Por Felipe Osman
Todo empezó trastocado en la sesión especial que el Concejo Deliberante celebró ayer. Citada para las 11, la reunión de Labor Parlamentaria empezó una hora después y, tras ella, la oposición convocó a una conferencia de prensa para denunciar connivencia entre el oficialismo provincial y el kirchnerismo.
Allí refirió también a una nota que horas antes había presentado, con las firma de los ediles que integran el interbloque de Juntos por el Cambio en el Concejo, solicitando la nulidad de la sesión, con objeciones formales y materiales contra el decreto que la convocó, y adelantando también objeciones legales al proyecto propuesto por el olguismo y avalado en comisión por el PJ para modificar el Código Electoral Municipal.
Después de esto comenzó la sesión, a la que sólo asistieron los concejales del oficialismo; la edil Gabriela Paulí, del bloque Fuerza de la Gente (autora del proyecto); y Laura Cubas, del FIT.
Paulí no se guardó nada. Criticó en duros términos a Juan Schiaretti denunciando un supuesto pacto entre el mandatario provincial y Mauricio Macri, y después cargó contra el propio vice intendente, a quien “acusó” de ir en las encuestas a la zaga de Rodrigo de Loredo, virtual competidor de Passerini en las municipales.
Después, el proyecto pasó a votación, pero de sus dos artículos, sólo uno fue aprobado. El primero, que proponía modificar el Código Electoral reduciendo de 90 a 65 los días de antelación con los cuales el intendente debe convocar a elecciones, no fue respaldado por el oficialismo, que terminó sancionando solo el segundo artículo, tendiente a reforzar el impedimento de las candidaturas “simultáneas” o “testimoniales”.
En resumen, Hacemos por Córdoba convocó a una sesión especial para sancionar una modificación al Código Electoral Municipal con el cronograma electoral de la Provincia en curso y con sus dos candidatos, tanto al Centro Cívico como al Palacio Municipal, en campaña. Respaldó, previamente, dicho proyecto en Comisión. Ofreció a la oposición un argumento de campaña que utilizará para cuestionar su respeto a la institucionalidad, y hasta abrió la posibilidad de que los opositores judicialicen la cesión. Y el único rédito que sacó de ello fue reforzar una prohibición que, para el grueso de los juristas, ya receptaba con claridad el artículo 50 del Código Electoral. A saber, la prohibición a las candidaturas simultáneas.
Es difícil explicarse por qué esta historia tuvo tal desenlace. El argumento oficial es que el bloque de Hacemos por Córdoba resolvió no avanzar en la modificación del artículo 44 (el plazo de convocatoria a elecciones) para no tocar un punto sensible del Código Electoral en vísperas de la campaña. Desde luego, eso no explica por qué se avanzó el martes en Comisión y se volvió para atrás ayer en el recinto.
Otra versión es que el oficialismo cayó en cuenta de que, de avanzar en una reforma de aquel artículo, la posibilidad de que la modificación fuera considerada nula tras una revisión judicial -con el costo político que eso implicaría- era considerable. Algunos hasta agregan que esa advertencia llegó desde el Centro Cívico.
Los más prosaicos ofrecen una explicación mucho más llana: la iniciativa del Palacio 6 de Julio, de aprobar el proyecto del olguismo, fue desactivada directamente por el Centro Cívico.
En el fondo, lo que para ellos subyace es otro capítulo en las diferencias entre el Gobernador y el Intendente. Así como en su momento el lanzamiento de las Juntas Promotoras en el interior irritó al schiarettismo y los actos de apoyo al vice intendente parecieron prematuros al viguismo, la fecha de la elección municipal se ha convertido en el nuevo punto de tensión entre El Panal y el Palacio Municipal.
El gobernador quiere garantizar la Provincia difiriendo los comicios municipales, consiguiendo, además, mantener al PJ activo durante la campaña previa a las PASO, en agosto, donde él competirá. El intendente prefiere dar menos tiempo de campaña a la oposición, aprovechar el arrastre que tiene su buena aceptación de gestión en la capital y retener la ciudad, obturando al mismo tiempo el posicionamiento de De Loredo, que podría encontrar financiamiento nacional para convertirse en un riesgo en 2027.
En el medio, los dirigentes de capital están convencidos de que las elecciones simultáneas mejoran sus posibilidades de retener el Palacio 6 de Julio, en un contexto en el cual las listas serán mucho más disputadas, no sólo por el schiarettismo, que querrá un reaseguro para los propios, sino también por los intendentes que se quedaron sin re-re.
El problema es que sus intereses más directos parecen coincidir con la estrategia electoral del intendente, pero su referencia está, aún, en El Panal.