La inflación de 2022 fue la más elevada en 32 años y el comienzo de 2023 muestra signos de aceleración por lo que el Gobierno fue instrumentando distintas medidas. Por un lado, se realiza un ajuste del gasto en términos reales en conjunto con una política monetaria más contractiva, sumado a la búsqueda de que las paritarias se firmen con una pauta más acotada (60% anual). Por el otro, se dispusieron y profundizaron medidas de tinte más heterodoxo, como el programa Precios Justos.
La consultora Ecolatina señala que, en medio de un escenario signado por la profundización de las necesidades de asistencia social en los sectores más bajos, los límites para expandir el gasto público en asistencia social que impone el programa financiero incrementan las tensiones derivadas del impacto de una inflación persistentemente elevada sobre los hogares más pobres. Producto del patrón de consumo de las familias, la escasez de divisas y la sequía, las debilidades que presenta Precios Justos complican la búsqueda por evitar un mayor impacto de la inflación sobre los hogares más vulnerables.
Lo sucedido en ediciones pasadas muestra que, aunque los acuerdos de precios de bienes de consumo masivo tengan algún impacto de corto plazo -como los que se están viendo actualmente – traen aparejados riesgos hacia adelante, ya que, cuando se levanta el congelamiento, los precios se actualizan intentando recomponer el terreno perdido y terminan por acelerar nuevamente la inflación.
El informe señala que los controles de precios/salarios resultan insuficientes para utilizarse de manera aislada como herramienta para desinflacionar en forma sostenida: “En el marco de la implementación de un plan de estabilización técnicamente sólido, con amplio respaldo político y creíble para los agentes económicos, los acuerdos pueden funcionar como un complemento para alcanzar el objetivo de moderar la inercia inflacionaria y anclar expectativas, pero comprendiendo su rol y sus limitaciones”.
Precios Justos entró en vigor el 11 de noviembre de 2022 con el objetivo de tender a la estabilidad de los precios en el corto plazo y procurar disminuir la inercia y la expectativa inflacionaria, buscando recuperar el poder de compra de los ingresos. El programa fijó los precios de alrededor de 1.800 productos de primera necesidad por 120 días, mediante acuerdos con empresas productoras y comercializadoras de productos de consumo masivo. Además, aplicó un tope de aumentos de 4% para el resto de los artículos de consumo masivo que se venden en grandes cadenas de supermercados por parte de las empresas que firman el acuerdo.
En el marco del programa, también se fueron incluyendo otros sectores: petroleras, cámaras del sector farmacéutico, con la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (CIAI), empresas de telas e hilados y marcas de zapatillas, que incluyeron desde congelamientos o reducciones de precios hasta compromisos para mantener por algunos meses determinados porcentajes de remarcación.
A principios de febrero, luego de un dato de enero peor al esperado -la inflación se aceleró al 6% mes contra mes según Indec, 0,4 puntos porcentuales por encima de la expectativa del mercado (REM-BCRA)- que alejó aún más la intensión del ministro Sergio Massa de que la inflación perforara el 4% en abril, el acuerdo se renueva y amplía: la pauta de aumentos mensuales baja al 3,2% hasta junio y contempla a 15 sectores diferentes en acuerdo con más de 500 empresas, con 1.925 productos con un aumento de 9% en febrero para luego quedar congelados, y otros 50.000 dentro del corsé de aumentos pactados al 3,2%.
Durante los meses desde la vigencia de Precios Justos, el IPC Consumo Masivo construido en base al IPC GBA Ecolatina se desaceleró: pasó de promediar 6,9% en septiembre-octubre a 4,8% entre noviembre y febrero. En febrero registró 4,7%, 1,6 p.p. por debajo del promedio del trimestre septiembre-noviembre, previo al acuerdo.
Ahora bien, mientras que en el canal moderno (supermercados, hipermercados) se observó una mayor incidencia del programa, en el canal tradicional (almacenes, pequeños comercios de cercanía) -no cubierto por el acuerdo y con menor trato directo con el Gobierno- el aumento de precios de los productos atravesados por Precios Justos fue mayor. Esto no es algo novedoso de este programa, sino que se trata de una situación que se repitió a lo largo de los últimos diez años con controles de precios.
Desde su entrada en vigor, la diferencia entre los aumentos de algunos productos dentro del acuerdo no es menor: por ejemplo, en el canal tradicional el agua creció 10 p.p. por encima del canal moderno; los fideos, +9 p.p; la leche, +7 p.p; los yogures, +6 p.p. En unos pocos casos los precios subieron más en los pequeños comercios que en los supermercados: pan fresco crece -5 p.p en tradicionales, harina -7 p.p., aceite puro -6 p.p, yerba mate -1 p.p. y azúcar -8 p.p.
