Las variables que evalúa el PJ para no adelantar la fecha

La instalación de Martín Llaryora en el interior, la obra pública y la interna en Juntos por el Cam-bio, algunos de los elementos que tallan en la discusión del oficialismo sobre cuándo votar.

Por Yanina Soria

Hay una hipótesis, hasta aquí algo reservada, que comienza a sonar cada vez más fuerte en el peronismo cordobés y que tiene que ver con las razones por las que el gobernador Juan Schiaretti no debería adelantar las elecciones provinciales.

Cuando mucho se habla del 30 de abril como fecha probable para los comicios del 2023, comienzan a escucharse cada vez más voces de quienes advierten las inconveniencias que tendría el oficialismo al enfrentar un proceso electoral tan tempranamente.

Y ese análisis que hacen muy cerca del mandatario provincial, está atravesado por datos especulativos, pero también por otros tantos objetivos; por variables propias y otras vinculadas a la estrategia de desgaste de la oposición. Este último, un punto fundamental pero no definitorio. Al menos por ahora.

El primer apunte que hacen dentro de Hacemos por Córdoba es que el intendente y ya lanzado candidato a gobernador, Martín Llaryora, no logra imponerse por el margen que quisieran sobre su principal rival, el senador Luis Juez. El dirigente de Juntos por el Cambio sigue muy bien instalado en el interior provincial donde, precisamente, el capitalino necesita crecer.

El plan de trabajo electoral que imaginaban desarrollar en el PJ luego del acto de oficialización, quedó totalmente paralizado producto de una agenda provincial que se impuso frenando cualquier intento de movida proselitista. Así las cosas, hoy el trabajo territorial fuera de Capital, es nulo.

Mundial mediante y con Argentina avanzando de fase, el año calendario está prácticamente terminado por lo que, con suerte, la campaña fuerte de Llaryora podría comenzar recién después de la segunda semana de enero.

En ese caso, entonces, hay quienes consideran que sería riesgoso jugar con tan poco margen de tiempo si efectivamente los comicios fueran a fines de abril o principios de mayo como se especula. Desde el seno del PJ confiesan que la complejidad del escenario local del ´23 demandará un redoblamiento de los esfuerzos y de un trabajo en el territorio que debería arrancar cuánto antes.

Los dirigentes del interior que conocen el pulso político en sus distritos vienen advirtiéndole al Centro Cívico la necesidad de reactivar la campaña (no formal) porque no están tan seguros de poder revertir, de momento a otro, ciertas preferencias electorales que asoman consolidadas. Incluso, dicen, aun con todo el aparato político y de marketing que pueda bajar el PJ.

Otro elemento a considerar en la definición de la fecha, sin dudas, es el ritmo que lleve la obra pública tanto municipal como provincial. Se sabe que Llaryora buscará cimentar su figura también mediante un agitado plan de corte de cintas y que Schiaretti pretenderá hacer lo mismo ocupando todavía la centralidad en el poder. Sin embargo, según reconocen desde el Panal, por distintos factores, hay demoras en muchos frentes de obra. Si a eso se le agrega la prohibición de realizar inauguraciones oficiales un tiempo antes según lo estipula la ley, el plazo se corta aún más.

Lo cierto es que a esos dos datos objetivos se le suma un factor que resulta clave: la interna en Juntos por el Cambio. Quizá las complicaciones que supondría votar tan pronto para la fuerza opositora aún en fase de definiciones, serían hoy la única razón por la que Hacemos por Córdoba consideraría adelantar los comicios. El problema es que en el oficialismo no están seguros de que sólo con eso les alcance. A diferencia del 2019 cuando Schiaretti llegaba como un candidato imbatible, Llaryora necesita todavía consolidarse aún más.

Y allí es donde nacen distintas lecturas en el PJ Córdoba. Para algunos, acotarle los plazos a Luis Juez y Rodrigo de Loredo, acrecienta las chances de ruptura y, por ende, mejoraría sustancialmente las posibilidades electorales de Llaryora. Un escenario de división sería maná que cae del cielo para Hacemos por Córdoba.

Sin embargo, también hay quienes abonan la idea de que, con el nivel de desconfianza que rige la relación de los socios en Juntos por el Cambio, el factor tiempo podría suponer aún más caos interno.

Por último, están también aquellos que directamente creen que, por más intentos de fractura que trabaje subterráneamente el peronismo, esta vez de algún modo u otro, Juntos terminará acomodando sus tantos y, por ende, la fecha no sería el punto más dramático a superar.

Por otro lado, no adelantando la fecha, el oficialismo se ahorraría de tener que echar mano sobe el Código Electoral tal como lo hizo en noviembre del 2018 cuando por entonces siendo Unión por Córdoba suspendió la norma. La ley establece que los comicios deben realizarse entre 60 y 180 días antes de la entrega del mando, prevista para el 10 de diciembre; es decir, no se podría votar antes del 16 de junio; pues en el 2019 efectivamente se adelantaron para el 12 de mayo.

Y en ese mar de especulaciones, los propios legisladores de Hacemos por Córdoba a favor de revisar la prohibición de la re reelección, consideran entonces que habría más chances para avanzar con el pedido de los intendentes. Pues ya no sería necesario reservar una jugada legislativa de alto costo político para modificar la fecha, sino que podría preservársela para lo otro. Son varios los parlamentarios del oficialismo que consideran que es necesario no soltarles la mano a sus 160 intendentes y, de esa manera, garantizar que traccionen para Llaryora, por más municipios chicos que representen.