Controles de precios: la polémica continúa

Precios Justos busca moderar las subas de precios en una canasta principalmente orientada a los deciles de menores ingresos, pero al estar en supermercados y grandes comercios, puede tener un impacto menor al esperado.

Los programas de controles de precios resultan insuficientes para utilizarse de manera aislada como herramienta desinflacionaria. Esa es una conclusión transversal entre los economistas, que lo ratificaron en medio de la polémica por la salida del gremio de Camioneros a “inspeccionar” -según dice el Gobierno- el cumplimiento de Precios Justos. En los pocos casos en los que existió un efecto positivo del control, terminó por volverse en contra al poco tiempo de finalizado el congelamiento.  En declaraciones a un medio brasileño, el presidente Alberto Fernández insistió en que la inflación en la Argentina está «en la mente» de los ciudadanos.

La consultora Ecolatina señala que, sin embargo, pueden ser un instrumento que complemente en su etapa inicial a un plan integral y consistente para al menos, y en el muy corto plazo, alcanzar el objetivo de moderar la elevada inercia inflacionaria, calmar expectativas y contribuir a reducir la suba de precios un escalón más, pero comprendiendo su rol y sus limitaciones.

Pero aclara que, en la medida en que no se instrumente un programa creíble, sostenible y con consenso en la política, donde las políticas fiscales (reducción del déficit mediante), monetarias (tasas de interés reales positivas, menor asistencia monetaria del BCRA) y cambiarias sean el eje central para combatir la inflación y coordinar expectativas a la baja, los controles de precios no constituirán una alternativa sostenible.

Sobre Precios Justos, insiste en que, al igual que en los programas anteriores, busca moderar las subas de precios en una canasta principalmente orientada a los deciles de menores ingresos, a quienes relativamente les impacta más la inflación de los productos de consumo masivo. De todos modos, al ser un programa con vigencia y control en supermercados y grandes comercios, puede tener un impacto menor al esperado, teniendo en cuenta que los deciles más bajos consumen en mayor medida en los tradicionales comercios de cercanía.

El resto de los acuerdos, con precios creciendo al 4%, dejan en claro que se busca que la inercia se modere a un rango similar a ese guarismo, teniendo en cuenta la dificultad de bajarlo mucho más que eso en el corto plazo sin un robusto plan de estabilización.

Los dos meses en los que estuvo vigente el programa de Precios Justos, el IPC Consumo masivo desaceleró (pasó de promediar 6,5% en septiembre-octubre a 5,4% en noviembre y diciembre). No obstante, la inflación del IPC Consumo Masivo fue mayor a la del Nivel General y, mientras que en los primeros diez meses del 2022 los precios de consumo masivo explicaban en promedio el 16% de la inflación general, en este período este grupo de bienes explicó 17,8% de la variación del nivel general en promedio.

En este marco, la consultora subraya que el programa no tuvo un papel fundamental en la desaceleración del índice general en noviembre ni en la desaceleración del índice de alimentos y bebidas en ambos períodos como sí lo tuvo la menor dinámica en los precios de la carne (mientras que en 2021 explicó en promedio cerca del 12% del aumento en el nivel general, en noviembre y diciembre explicó, en promedio, 3,8%) y particularmente en noviembre la caída en los precios de la verdura (tuvieron un retroceso de 3,2% luego de un octubre creciendo 10,7%), que no correspondieron al congelamiento, sino más bien a factores estacionales.

“Con la experiencia reciente, vimos que los programas de controles de precios pueden ser útiles a la hora de otorgar a los consumidores una canasta más económica de bienes de primera necesidad, pero utilizarlos en forma aislada para frenar la inflación puede resultar más controversial -añade el informe-. En este sentido, aunque estos programas tuvieran algún impacto sobre los bienes de consumo masivo, -en particular en el muy corto plazo, como fue el caso de Precios Máximos gracias a la magnitud del programa-, traen riesgos de corto-mediano plazo, ya que cuando se levanta el congelamiento los precios se actualizan intentando recomponer el terreno perdido y terminan por acelerar nuevamente la inflación”.

Sin embargo, si bien al igual que los anteriores buscan moderar las expectativas inflacionarias, en esta edición los acuerdos se ven acompañados por la implementación de una política económica de “sesgo contractivo” ya que se está ajustando el gasto en términos reales, subieron con fuerza las tasas de interés y se busca restringir la asistencia monetaria directa del BCRA, en conjunto a la intención de acordar paritarias con una pauta más acotada para este año (60% anual) y moderar el crawling peg sin incurrir en un mayor atraso cambiario. Además, ya no se trata de un sólo acuerdo de precios limitado a un canal, sino de una decena y con múltiples sectores.