Por Javier Boher
@cacoboher
El censo sigue dando que hablar. Además de las modificaciones que debería tener la Cámara de Diputados, comparar los números de habitantes que residen en cada distrito empuja a pensar en cómo la representación debe adecuarse a los cambios en la composición demográfica.
Si Córdoba está subrepresentada respecto a otras provincias menos pobladas (básicamente toda la patagonia y algunas provincias del norte) la misma situación puede decirse que ocurre en la legislatura provincial. La Unicameral es un canto a la desproporcionalidad.
Las instituciones políticas en una democracia representativa tienen por finalidad transmitir las demandas de la población a la agenda de políticas públicas. Son la caja de conversión que transforma deseos y aspiraciones de conjuntos de personas en proyectos de ley que le den forma de concreción a las mismas.
Esa, por supuesto, no es su único fin. Deben ayudar, además, a generar condiciones de gobernabilidad, entendidas como el contexto de armonía en el que un gobierno puede conducir efectivamente. En países con historias autoritarias y populistas como el nuestro, hay una fina línea entre eso y la anulación de los contrapesos y la representación de las minorías.
Algunos eligen forzar las normas para evitarse el dolor de cabeza de tener que negociar políticas públicas con la oposición. Otros, en la cresta de la ola de su popularidad, redibujan las instituciones representativas para reducir la posibilidad de que una elección les presente un escenario de paridad en el poder legislativo.
Ese es el caso de la reforma constitucional que llevó a cabo el peronismo en los albores del siglo XXI. Un José Manuel De la Sota, encaramado en una voluntad popular extasiada por pagar 30% menos de impuestos, se largó a cambiar la letra de nuestra Carta Magna.
Como un predecesor de Milei (que alguna vez también tuvo un peinado destacable y sobretodo de cuero) convenció a la opinión pública de que una legislatura Unicameral sería la solución para reducir el gasto público. La gente compró fascinada, pero también le abrió la puerta al rediseño de una institución fundamental. De la Sota se aseguraba, a través del esquema aun vigente, que el peronismo se quede siempre con la mayor porción de la torta legislativa.
A la hora de defender el sistema propuesto (en el que hay 26 legisladores por departamento y 44 legisladores por distrito único) se sostenía que el mismo era el usado por el parlamento alemán. A grandes rasgos, sin entrar en detalles, el parlamento alemán elimina de la asignación de bancas por distrito único a los partidos que han ganado bancas en un -en este caso- departamento.
De los datos que salieron publicados antes de ayer se desprende que hay tres departamentos que no tienen la cantidad de habitantes suficientes para ser considerados ciudades, con menos de 10.000 habitantes cada uno. Estos departamentos son Minas (4.892), Pocho (5.420) y Sobremonte (4.648).
Los tres suman 14.960 habitantes, casi la misma cantidad que Río Seco (15.778) y Tulumba (14.340). Entre los cinco suman 45.078 y tienen el 7,14% de la representación legislativa, pero con el 1,13% de la población total. Apenas Totoral (22.680), Ischilín (36.726) y Presidente Roque Sáenz Peña (39.221) están por debajo de ese número.
Los ocho departamentos suman 143.705 habitantes, el 3,6% de la población. Sin embargo, la bancada de “los despoblados” tiene un 11,4% de peso. El peronismo nunca sacó menos de 22 bancas departamentales desde que existe este sistema.
Fuera de Presidente Roque Sáenz Peña, las otras siete están en el arco noroeste de la provincia, la zona menos desarrollada y que recibe más asistencia estatal. A los mencionados Pocho, Minas, Sobremonte, Río Seco, Ischilín, Tulumba y Totoral se le suman Cruz del Eje (69.214), San Alberto (44.116), San Javier (64.462), lo que da un total de 282.276 habitantes, el 7,09% del total, la mitad del 14,3% de la representación que tienen en la legislatura.
Si tomamos la totalidad de la población de la provincia y la dividimos en las 44 bancas que se votan como distrito único, nos da que debería haber 90.431 cordobeses por legislador. Incluso votando todos juntos a la misma lista, conseguirían apenas tres legisladores, mucho menos que los 10 que tienen.
Estos datos parecen un tema menor, pero no lo son.
En Minas, el peronismo se ganó una banca con 1.800 votos. Encuentro Vecinal sacó 49.800 para legislador departamental de la capital; el Frente de Izquierda consiguió 37.000. Encuentro Vecinal sacó diez veces más que los habitantes que tiene Minas y apenas consiguió una banca por distrito único. El partido de García Elorrio sacó casi el 5% de los votos en ese tramo, pero tiene apenas 1,5% de la representación en la Legislatura.
Ciertamente hay que buscar mecanismos para compensar ese tipo de triunfos en los que un partido puede hacerse con el control de la representación legislativa. La gobernabilidad es un valor deseable, pero no se puede usar de excusa para eliminar la representación de las minorías.
