Con la discusión del proyecto de presupuesto en el Congreso, como todos los años, las provincias negocian con la Nación las partidas que más le interesan. Esta vez, ya los gobernadores peronistas reunidos en la “liga”, los que integran el grupo del NOA (que incluye a opositores) y los de la región Centro, que hace unos días estuvieron en Córdoba, fueron pautando las claves para evitar que el ajuste de las cuentas públicas los alcance.
Subsidios al transporte (el proyecto continúa el Fondo de Compensación, pero no incluye monto), obras públicas y financiación de las 13 cajas de jubilación provinciales no transferidas (se estableció que el ajuste de los giros seguirá la movilidad previsional, aunque en un artículo previo se determinan $100.000 millones para repartir) son los tres ejes transversales a los intereses de todas las provincias.
La discusión de la iniciativa coincide con un aumento de los giros por coparticipación que, en setiembre, subieron un 4% anual, en valores constantes (con las mayores alzas en CABA, 7,4%; Córdoba y Catamarca, 5% y las menores en Neuquén caída de 2,5% y Chubut -2,7%) y una reducción en las transferencias discrecionales, dado que cayeron 26% interanual real en setiembre.
Las transferencias discrecionales se mostraron muy heterogéneas. Según un trabajo de los economistas Marcelo Capello y Jonás Alvarado del Ieral, las mayores subas se dieron en Tucumán (118%) y Santa Cruz (73%), y las mayores bajas en Neuquén (-90%) y Chubut (-81%).
Así, en el global, las transferencias totales a provincias a valores constantes crecieron 0,4% anual en septiembre, con mayores subas en CABA (14%), Santa Cruz (13%) y Tucumán (12%) y máximas caídas en Neuquén (-19%) y Chubut (-6%).
Si se analiza la evolución anual real de las transferencias mes a mes este año se ve que las automáticas exhiben un desempeño más modesto en agosto y septiembre (-3% y +4%, respectivamente), con relación al subperíodo mayo a julio, cuando la suba real anual rondaba el 15%.
Las transferencias discrecionales, por su parte, muestran caídas anuales, en valor constante, en cuatro de los últimos cinco meses, con las mayores reducciones en julio y septiembre. Esa tendencia era esperable, porque los giros por fuera de la coparticipación quedaron incluidos en las partidas que la Nación se comprometió a ajustar en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
En el acumulado enero a setiembre, las transferencias automáticas a provincias (estimando últimos tres días del mes) subieron un 6,7% anual, en valores constantes, con las mayores subas en CABA (8,6%), Córdoba y Catamarca (7%), y las menores en Neuquén (5,8%) y Chubut (5,9%). Pero las discrecionales cayeron 7,6% en ese mismo período, a partir del ajuste que se visualiza desde junio, para bajar el déficit fiscal. Tierra del Fuego es la ganadora con un crecimiento de 51%) y Catamarca le sigue con 43%, mientras que las mayores reducciones fueron en Neuquén (-60%) y Córdoba (-57%).
En conjunto, las transferencias totales a provincias habrían subido 5,3% anual real en los primeros 3 trimestres del año, con máximas subas en Catamarca, Tucumán y La Rioja (85%) y mayor baja en Neuquén (-7,3%), con Córdoba prácticamente sin cambios (+0,2%).
Entre las prendas que negocian los gobernadores está el artículo del proyecto de presupuesto que establece que la Nación podrá descontar de las transferencias a provincias y municipios la deuda que las distribuidoras tienen con la compañía administradora del mercado mayorista de Energía, Cammesa. El rojo que acumula es de $450.000 millones, un monto similar al que se ahorrará por la quita de subsidios a la energía.
El artículo 90 plantea que el “Poder Ejecutivo nacional, las Provincias y los Municipios”, como titulares del servicio público de distribución de energía eléctrica “de su respectiva jurisdicción, deberán controlar y garantizar el estricto cumplimiento del pago de las transacciones por consumos de energía, potencia y sus conceptos asociados, por parte de los prestadores del servicio público de distribución de energía eléctrica de cada jurisdicción”.
Establece un plazo de seis meses, a contar desde la promulgación del presupuesto, para que cada jurisdicción concedente “determine, establezca y/o adecúe su regulación, de ser ello necesario, para que se asegure y garantice el pago de las facturas emitidas y que en un futuro emita Cammesa”.
Señala que, por el carácter de servicio público tanto de la distribución como del transporte de la energía eléctrica, las provincias resultarán “solidariamente responsables” de la deuda. Vencido el plazo, “la Jefatura de Gabinete, a través del Ministerio de Economía, podrá retener, de los fondos comprometidos en los convenios de transferencias presupuestarias”, lo correspondiente a los consumos de energía y potenciados adeudados a Cammesa.
