La Comisión de Asuntos Constitucionales de la Legislatura comenzó a debatir ayer el futuro de Eduardo Serrano, el legislador que hasta hace algunas semanas ocupaba la bancada oficialista y sobre quien pesa una restricción domiciliaria por una denuncia de violencia familiar. Como lo contó en su momento Alfil, la denuncia la radicó la exesposa de Serrano y originó un conflicto interno en el bloque que derivó en la expulsión y el arribo del parlamentario a una bancada unipersonal que aún no estrenó.
Ya que el miércoles pasado cuando fue apartado del sector del oficialismo, Serrano envió un certificado y aduciendo problemas de salud decidió ausentarse de la sesión. Misma situación que se repetirá en la sesión ordinaria de hoy.
Si bien desde Hacemos por Córdoba (HpC) se encargaron de aseverar que la expulsión del bloque no se debió a lo ocurrido en su ámbito personal, sino a la decisión de Serrano de respaldar a otro espacio político –en el último tiempo apoyó la candidatura de Patricia Bullrich-, lo cierto es que coincidió la salida del bloque oficialista con la denuncia.
Ayer, en la comisión que preside el llaryorista Juan Manuel Cid se leyeron las cuestiones de privilegio que presentaron cuatro legisladores: Noel Argañaraz, la legisladora del FIT que pide la expulsión; y luego el de Luciana Echevarría (MST), el que impulsa la radical Verónica Garade Panetta y una carta del titular del bloque del oficialismo, Leonardo Limia. Estos tres últimos pidiendo la suspensión hasta que se expida la justicia.
Luego del repaso de los cuatro, se leyó además una nota que envió la jueza a la Unicameral donde la magistrada señala que se trata de una medida precautoria y que no hay una sentencia, se encendieron algunas alarmas en los bloques mayoritarios. Sobre todo, por el precedente que puede generar la expulsión y el desencadenante a futuro de otros episodios con denuncias de por medio.
Lo que viene, después de haber notificado a Serrano con cada proyecto y la misiva de la jueza es la posibilidad del derecho a la defensa que se le dará. Y aquí, las posibilidades son varias: desde que se presente y la ejerza de manera personal, hasta que lo haga a través de una carta, que decida realizarla por Zoom o que recurra a su abogado. “No hay un protocolo sobre cómo la debe ejercer. Se le da el derecho a que lo haga”, señalaron ayer a este diario desde la Unicameral.
En lo que coinciden desde el PJ y la UCR es en marcar algunas diferencias entre este caso y el de Oscar González. Como así también en sostener que “hay que esperar que la Justicia se expida de manera contundente. Por ahora, está la denuncia y la restricción”, reconocieron a este diario desde los dos bloques mayoritarios.
Aunque, donde sí marcan una diferencia desde el radicalismo es a la hora de observar la interna que se desató en el PJ con el tema Serrano. “Hay una intención de algunos legisladores del peronismo de sacárselo de encima rápido. Y nosotros no nos vamos a prestar a ese juego tampoco”, reconocieron.
En el oficialismo, por su parte, también admiten que hubo una demora para tomar una decisión con un legislador que les trajo varios dolores de cabeza a lo largo de este período y que ya había manifestado preferencias por otra fuerza política.
