Por Felipe Osman
La Comisión de Legislación General aprobó ayer el despacho para avanzar con las modificaciones que la edil Gabriela Paulí, del olguismo, propuso la semana pasada en el Concejo.
No se trató, ni por asomo, de un debate pacífico. El olguismo acusó a Schiaretti de querer separar las elecciones provinciales de las municipales para entregar la capital como moneda de cambio al macrismo. Juntos por el Cambio acusó a Llaryora de sostener un pacto con el Frente de Todos, que lo favorecería presentando un proyecto para modificar el Código Electoral en víspera de las elecciones. Y los concejales de terceras fuerzas achacaron a la UCR su zigzagueante posicionamiento -a favor, a veces, y en contra, otras- de las candidaturas testimoniales; y al PJ, lo mismo que los cambiemitas le reprochaban.
Debajo de la hojarasca, los dos artículos del proyecto de Paulí. Empezamos por el final.
El segundo propone modificar el artículo 50 del Código Electoral Municipal (en adelante, C.E.M.) para prohibir las candidaturas simultáneas o “testimoniales”. Lo curioso: dicho artículo ya las prohíbe. En realidad, lo que se buscaría con la modificación es un blindaje extra, para que el asunto no pueda ser objeto de posterior interpretación judicial.
El primero, en tanto, propone reducir la antelación con la que el Ejecutivo debe anunciar la fecha de las elecciones. Aquí está en realidad el meollo de la cuestión.
Según la actual redacción del C.E.M., el intendente debe convocar a elecciones con 90 días de antelación, con lo cual, la oposición sabría en menos de una semana si las municipales coincidirán o no con las provinciales, ya fijadas para el 25 de junio.
Si, por el contrario, el proyecto propuesto por el olguismo es sancionado, y el plazo de antelación para anunciar la fecha pasa a ser de 65 días, el oficialismo habrá ganado otros 25 para seguir escondiendo el juego a la oposición.
Sin embargo, no sólo de opositores versus oficialistas va el asunto. El proyecto también mete ruido en el balance interno de Hacemos por Córdoba.
Como antes lo fueron las Juntas Promotoras y después los sucesivos actos que el llaryorismo coordinó para poner en cancha a Daniel Passerini, la fecha de la elección municipal es ahora el punto de tensión del PJ.
La constante siempre es el tiempo. El que queda a la primacía del gobernador, y el que resta para que el intendente se convierta en la primera lapicera del peronismo cordobés. Schiaretti quiere estirar. Llaryora, resumir.
El gobernador prefiere que las elecciones municipales sean en septiembre. Esa fecha obligaría a cada sector del peronismo a mantenerse en campaña tras las provinciales y hasta después de agosto, cuando el mandatario provincial enfrentará el primer test electoral de su aventura nacional, en las PASO.
Luego, en septiembre, el partido deberá traccionar por la candidatura de Passerini; y octubre, el mes de las Generales, ya estará a la vuelta de la esquina.
Por lo demás, si el gobernador logra un desempeño electoral que entusiasme en las primarias, un posible derrumbe del Frente de Todos lo podría hacer crecer considerablemente en primera vuelta, consiguiendo un capital político capaz de ser determinante en un ballotage y haciendo crecer la representación del oficialismo provincial en Diputados.
El escenario que se dibuja si las provinciales coinciden con las municipales es, en cambio, muy diferente. Si el peronismo consiguiera retener en junio ambas jurisdicciones, habría muy poco afán por traccionar la aventura nacional del gobernador. Y si, por el contrario, el resultado fuera adverso, tanto peor.
Ahora bien, ¿cómo votarán los concejales viguistas? Y más aún, ¿cuántos votos hay que juntar para aprobar el proyecto de Paulí?
La de hoy es una sesión especial. Según una interpretación que supo sostener la anterior gestión municipal y de la que la actual también se ha valido, en las sesiones especiales el requerimiento de tratar un asunto sobre tablas, que habitualmente demanda dos tercios de los votos, se puede alcanzar con mayoría simple. No hay demasiados elementos que sustenten esta exégesis, por lo que resulta controvertible. Tanto, que la oposición ya avisó que judicializará el asunto si el oficialismo avanza.
Aún así, hoy se votaría el proyecto de Paulí, y los concejales del oficialismo tenían, al menos hasta ayer, instrucciones de aprobar. Pero, ¿querrá Alejandra Vigo que sus ediles respalden una modificación que da más tiempo al intendente para presionar por elecciones simultáneas?
Es probable que no. Tanto, que el llaryorismo no estaba ayer seguro de cómo votarían algunos de los concejales del propio bloque. Será un final con suspenso. Si consiguen los votos, aprobarán hoy. Si el viguismo bloquea el avance del proyecto, es probable que éste sea introducido al orden del día para ser tratado en las próximas sesiones y seguir negociando.
En cualquier escenario, Riutort ha lanzado ya la manzana de la discordia entre Vigo (o Schiaretti) y Llaryora. Están por verse las consecuencias.
