Por Javier Boher
@cacoboher
Esta semana conocimos la fecha de la elección a gobernador de Córdoba, pero nos toca seguir esperando la fecha de la intendencia. Por miedo, malicia o mera especulación, el peronismo cordobés ha decidido jugar de manera artera, manipulando otra vez los reglamentos.
Los sistemas electorales son una pieza fundamental de cualquier sistema democrático. Deben servir para definir quién gana, para convencer a los que pierden de que fueron derrotados en buena ley y para fortalecer la creencia de la sociedad en la democracia. Eso es imposible si se están cambiando las reglas por necesidad cada cuatro años. Si a eso se le agrega que son tres niveles de gobierno la cosa empeora. Es muy fácil perderse en la maraña electoral.
La jugada de la alianza entre el kirchnerismo y el peronismo cordobés puede ser defendida desde el impacto que podría tener ahora, pero debe ser criticada por la implementación y la motivación.
No hay ninguna duda de que hay que eliminar las candidaturas testimoniales, que son una estafa al votante. El peor antecedente que tenemos los cordobeses es el de De la Sota y Kammerath en las elecciones de 1999. Aunque el peronismo haya buscado siempre despegarse de su criatura, aquel intendente rechoncho que fue elegido vicegobernador del hombre de peinado artificial fue todo de ellos y de su aprovechamiento de las laxas reglas que existen en la política cordobesa.
Ahora bien, la forma en la que el tándem justicialista ha decidido jugar es un atropello a las formas, pero es -fundamentalmente- una muestra de que necesitan aprovecharse de la impredecibilidad para tratar de arrebatar en la elección. Es una movida inteligente, pero cargada de la trampa de la que siempre se han valido para preservar el poder con retoques menores.
La jugada, lejos de fortalecer al peronismo, demuestra que teme por el posible desenlace de la elección. Aunque las encuestas señalan que Martín Llaryora encabeza la intención de voto a gobernador, cada vez erran por más en sus pronósticos. Además, esta elección será la primera que en 24 años no tenga el nombre de Schiaretti o De la Sota en la boleta, y que deberá enfrentarse a una oposición unida, algo que no ocurre desde el lejano 2003. 2015 podría quedar fuera de esa lista, habida cuenta de que Eduardo Acastello pretendía rivalizar desde el peronismo y no desde la vereda de enfrente (motivo por el cual se alineó después de 2019).
Hoy el peronismo tiene un problema para que su candidato a intendente pueda imponerse sobre su potencial rival, de allí que estas jugadas no le sirvan de mucho. En 2019 Llaryora obtuvo casi 281.366 votos que lo pusieron en la intendencia, arrastrado por Juan Schiaretti. En 2021, en la elección legislativa, Rodrigo de Loredo sacó 405.984 votos en la capital provincial, once puntos porcentuales más que los que sacó el actual intendente dos años antes. Esos son los números por los cuales necesitan dificultar las decisiones en la principal oposición, complicando la estrategia electoral.
Seguramente todo terminará judicializado y la justicia decidirá -después del momento crítico de las elecciones- que todo estuvo mal hecho, justo cuando no hay tiempo de resolverlo, pero dejando el escenario despejado para que el peronismo recurra a las testimoniales en la próxima elección que le haga falta.
