Por Felipe Osman
Con una cláusula gatillo sellada hasta octubre, cualquiera podría pensar que el mayor frente gremial del Palacio 6 de Julio está conjurado, al menos, hasta bien pasadas las elecciones. Pero quien lo hiciera estaría equivocado.
El Suoem acaba de lanzar un cronograma de asambleas informativas de dos horas por turno que arrancó ayer y que se prolongará durante las próximas semanas. La convocatoria es convenientemente confusa y sólo alude a “reiterados incumplimientos de las autoridades del Departamento Ejecutivo Municipal que afectan económica y/o administrativamente a compañeras y compañeros de todas las reparticiones”.
Los baqueanos en los enjuagues del Suoem saben que la verdadera motivación es empezar a mover las bases para preparar el próximo conflicto, que tendrá por objeto conseguir la estabilidad de becarios y monotributistas antes de que la actual gestión dé paso a la siguiente.
El experimentado conductor del Suoem sabe, además, que no hay mejor momento para presionar a la gestión que aquel en el que busca retener el mando, y por eso el gremio apuntará sus cañones a la campaña electoral, e imagina iniciar el conflicto en abril, no solo con el candidato a suceder a Llaryora lanzado sino también, muy probablemente, con la fecha electoral definida al menos a nivel provincial.
“Las asambleas son para calentar motores”, confiesan algunos delegados, que también admiten el objetivo final del conflicto que se viene.
Sin embargo, el que el sindicato capitaneado por Rubén Daniele propondrá en las próximas semanas, no es el único frente de conflicto que la gestión municipal podría atravesar de camino hacia la renovación peronista.
Casi desde el comienzo de la administración hay quienes advierten que el andamiaje jurídico empleado para captar el trabajo de las cooperativas que nuclean a los Servidores Urbanos -que precede a la actual gestión- no es inexpugnable, y que existe un riesgo cierto de que quienes revistan en dichas cooperativas empiecen a presionar para gozar de los derechos que comparten los municipales “constantes y sonantes”.
De hecho, Daniel ha avisado que iría por ellos, y que buscaría acoplarlos a un Suoem al que bien le vendría sumar nuevos afiliados, para contrarrestar la sangría que ocurrió sobre el inició de la pandemia, cuando muchos desencantados con la representación de la lista Verde dieron de baja sus fichas afiliatorias. Es de público conocimiento que el sindicato no atraviesa tiempos de holgura en lo económico, y ampliar su base de aportantes le permitiría sanear sus cuentas.
Además, aún sin la representación del gremio, los Servidores Urbanos ya han dado muestras de querer sindicalizarse o, al menos, han planteado reclamos y movilizaciones conjuntas, en su caso, para obtener una mejora en sus ingresos.
En suma, no se trata de cooperativas descoordinadas, sino de un conjunto de trabajadores que tiene un objetivo claro y que ya ha articulado protestas colectivas.
Atender a estos asuntos será, probablemente, prioritario para la gestión municipal, que se precia -con justos motivos- de haber disminuido la proporción de los recursos destinada al pago de salarios para emplearlos en ejecución de obra pública y mejora de los servicios que ofrece.
Más aún, la ampliación exponencial de los planteles municipales es, sino la mayor, una de las principales objeciones que el peronismo hace a la gestión liderada por Luis Juez entre 2003 y 2007, y si espera mantener vigente ese argumento para la campaña provincial que se avecina, en la que Martín Llaryora competirá contra el líder del Frente Cívico, es de esperar que defienda los logros de los que se ufana, para maximizar el contraste.
