A menos de un mes de firmar la paz con el Ejecutivo a cambio de una paritaria con cláusula gatillo bimestral hasta octubre del año próximo, el Suoem ya presentó a la Secretaría General el motivo de sus próximas hostilidades: un reclamo para que 1500 becarios y 800 monotributistas pasen a contratos, primer peldaño hacia la estabilidad plena de la planta permanente.
La demanda del sindicato no debiera sorprender. Habiendo atado los reajustes salariales a la inflación, la gestión perdió una carta de negociación importante, y es probable que el decreto que prorroga la continuidad de los mandos medios interinos (empleados jerárquicos sin concurso) por un año más ya esté firmado.
En ese escenario, el Suoem puede meterse de lleno en el re[1]clamo para ampliar los planteles municipales mientras transcurre la campaña electoral, momento de mayor debilidad relativa de cada oficialismo. Además, Daniele tiene esta vez un motivo adicional para presionar: buscar afiliados.
El sindicato atraviesa serios problemas económicos por los cuales hasta llegó a convocar a una Asamblea General para facultar a su Comisión Directiva a vender un valioso inmueble en Mar del Plata. Los servicios que ofrece a sus afiliados se han resentido, y las cuentas no cierran. Hay, además, otro aspecto a considerar. Los planteles municipales se integran, muy mayoritariamente, de empleados ingresados durante las gestiones radicales y juecistas, con lo cual no caben dudas sobre cuál será la lista por la cual se inclinará cuando llegue el momento de las elecciones. Y durante la campaña, el mejor aporte que podrá hacer el gremio a la oposición será, desde luego, complicar la gestión del oficialismo.
El peronismo tiene, a su vez, otras limitaciones. Si bien goza de una alta valoración de gestión por parte de los vecinos, debe maximizar esa percepción en el sprint final hacia las elecciones, que en principio podrían adelantarse para que la campaña nacional no “contamine” a la provincial, algo que podría tener efectos catastróficos para Hacemos por Córdoba. Si esto sucede, el período de transición podría ser tan largo como el anterior (7 meses), o incluso más. El dato no es menor, ya que durante ese lapso cobrará vigencia el artículo 10 de la Ordenanza de Transición, que impone la necesidad de que cualquier pase a planta, el otorgamiento de “beneficios” a los planteles municipales o la contratación de obras o servicios por un valor superior a 35 unidades económicas debe contar con autorización del Concejo Deliberante.
En pocas palabras, la oposición podrá utilizar al Legislativo Municipal como caja de resonancia para amplificar los costos políticos del oficialismo si éste decidiera sumar nuevos empleados al municipio. El asunto es sensible. El PJ ya ha dirigido grandes críticas a las contrataciones masivas de Luis Juez durante su paso por el Palacio 6 de Julio, y es más que probable que tales críticas sean uno de los argumentos centrales del oficialismo para cuestionar una postulación del senador.
La otra alternativa, a saber, consolidar los pases a contrato antes de las elecciones, parece todavía peor. Pero todo dependerá del timming. Desde el gremio creen que el Ejecutivo aceptará otorgar los contratos, aunque “de a tandas”. En ese caso, deberá hacerlo antes o después de la campaña, cuyos márgenes no están definidos por la incertidumbre que hay respecto de cuándo serán los comicios, que podrían estar más cerca de lo que se cree.
Por lo pronto, el gremio intenta entrar a la negociación ofreciendo a la gestión algunos argumentos para hacer más sólido su reclamo y menos costosa, en términos políticos, su atención. En primer lugar, habla de que hay becarios/monotributistas que permanecen en esa condición desde 2011. Evita, desde luego, decir cuántos. Lo cierto es que se trata de casos excepcionales que muchas veces no han logrado empezar su camino hacia la estabilidad por complicaciones judiciales.
Finalmente, Daniele ha decidido no incluir en el reclamo a los Servidores Urbanos, a quienes poco tiempo atrás prometió acompañar. Estos trabajadores organizados en cooperativas son los que reciben los salarios más modestos y, por ende, los más susceptibles a los cantos de sirena del gremio cuando los necesita para presionar.