H. Maqueda culpó a Llaryora por abusos de los naranjitas

El dirigente de la CC-ARI acusó que la Municipalidad permite un “curro” que perjudica a los vecinos

Por Alejandro Moreno 

“Se ha creado una estructura de poder mafiosa con la complicidad del Estado municipal y provincial”, acusó ayer Gregorio Hernández Maqueda, el principal referente de la Coalición Cívica-ARI, al explicar por qué denunció en la Policía a un naranjita del Parque Sarmiento.

El actual presidente de la Asamblea Provincial de la CC-ARI detalló en el programa El Show del Lagarto (Canal 12) el incidente que sufrió el jueves pasado en el Parque Sarmiento, donde un naranjita reaccionó de modo violento con él porque le dijo que no tenía efectivo para pagarle por el supuesto servicio de seguridad que brindaría.

Hernández Maqueda contó con el naranjita se comportó de una manera “violenta, agresiva e insultante”, y que se subió al capó del auto para impedirle irse de allí. Por eso, lo denunció por “privación ilegítima de la libertad”. “No hay derecho a que te impidan circular libremente”, recordó.

El tema ha tenido una insospechada repercusión porque, evidentemente, los abusos son muy frecuentes.

El dirigente de la CC-ARI indicó que “esta práctica es ilegal, pero la Municipalidad ha ilegalizado de una manera poco clara e inconstitucional a siete cooperativas, una de las cuales se llama Tosco Vive, del señor Noel Quinteros, que está en la CTA autónoma”.

“Ellos dicen que son los creadores del estacionamiento público en la ciudad de Córdoba, y que por lo tanto tienen un derecho adquirido a cobrar”, continuó.

“Supuestamente están habilitados a cobrar 60 pesos en el Parque y en algunas áreas de la ciudad, las de mayor tránsito, pero en la práctica te terminan cobrando por anticipado entre 300 y 500 o a veces 600 pesos, lo que hace que esto sea un gran curro que se tiene que terminar, porque además tiene componentes mafiosos”, expresó.

Hernández Maqueda enfatizó que el Estado está “lejos de combatir este curro”, y que al servicio de seguridad los vecinos ya lo pagan con sus impuestos, con los cuales se sostienen los gastos de la Policía de Córdoba.

“Ya lo estamos pagando dos veces, porque nosotros pagamos con los impuestos a la Policía para que nos cuiden a nosotros y a los coches, y pagamos a los inspectores de tránsito y la aplicación para que regulen el uso del estacionamiento en las áreas más transitadas. Aparte le tenemos que pagar a estos señores que no son funcionarios públicos, y que no rindieron ningún concurso. A un empleado público le podés hacer un sumario, lo podés suspender si se abusa en sus funciones, pero, ¿qué pasa con estos señores?”, expresó.

Hernández Maqueda apuntó a las cooperativas que “usan a la gente necesitada” y que “le curran a la gente que trabaja”. Respecto del convenio que tienen firmada con la Municipalidad, sostuvo que hay que anularlo: “son organizaciones que están para cometer delitos. No hay derecho a ejercer la violencia. Esto se presta al abuso de poder”.

Además, pidió que “se auditen esas cooperativas para ver si reparten la plata igualitariamente o se la quedan algunos vivos”.

“Es indignante cómo las autoridades miran para otro lado; ellos saben que son mafias, que violentan a la gente, que cometen delitos, que amenazan, que extorsionan, que dañan, que retienen a la gente, y no hacen nada”, declaró.

Finalmente criticó la “demagogia de izquierda” y remarcó que “no hay nada menos progresista que privatizar lo público, que decir yo soy dueño de la calle, como dice el señor Quinteros”.