Lo que viene: un bono de $50.000 para indigentes y un monto fijo para trabajadores

La posibilidad de una suma extra para los empleados fue analizada entre el presidente Fernández y la CGT. La asistencia para los más pobres se desprende del decreto de creación del "dólar soja" y se empezará a pagar en octubre

Después del encuentro del presidente Alberto Fernández con la cúpula de la Confederación General del Trabajo (CGT) en la residencia de Olivos, empezó a barajarse no solo la revisión de los acuerdos paritarios de todos los sectores sino la posibilidad de una suma fija para los trabajadores. Esa chance tiene un impulso en buena parte del Gobierno, convencido de que los gremios no podrán alcanzar aumentos que les permitan ganarle a la inflación.

Hay que tener en cuenta que en el decreto que creó el “dólar soja”, se previó también la creación de un fondo que sería destinado a los sectores más vulnerables de la sociedad. Ese bono se suma a los que ya se entregaron desde que asumió el Frente de Todos.

Desde el arranque de la presidencia de Fernández, en el 2020 se otorgaron el IFE I, II y III para dar respuesta a la crisis de ingresos que suponía el confinamiento; los pagos fueron de $10.000, entre abril y septiembre. Alcanzó a casi nueve millones de personas e implicó una erogación de aproximadamente un punto del PBI. A precios de hoy, los $10.00 equivaldrían a $30.000, según estima la consultora Idesa.

Aunque se consideró la posibilidad de volverlo permanente, la magnitud del gasto requerido para financiar el IFE, en un contexto de déficit creciente, junto con otras fallas de diseño, hizo que se descarte esa posibilidad.

Este año, como refuerzo de ingresos se otorgaron entre mayo y julio un nuevo bono que consistió en dos pagos de $9.000 y se financió con el impuesto a la renta inesperada. Alcanzaron a 7,5 millones de personas pero involucró un monto sensiblemente menor al IFE. Equivale a casi $11.000 a precios de hoy. En términos del PBI, fueron 0,2 puntos.

El bono de $50.000 creado junto con el “dólar soja” se repartiría en tres pagos de $16.000 entre octubre y diciembre. Los fondos provendrán de la recaudación de la extra de derechos de exportación que se espera obtener por reconocer un tipo de cambio a $200 cuando el tipo de cambio oficial es de $140. El bono atendería a personas que se encuentran en la indigencia y no reciben actualmente ayuda social alguna. La estimación oficial ronda los 2 millones de personas.

Para Idesa, por no haber pasado por el Congreso y por su temporalidad, el bono de $50.000 se asemeja al IFE y “también presenta una serie de problemas que se repiten”. Por un lado, señala, se subestima el número de beneficiarios: la proyección inicial del IFE fue de 3,6 millones de personas y se llegó a casi el triple. Para el nuevo bono se estima como mínimo 2,1 millones de personas (el número de indigentes) lo que “ignora es que ese universo abarca sólo los indigentes que viven en zonas urbanas”.

Proyectando la última cifra de indigencia del 8,2% sobre los 47,3 millones de personas que arrojó el último censo, resulta que de mínima existen 3,9 millones de indigentes en el país. Es decir, el universo a asistir es de casi el doble, describe la consultora.

También plantea que  la asistencia va a llegar tarde: la declaración de confinamiento en 2020 tuvo lugar el 16 de marzo. La ayuda llegó a algunos hogares recién tres meses después, en junio. “Esta vez, si bien la ayuda llegaría sólo con un mes de rezago, la alta inflación hará que se desvalorice”, sintetiza.

Otro aspecto que remarca es que el cruce entre organismos se va a dificultar: el IFE planteó serios inconvenientes al Estado para identificar a posibles destinatarios de la política social. Y aunque la pandemia ofreció una oportunidad para actualizar los sistemas de información y registro en el Estado, “aún persisten serios atrasos”.

Repasa que, por ejemplo, recientemente se conoció que se debieron dar de baja 40.000 beneficios vinculados a incompatibilidades entre el Potenciar Trabajo (administrado por el Ministerio de Desarrollo Social) y el Progresar (Anses), ambos pertenecientes a organismos del mismo nivel de gobierno. Desde el arranque esos beneficios nunca debieron darse de alta.