La inflación de 2022 fue la más elevada en 32 años y el comienzo de 2023 muestra signos de aceleración por lo que el Gobierno fue instrumentando distintas medidas. Por un lado, se realiza un ajuste del gasto en términos reales en conjunto con una política monetaria más contractiva, sumado a la búsqueda de que las paritarias se firmen con una pauta más acotada (60% anual). Por el otro, se dispusieron y profundizaron medidas de tinte más heterodoxo, como el programa Precios Justos.
La consultora Ecolatina señala que, en medio de un escenario signado por la profundización de las necesidades de asistencia social en los sectores más bajos, los límites para expandir el gasto público en asistencia social que impone el programa financiero incrementan las tensiones derivadas del impacto de una inflación persistentemente elevada sobre los hogares más pobres. Producto del patrón de consumo de las familias, la escasez de divisas y la sequía, las debilidades que presenta Precios Justos complican la búsqueda por evitar un mayor impacto de la inflación sobre los hogares más vulnerables.
Lo sucedido en ediciones pasadas muestra que, aunque los acuerdos de precios de bienes de consumo masivo tengan algún impacto de corto plazo -como los que se están viendo actualmente – traen aparejados riesgos hacia adelante, ya que, cuando se levanta el congelamiento, los precios se actualizan intentando recomponer el terreno perdido y terminan por acelerar nuevamente la inflación.
El informe señala que los controles de precios/salarios resultan insuficientes para utilizarse de manera aislada como herramienta para desinflacionar en forma sostenida: “En el marco de la implementación de un plan de estabilización técnicamente sólido, con amplio respaldo político y creíble para los agentes económicos, los acuerdos pueden funcionar como un complemento para alcanzar el objetivo de moderar la inercia inflacionaria y anclar expectativas, pero comprendiendo su rol y sus limitaciones”.
Precios Justos entró en vigor el 11 de noviembre de 2022 con el objetivo de tender a la estabilidad de los precios en el corto plazo y procurar disminuir la inercia y la expectativa inflacionaria, buscando recuperar el poder de compra de los ingresos. El programa fijó los precios de alrededor de 1.800 productos de primera necesidad por 120 días, mediante acuerdos con empresas productoras y comercializadoras de productos de consumo masivo. Además, aplicó un tope de aumentos de 4% para el resto de los artículos de consumo masivo que se venden en grandes cadenas de supermercados por parte de las empresas que firman el acuerdo.
En el marco del programa, también se fueron incluyendo otros sectores: petroleras, cámaras del sector farmacéutico, con la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (CIAI), empresas de telas e hilados y marcas de zapatillas, que incluyeron desde congelamientos o reducciones de precios hasta compromisos para mantener por algunos meses determinados porcentajes de remarcación.
A principios de febrero, luego de un dato de enero peor al esperado -la inflación se aceleró al 6% mes contra mes según Indec, 0,4 puntos porcentuales por encima de la expectativa del mercado (REM-BCRA)- que alejó aún más la intensión del ministro Sergio Massa de que la inflación perforara el 4% en abril, el acuerdo se renueva y amplía: la pauta de aumentos mensuales baja al 3,2% hasta junio y contempla a 15 sectores diferentes en acuerdo con más de 500 empresas, con 1.925 productos con un aumento de 9% en febrero para luego quedar congelados, y otros 50.000 dentro del corsé de aumentos pactados al 3,2%.
Durante los meses desde la vigencia de Precios Justos, el IPC Consumo Masivo construido en base al IPC GBA Ecolatina se desaceleró: pasó de promediar 6,9% en septiembre-octubre a 4,8% entre noviembre y febrero. En febrero registró 4,7%, 1,6 p.p. por debajo del promedio del trimestre septiembre-noviembre, previo al acuerdo.
Ahora bien, mientras que en el canal moderno (supermercados, hipermercados) se observó una mayor incidencia del programa, en el canal tradicional (almacenes, pequeños comercios de cercanía) -no cubierto por el acuerdo y con menor trato directo con el Gobierno- el aumento de precios de los productos atravesados por Precios Justos fue mayor. Esto no es algo novedoso de este programa, sino que se trata de una situación que se repitió a lo largo de los últimos diez años con controles de precios.
Desde su entrada en vigor, la diferencia entre los aumentos de algunos productos dentro del acuerdo no es menor: por ejemplo, en el canal tradicional el agua creció 10 p.p. por encima del canal moderno; los fideos, +9 p.p; la leche, +7 p.p; los yogures, +6 p.p. En unos pocos casos los precios subieron más en los pequeños comercios que en los supermercados: pan fresco crece -5 p.p en tradicionales, harina -7 p.p., aceite puro -6 p.p, yerba mate -1 p.p. y azúcar -8 p.p.
