Meta fiscal: aun con una mejora del PBI no alcanzaría a cumplirse

El FMI no modificó el objetivo de 1,9% establecido este año para el déficit. Con la sequía hay impacto en el ingreso del Estado por lo que los analistas privados ven difícil de cubrir lo fijado por el organismo internacional.

Una suba del PIB de 2022 achica el esfuerzo fiscal de este año, desde 0,5 puntos porcentuales a 0,4 puntos porcentuales lo que “suma, pero no alcanza, dada la importante sequía que se tiene”. El dato deriva de un trabajo del Iaraf dirigido por Nadín Argañaraz.

Hay que recordar que los cambios del acuerdo de la Argentina con el FMI, además de confirmar una reducción en la meta de reservas netas del BCRA, plantea el déficit del año 2022 fue de 2,3% del PIB. Esto significa una disminución de 0,1 puntos porcentuales en relación a la estimación previa de 2,4% del PIB, obtenida con un PIB nominal menor.

Por lo tanto, el esfuerzo fiscal necesario para cumplir con la meta de resultado primario del FMI en el 2023 es de 0,4 puntos porcentuales, debiendo bajar desde 2,3% a 1,9%. A este esfuerzo fiscal base, habrá que sumar el necesario para suplir los menores recursos tributarios derivados de la menor cosecha esperada, explica el Iaraf.

¿Qué sucedería si se siguiera con la meta de déficit primario de 1,9% del PIB en un context de sequía? Para Argañaraz si no se adapta la meta fiscal, el gobierno nacional tendrá que seguir llevando adelante la misma política fiscal contractiva acordada anteriormente a la sequía, en un contexto de una importante sequía.

El punto central es que, en esta situación, algún sector o agente económico (grupo de sectores o agentes económicos) tendrá que aportar los 0,5 puntos porcentuales del PIB que perderían los ingresos fiscales. Entre las alternativas está algún impuesto extraordinario sobre algún sector o agente económico (grupos), la quita de recursos a sectores a través de un menor gasto público o una combinación de ambos.

Si bien el FMI habló sobre los recortes en los subsidios energéticos, no menciona algo distinto a lo ya explicado anteriormente en su último staff report de diciembre pasado, cuando se afirmó que el gobierno se comprometió a reducir en 0,5 puntos porcentuales del PIB los subsidios energéticos, hecho que ha sido plasmado también en el presupuesto de este año.

“De cumplirse este compromiso, los subsidios a la energía representarían un 1,5% del PIB, siendo el año de mayor esfuerzo de reducción hasta ahora -dice Argeñaraz-. Si el FMI sugiere que los subsidios a la energía son la vía para obtener recursos que permitan compensar las pérdidas de ingresos fiscales ocasionados por la sequía, la reducción obviamente debe ser mayor. Dado el supuesto de una pérdida de ingresos fiscales por sequía de 0,5 puntos porcentuales del PIB, si todo el esfuerzo recayera sobre los receptores de subsidios (en caso que legalmente fuera posible), la reducción total debería ser de 1 punto porcentual del PIB. En efecto, los subsidios deberían ser de 1% del PIB en 2023, lo que implicaría el segundo menor gasto desde 2017”.

Hace unas semanas el Iraf planteó que entre las alternativas para cumplir con la meta fiscal sino se cambia, está algún impuesto extraordinario sobre algún sector o agente económico (grupos), la quita de recursos a sectores a través de un menor gasto público o una combinación de ambos.

En este escenario, el Congreso Nacional debería ser el ámbito donde se discuta y defina qué sectores deben hacer el aporte extraordinario. Se debe seguir cumpliendo con una meta fiscal de déficit primario de 1,9% del PIB, cuando de manera imprevista se van a perder al menos 0,5 puntos porcentuales del PIB de ingresos tributarios.

“Lo que parece claro es que se hace mucho más complicado cumplir con la meta fiscal en un contexto donde la política fiscal sigue siendo contractiva, en medio de una importante sequía”, dijo en ese reporte.

Para fines de este mes, el sector público no debería haber excedido los $441.000 millones, que representan un 0,3% del Producto. El primer mes del año arrancó con un marcado salto en el déficit, superior al 1000% interanual, que dejó a las cuentas públicas con un rojo de $203.000 millones, es decir, poco menos de un 0,14% del PBI.

Así, solo en el primer mes del año el Palacio de Hacienda utilizó el 45% de ese “cupo” de déficit primario permitido por el acuerdo para el período enero-marzo. Según explicaron altas fuentes del equipo económico, tras el aumento del déficit en enero, los números de febrero también mostrarán un desempeño fiscal que sería similar al del primer mes del año -los números oficiales se darán a conocer la semana que viene- por lo que “en marzo habrá que trabajar duro y parejo” para no exceder la meta, aseguraron.