Por Felipe Osman
Apenas tres meses y monedas han pasado desde que el Suoem cerró paritarias por el primer semestre del año tras un conflicto difícil de olvidar, que incluyó un extenso calendario de asambleas y movilizaciones por algo más de dos semanas. Podría creerse que, después de semejante despliegue, y de haber negociado durante más de un mes la comisión salarial del sindicato y los funcionarios que encararon las tratativas por parte del municipio, la paz surgida de aquel concilio sería duradera. Pero no.
Al contrario, las treguas que el Ejecutivo firma con Rubén Daniele son cada día más endebles. Y aunque se busque explicar el fenómeno sólo en base a la preocupante evolución de la inflación, lo cierto es que esa única justificación resulta insuficiente. Hay, debe decirse, otras variables que entran en juego.
En primer lugar, la evolución de la relación entre el sindicato municipal y la gestión PJ no escapa, ni por asomo, a las generales de la ley. No es casual que el gremio haya retrocedido durante los primeros compases de la administración, se haya estabilizado luego, y empiece a presionar cada día más fuerte conforme se acerca la recta final del gobierno municipal encarnado en Martín Llaryora. Periplo que, obviamente, coincide con la campaña electoral.
La pandemia -nadie lo niega- jugó un papel importante, pero no debe perderse de foco que las inocultables intenciones (que el candidato y el partido tienen por igual) de que Llaryora se ponga al frente de la sucesión provincial conllevan una debilidad relativa: el proyecto de gobierno dura sólo cuatro años. Y aunque muchos se alisten ansiosos a la campaña de suceder al intendente, lo cierto es que ninguno tiene hoy un escenario demasiado promisorio. Y el Suoem lo percibe antes que nadie.
Por otro lado, el gremio, y sobre todo su conductor, saben medir las oportunidades. La conflictividad social está hoy en un pico, y no hace falta desplegar demasiados esfuerzos para escalar la situación, agregando a ese cóctel su granito de pólvora.
El acampe de los movimientos sociales en calle Chacabuco junto a movilizaciones varias se suman a un contexto enrarecido por episodios como el piquete del Polo Obrero desalojado a los tiros por la barra de Talleres en Santa Fe, la reciente toma de un piso en el Ministerio de Trabajo de la Nación en manos del Sutna (Trabajadores de Neumáticos), el bloqueo a la producción de las empresas del sector o una patota de Camioneros entrando a una fábrica para golpear a sus dueños y empleados.
Hay, por igual, síntomas de anomia y hartazgo social que bajan las barreras de tolerancia y erizan la susceptibilidad de quienes se descubren rehenes de ese paisaje. O, en otras palabras, hay “buenas condiciones” para que unas cuantas movilizaciones del Suoem sumadas a un calendario bien regado de asambleas que paralicen las reparticiones agoten rápidamente la paciencia de los vecinos y, colateralmente, quiebren la resistencia de un Ejecutivo que más temprano que tarde entrará en las vísperas de un 2023 en el que no puede soportar costos electorales.
Ese escenario es, en suma, el que explica que las treguas firmadas entre el Ejecutivo y el Suoem duren cada día menos.
Hacia el inicio de la gestión, después de transcurridos sus primeros meses, Llaryora implementó un mecanismo de reajuste salarial con paritarias que buscaban equilibrar el salario real a semestre vencido. El cambio fue altamente beneficioso para un municipio que, durante la gestión radical precedente, pagaba paritarias atadas a una cláusula gatillo que se ejecutaba, primero mensual, y luego bimestralmente.
En la última paritaria, el Suoem empezó a presionar en mayo, el quinto mes del semestre. Ahora ha decidido empezar a desplegar su mecanismo de presión en septiembre, el tercero.
