El Gobierno acordó este lunes con el Fondo Monetario Internacional (FMI) una reducción de casi u$s2.000 millones en la meta de acumulación de reservas internacionales para 2023 por el efecto de la sequía sobre las exportaciones, al tiempo que mantuvo sin cambios la meta de 1,9% del PBI de déficit fiscal para este año.
La decisión forma parte del acuerdo a nivel técnico alcanzado por las autoridades argentinas y el personal del FMI sobre la cuarta revisión bajo el acuerdo de facilidades extendidas (EFF, por sus siglas en ingles) de 30 meses de Argentina, que deberá ser aprobado por el Directorio Ejecutivo del organismo multilateral en las próximas semanas. Una vez completada la revisión, Argentina tendrá acceso a alrededor de u$s5.300 millones (DEG 4.000 millones).
El nuevo acuerdo, que aún debe ser aprobado por el board del FMI, despeja el camino para recibir un nuevo giro por unos 5300 millones de dólares en las próximas semanas.
Aunque el Fondo aceptó evaluar el pedido del Gobierno para aliviar la meta de reservas para este año, dijo también que es necesario “un paquete de políticas más sólido”, y subrayó que se reafirmaron las metas fiscales y el esquema pactado para la suba de tarifas previstas para bajar la cuenta de subsidios energéticos, la principal variable de ajuste del déficit de las cuentas públicas. El organismo también reconoció que las presiones inflacionarias “han repuntado” en los últimos meses.
“Ante los desafíos de una sequía cada vez más severa, se necesita un paquete de políticas más sólido para salvaguardar la estabilidad macroeconómica, abordar el aumento de la inflación y los recientes reveses en las políticas, así como garantizar el logro de los objetivos subyacentes del programa. Tales políticas deben implementarse firme y consistentemente″, dijeron en un comunicado Luis Cubeddu, subdirector del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo, y Ashvin Ahuja, el nuevo jefe de misión para la Argentina. “En este contexto, se solicitan revisiones de los objetivos de reservas para 2023″, agregaron.
Cubeddu y Ahuja indicaron además que será “esencial” mantener políticas sólidas, y tal como ha hecho el Fondo con anterioridad, dejaron un mensaje en contra de medidas como el dólar “soja” o el dólar “Malbec”, que, pese a su disconformidad, el Fondo ya avaló.
“Las medidas cambiarias temporales no deben ser un sustituto de una política macroeconómica sólida”, afirmaron ambos funcionarios.
Una vez que sea aprobado por el board del Fondo, el nuevo acuerdo con el Fondo le brindará al Gobierno una bocanada de oxígeno para intentar llevar la economía hasta las elecciones presidenciales y el fin del mandato de Alberto Fernández, alejando el riesgo de una suspensión de los desembolsos previstos para el resto del año, cruciales para sostener las reservas y cumplir con los pagos de la deuda, incluidos los pagos al Fondo.
En la reunión del G20 en Bengaluru (India), el ministro Sergio Massa perfiló el acuerdo con la jefa del FMI, Kristalina Georgieva, y la número dos, Gita Gopinath, ahora más involucrada con la Argentina, y con quien Massa tejió buena sintonía. El Ministerio de Economía dijo que hubo más de 140 horas de reuniones por Zoom.
Pese a que el Fondo y el Gobierno dijeron que las metas se mantendrían, y tildaron al acuerdo original de “realista y creíble”, el programa ya se modificó tres veces. Esta última revisión, correspondiente a la cuarta auditoría trimestral del Acuerdo de Facilidades Extendidas (EFF, según sus siglas en inglés) firmado hace un año, fue la más profunda, y se concentró en uno de los flancos más débiles del plan económico: la fragilidad de las reservas del Banco Central, que mantienen latente la amenaza de una devaluación aguda.
