Por Felipe Osman
El reclamo de los profesionales de la Salud, que amenaza devenir en un paro por tiempo indeterminado, tiene características que lo vuelven sumamente difícil de controlar, y se da, al mismo tiempo, en un contexto complejo en términos sociales, políticos y económicos.
En primer lugar, quienes reclaman no reconocen representatividad a quienes los representan. No hay interlocutores legitimados por las bases. Y, consecuentemente, los reclamos tampoco están unificados. Algunas asambleas reclaman que el sueldo básico alcance la canasta básica (128.000 pesos); otras, un aumento del 200 por ciento. La única coincidencia aparente es, hasta ahora, por un bono de fin de año de 100.000 pesos.
En los papeles, la única firma habilitada para zanjar el asunto es la de José Pihen, quien cumple la doble función de secretario general del SEP y legislador por el oficialismo. Una naturaleza heterogénea que sus bases suelen reprocharle. Especialmente en los hospitales.
El problema es que el personal médico no se siente representado por el líder de los estatales, y por eso surgió hace tiempo, en el seno del SEP, otro sindicato que le disputa su representación: la UTS. Pero la Unión de Trabajadores de la Salud carece de personería gremial. Tiene apenas una “simple inscripción”. Es decir, una naturaleza híbrida, precaria, que le permite existir como entidad gremial, pero no le confiere capacidad para sentarse en la mesa de negociación y firmar acuerdos vinculantes.
Lo que subyace, en el fondo, es una disputa entre legalidad y legitimidad. Quien puede poner la firma es el SEP, pero el sindicato que cosecha mayores adhesiones entre los médicos y al que sus afiliados legitiman con aportes voluntarios es la UTS.
Ahora bien, para ir un poco más allá, lo cierto es que este sindicato tampoco nuclea a todos los médicos. En las asambleas hay una gran gravitación de los “auto-convocados”. Profesionales que no se sienten representados por ninguna entidad gremial. Por el contrario, las rechazan.
¿Cuáles son, entonces, las posibles vías de solución del conflicto? Una, aparente, es que el Centro Cívico compagine con el SEP un punto de equilibrio entre las pretensiones de los médicos y las posibilidades de la Provincia, y Pihen estampe su firma, con todas las dificultades que esto conlleva. Pero, si así fuera, ¿cuánto tardarán el resto de los empleados públicos en reclamar el mismo trato que los médicos?
Los gremios estatales, que venían negociando un reajuste del 28 por ciento para el trimestre noviembre-diciembre-enero, pusieron en pausa estas tratativas. Y sectores de la oposición, tanto en el SEP como en la UEPC (los dos de mayor envergadura), ya han salido a reclamar un aumento superior.
Un acuerdo oneroso, pero posible, con los médicos, podría terminar descalzando las paritarias con el resto de los sindicatos públicos.
Otra alternativa sería buscar un arreglo directo con los médicos, sin la intermediación de Pihen. Encontrar la manera. Ahora, esta variante acarrearía un costo político importante para el líder del SEP, por mantenerse al margen y marginar, así, a sus afiliados, de la oportunidad de mejorar sus ingresos.
Pihen es hoy un puntal importante para el Centro Cívico. Desplazado de la CGT Regional por la intervención/normalización designada desde Buenos Aires, mantiene la adhesión de un significativo grupo de sindicatos que no se han cruzado de vereda. Vereda que comanda una comisión normalizadora apadrinada por Abel Furlán (UOM – Secretaría del Interior de la CGT Nacional) y Facundo Moyano (Camioneros – CGT), dos dirigentes gremiales que juegan muy cerca del cristinismo.
Ante un Pihen debilitado, que además debe afrontar el año próximo elecciones en el SEP para ungir a su adjunto como delfín, muchos gremios cordobeses podrían virar hacia un encuadramiento mucho más cercano a la Casa Rosada. En un año electoral. Y con la inflación arañando los tres dígitos.
Por si ese escenario no fuera ya suficientemente complejo, ha aparecido un nuevo actor que también tiene algo para decir: el Suoem.
Rubén Daniele, rápido de reflejos, ha visto la oportunidad de sumar su aporte, y el sindicato municipal ha convocado a asambleas en el Hospital de Urgencias y la Dirección de Atención Primaria de la Salud, mientras que el cuerpo de delegados del gremio ha manifestado su adhesión al reclamo que existe a nivel provincial. Denuncian “falta de personal” y “vocación de precarizar las condiciones laborales”. La primera embestida del gremio por el pase a contrato de monotributistas y becarios, a días de haber presentado los listados a la Secretaría General.
El telón de fondo es, desde luego, un proceso inflacionario que el Estado Nacional se ha mostrado incapaz de controlar. Sin embargo, los efectos de esas deficiencias son bien locales, y la factura la pagan los oficialismos de cada provincia. Pertenezcan al signo político que pertenezcan.
Al cierre de esta edición, el SEP difundió la última oferta del Centro Cívico, con aumentos que promedian el 104 por ciento para los agrupamientos de Salud, y el 100 por ciento para el escalafón general. Fuentes gremiales señalan, con optimismo, que el conflicto se cerraría hoy a las 10 en una asamblea del sindicato. La variante escogida sería, finalmente, mejorar los números de todos los agrupamientos, con un diferencial para los profesionales de la Salud.
