Caso González: presión para la renuncia

Mientras se debaten las cuestiones de privilegio en su contra, el legislador le dijo a sus pares que no va a renunciar y que esperará que la Justicia se expida.

Por Bettina Marengo

Uno de los temas cuyo impacto en la opinión pública más preocupa al gobierno provincial es el caso González, nombre que refiere al siniestro vial fatal que protagonizó el legislador Oscar Gonzalez en el Camino a la Altas Cumbres, el pasado 29 de octubre, que provocó la muerte de una mujer y gravísimas heridas en dos adolescentes que la acompañaban, y que además descubrió una serie de privilegios legislativos.

A horas de que las comisiones de Asuntos Constitucionales y Asuntos Institucionales de la Unicameral se dedicaran a tratar cinco cuestiones de privilegio contra el hombre de San Javier (ver página aparte), que podría derivar en su expulsión del cuerpo, una delegación del bloque de Hacemos por Córdoba se reunió con González en una residencia de la zona norte de la ciudad de Córdoba. En el grupo estuvo el presidente del bloque, Francisco Fortuna, hombre que habla con el gobernador Juan Schiaretti sobre el tema y que conoces posición al respecto.

Según pudo reconstruir este diario, los visitantes dieron cada uno su visión del tema pero en general le sugirieron a González la conveniencia de que renuncie a la banca departamental que ocupa, mientras espera que la Justicia determine su responsabilidad en el accidente automovilístico. Fortuna consideró que la renuncia ayudaría a descomprimir una situación que el Panal teme pase del impacto en la opinión pública al costo político y de ahí al electoral, con Martin Llaryora lanzado como candidato a Gobernador y la campaña congelada.

La semana pasada el hecho tuvo un momento altísimo con la marcha de las familias y amigos de las víctimas a la Unicameral, donde fueron recibidos por un grupo de legisladores. Los familiares exigieron que Gonzalez sea  expulsado de la cámara, pedido que el oficialismo se comprometió a canalizar en comisión a través de las cuestiones de privilegio (sanciones) que se empezaron a tratar ayer. Hace unos días, la adolescente Alexa, que quedará con secuelas graves por el siniestro, declaró ante la fiscal de Cura Brochero Analía Gallarato y le pidió que “meta preso” al dirigente peronista. Un pedido que según el defensor Miguel Ortíz Pellegrini no hay posibilidad de que se cumpla.

González está imputado por homicidio culposo agravado y lesiones culposas agravadas y se investiga si provocó la colisión por adelantarse en doble línea amarilla  (lo que está prohibido) y a alta velocidad. En la reunión mencionada, habría confirmado que no dejará su banca porque ya hizo todos los gestos que tenía que hacer: dejar la presidencia provisoria de la Legislatura, renunciar al jurado de enjuiciamiento que integraba y pedir licencia sin goce de haberes por seis meses.

En su argumentación (que convenció a varios de los presentes) sostuvo que tres testigos aportados a la causa por su abogado habrían favorecido su posición al afirmar que no cometió la infracción de la que se lo acusa, y que una pericia iba a determinar que el BMW (cedido por el Poder Judicial) en que viajaba a Mina Clavero no iba a alta velocidad.

Según el exhombre fuerte del PJ provincial, estos datos lo tranquilizaron sobre su responsabilidad en la muerte de la docente, al punto que, dijo, volvió a dormir de corrido por primera vez desde el hecho. Hasta ahora, Gonzalez había sostenido que no recordaba el momento preciso de la colisión. “Renunciar es una señal  de debilidad y yo no soy culpable; voy a esperar lo que dictamine la Justicia”, reproducen las fuentes consultadas.

Con esta respuesta, el oficialismo tiene por delante los pedidos de suspensión y expulsión que se tratan en comisiones presididas por dos legisladores de Hacemos por Córdoba, Juan Cid (Asuntos  Constitucionales) y Gustavo Eslava (Asuntos Institucionales). Hay dos pedidos de expulsión, uno del MST y el FIT y otro de la Coalición Cívica más el legislador radical Marcelo Cossar, al que se sumaría todo el bloque de Juntos-UCR. Lo más probable es que el PJ busque estirar todo lo que pueda el tratamiento en las comisiones, primero con cuestiones formales y luego citando a las partes. La idea es convocar a otras tres reuniones, además de la que se realizó ayer, de manera de llegar hasta el final del año legislativo sin que el oficialismo tenga que tomar una decisión sobre la expulsión. Dicen en bloque que extender los plazos dará tiempo a que la Justicia determine responsabilidades. Propósitos que pueden romperse si las familias de las víctimas redoblan la presión pública.