Por Gabriel Marclé
“Venía tranquila la cosa”, reflexionaba entre suspiros el dirigente llamosista, mientras se terminaba un cigarrillo en las afueras del Palacio de Mójica. El tema que motivaba aquella frase tenía que ver con la preocupación que generó una noticia que ayer por la mañana tomó por sorpresa al Ejecutivo. La empresa responsable del transporte público, a la que recientemente se le adjudicó el primer contrato de colectivos en la historia de la ciudad, apareció con un pedido para aumentar el boleto aduciendo la insustentabilidad del servicio en las condiciones actuales.
El pedido de la Sociedad Anónima de Transporte Ciudad de Río Cuarto (SATCRC) ingresó con una nota al Concejo Deliberante en el cual manifestaron la necesidad de que se equipare el boleto de Río Cuarto con el de la ciudad de Córdoba. Es decir, la empresa dirigida por Julio Titarelli solicitó una suba aproximada del 44% en un boleto que pasaría de $59,35 a $85. La situación puso a la Municipalidad y al bloque oficialista del Legislativo en una posición sumamente incómoda, con una parte del PJ que expresó su disgusto -aunque por lo bajo.
El efecto de semejante novedad impactó primero entre los vecinos y agrupaciones sociales que criticaron el golpe económico que significaría una suba de ese estilo en el bolsillo de los usuarios. Pero el elemento que agrava las malas sensaciones de este avance de la SAT tiene que ver con que la empresa venció en la primera licitación pública del servicio hace un par de meses y aun no ha puesto en funcionamiento el renovado sistema de colectivos.
Para un llamosismo que depende mucho del “humor social”, el pedido de Titarelli y compañía cayó en un mal momento: en un contexto de crisis económica, la iniciativa amenaza con convertirse en una mancha para la Municipalidad. No solo eso, sino que el propio Ejecutivo aprobó la adjudicación de la SAT -que venía de 70 años de contratación directa- argumentando que esta se encontraba cumpliendo las condiciones económicas para afrontar el contrato. Ahora resulta que la SAT exige un aumento para suplir deficiencias económicas que no habrían sido tomadas en consideración cuando participó de la licitación.
Esto quedó aclarado en el escrito ingresado al Legislativo municipal y que llevaba la firma del propio Julio Titarelli. El pedido expresa la “necesidad que los valores tarifarios se equiparen de forma automática, simultánea y contemporánea a los valores de boletos de la ciudad de Córdoba capital” para responder a la urgencia que genera “la necesaria sustentabilidad económica financiera del sistema”, escudándose -entre otras cosas- en que recibe menos subsidios que otras ciudades.
Aunque el pedido ingresó para ser tratado en la comisión de Servicios Públicos del parlamento local, se trata de una cuestión que suele generar cortocircuitos en su debate. Además, teniendo en cuenta que la discusión surge para inaugurar el último tercio del año, es probable que la empresa puje para lograr el aumento de boleto antes que concluya el periodo legislativo del 2022. Y las presiones de la SAT ya empiezan a llegar de forma indirecta con el hasta ahora incierto comienzo del nuevo servicio de colectivos.
“En la SAT ya estamos preparados para poner en marcha el nuevo sistema de Transporte Público Urbano”, publicó justo ayer la empresa en sus redes sociales. Este gesto fue interpretado por algunos dirigentes del PJ como un intento por arrinconar al Ejecutivo, donde todavía prima la incertidumbre respecto a cuándo se dará la puesta en marcha del prometido nuevo servicio.
Puede que estas maniobras de la empresa de transporte hayan logrado hacer mella en la agenda del municipio. El intendente Juan Manuel Llamosas le dijo ayer a la prensa que la semana próxima podría firmarse el contrato con la SAT, el cual luego deberá ser aprobado por el Concejo Deliberante. Aunque ya se da por hecho que la inauguración del nuevo servicio no cumplirá con el primer plazo estipulado (1º de octubre), el jefe municipal pretende iniciarlo antes del mundial, con el fin de venderlo como un logro de gestión que impulse aún más su proyección provincial.
Por último, y más allá del boleto, cabe recordar un antecedente cercano entre el llamosismo y la SAT: el municipio salió al rescate de la empresa con un subsidio “excepcional” para sostener la post-pandemia durante el 2021 y que fue renovado con un convenio por tres millones de pesos mensuales hasta que termine este año. Tal vez esa la razón por la que el Mójica quedó en una posición desfavorable, ya no por la acción de sus rivales en la oposición, sino por una empresa favorecida -indirectamente- por la gestión Llamosas. Para varios del PJ municipal, se trata de una tensión innecesaria que llega en el peor momento posible.
