Por Felipe Osman
Rubén Daniele no afloja en su cruzada para recuperar “todo lo perdido durante la pandemia”, tal como lo ha prometido en repetidas oportunidades. El asunto es que esa consigna choca, a veces, contra el declamado “fin del cogobierno” del que presume la gestión peronista, y eso es precisamente lo que sucede ahora.
El gremio ha abierto un frente permanente contra la Subsecretaría de Capital Humano, nuevo nombre que desde el Palacio 6 de Julio dieron la oficina de Recursos Humanos, y tanta beligerancia sorprende, más que por su intensidad, por su oportunidad. Al 26 de diciembre, las armas ya suelen estar depuestas. Pero esta vez la situación es especial.
Hacemos por Córdoba entra al año electoral en el que se juega la continuidad de un proyecto político alumbrado un cuarto de siglo atrás sin contar ahora con sus dos líderes históricos. Si cada elección es un momento de debilidad relativa para cualquier oficialismo, esa debilidad estará agravada este año por el punto de inflexión que implica la renovación/sucesión. Y la oposición, conocedora de esto, hace estrafalarios esfuerzos para sumar actores que, en cualquier otra circunstancia, no podrían ser más que adversarios, como en efecto lo han sido durante largos años.
El Suoem, capitaneado por su histórico cacique, también lee ese contexto, y advierte que en la situación de extrema paridad que pronostican las encuestas, cualquier factor puede ser determinante. Incluido el propio Suoem.
Aprieta, entonces, por la última gran cruzada que tiene pendiente: el pase a contrato de becarios y monotributistas. Y en el camino a conseguirlo, la oficina de Recursos Humanos es un despacho estratégico, porque es allí donde se verifican las condiciones en las que un agente está para merituar si está en condiciones de pasar a contrato y según qué orden de prelación.
El gremio entregó a la Secretaría General del municipio, a mediados de noviembre, un listado de 2.300 agentes (1.500 becarios y 800 monotributistas) para reclamar su pase a contrato. Ese listado fue elaborado, a su vez, con listados que cada delegado presentó por su repartición, consignado en él, por ejemplo, la fecha desde la cual ese agente prestaba funciones. Ahora bien, ¿quién controla que esos datos sean certeros?
Desde el comienzo de la pandemia, el Ejecutivo empezó una “ofensiva” contra el Suoem en el que, además de retirarle la séptima hora de jornada, avanzó en muchos otros aspectos. Uno de los principales fue separar al gremio del manejo de información sensible, retirándole a empleados alineados con el sindicato claves de acceso a ciertos apartados del sistema informático del municipio y hasta cambiando las cerraduras de algunas oficinas. Esto implicó, entre otras cosas, la perdida de funciones de algunos de los empleados que revistaban en Recursos Humanos y que, desde cargos jerárquicos, podían ejercer -o dejar de ejercer- el control de sus pares. Lo mismo sucede con los expedientes administrativos en la que se investigan faltas cometidas por municipales.
Hoy, las rispideces entre el Suoem y la Subsecretaría de Capital Humano se explican, en buena medida, por esto. El gremio quiere recuperar la botonera que le permite “controlarse a sí mismo”, y para el Ejecutivo, ceder implica dejar resquebrajar el “fin del cogobierno” del que tanto ha presumido.
