la participación del Banco Central en el mercado secundario de títulos en pesos, por lo cual las presiones inflacionarias y la brecha cambiaria seguirán a la orden del día”, agrega.
El informe del economista señala que, simultáneamente, el primer trimestre de este año está confirmando el deterioro del sector externo y las dificultades del Banco Central para retener reservas, lo cual afecta en forma convergente las expectativas. En lo que va del año, el BCRA acumula un saldo negativo de casi 2,0 mil millones de dólares en sus operaciones de compra-venta de divisas con el sector privado, guarismo que compara con balances positivos de 2 mil millones en igual período de 2021 y de 200 millones en 2022
En febrero se completaron tres meses consecutivos con importaciones oscilando en el andarivel de los 5 mil millones de dólares, un 24% por debajo del promedio de 2022. A las dificultades para producir por la falta de insumos, se agrega ahora un fuerte desaliento a la inversión. La combinación de restricciones a importar y una brecha cambiaria que coquetea con el 100% tiene consecuencias: los precios mayoristas de productos importados registraron en febrero una variación de 9,2 % mensual y el anualizado del trimestre móvil alcanzó el 172,2 %, que compara con el 101,4 % del IPC.
Además, en los últimos días, también el Gobierno anunció la decisión de remover regulaciones que actualmente impiden a las empresas acceder al tipo de cambio oficial para pagar importaciones si, en paralelo, han recurrido al CCL o al MEP.
“Por este camino, podría llegarse a una instancia en la que se habilite a las empresas a usar esos mercados para acceder a dólares libres y pagar importaciones para las que no estén disponibles divisas a valor oficial. Es decir, sólo como conjetura, el gobierno podría estar sembrando semillas para un eventual desdoblamiento cambiario”, apunta Vasconcelos.
El viernes desde Economía insistieron en que se mantendrá la estrategia cambiaria; no habrá devaluación. El área de Comunicaciones difundió material con el título: Sergio Massa “consiguió con el canje la brecha más baja del último año” y subrayaron que el CCL y el MEP retrocedieron y las cotizaciones del dólar financiero bajaron y la brecha quedó lejos del pico de mediados del año pasado.
Massa espera que esta semana el Fondo Monetario Internacional (FMI) apruebe el nuevo desembolso por unos USD 5.300 millones. Confían en que el organismo aprobará las metas del 2022 y se relajarán las pautas del primer trimestre del 2023 ante la fuerte sequía que atraviesa el país.
Por el canje forzoso, la Fundación Apolo, una organización cercana al partido Republicanos Unidos, que integran Ricardo López Murphy y Roberto García Moritán y promueve ideas liberales, denunció ante la Justicia al presidente Alberto Fernández, a Massa, y al resto de los ministros firmaron los decretos que obligan a los entes públicos, incluida la Anses, a cambiar sus bonos en dólares por títulos en pesos.
La denuncia fue presentada por el director ejecutivo de la Fundación Apolo, Juan Manuel Otegui, y los abogados José Magioncalda y Juan Fazio. La denuncia menciona el delito de “incumplimiento de los deberes de funcionario público”.
