Derecho a pedir

La absurda afirmación de una piquetera de que tienen derecho a un termo de marca top muestra que las cosas han entrado en su fase más ridícula.

Por Javier Boher
@cacoboher

Cada vez que me enfrento a un nuevo grupo de alumnos les repito la misma frase, una que leí en un libro de Ingenieros y que sirvió de base a la Tercera Vía del Laborismo británico de Tony Blair: sin obligaciones no hay derechos.

Claramente la frase es una exageración, porque nadie puede perder sus derechos humanos por un tecnicismo legal. El hecho de que un ciudadano robe, viole o mate no lo despoja de toda una protección jurídica de sus derechos, los que pueden llegar a ser suspendidos por un tiempo si su transgresión fue una ofensa más o menos grave hacia el conjunto de la sociedad.

La idea detrás de la frase es bastante básica: nadie puede reclamar nada si no aporta de su parte a la relación. ¿Puedo reclamar mi derecho a juntarme a comer con mis amigos si no cumplo con mi obligación de respetar el derecho de mi pareja a hacer lo mismo? Al menos en ese caso queda más que claro que no se puede.

La cosa se complica, lógicamente, cuando no todos los derechos y obligaciones son los mismos, tal como ocurre en cualquier sociedad. Ahí se construyen derechos más o menos genéricos que cubren el trazo grueso de lo que puede hacer -y lo que debe respetar en otros- una persona.

Nadie puede excusarse en que no le importa expresarse para cercenar la libertad de expresión de otros, así como alguien que pueda tener la voluntad de ofrecerse como súbdito o esclavo no puede esgrimir eso en rechazo del derecho a la libertad y a la inviolabilidad del cuerpo de otros.

Esa situación, bastante clara, se complejiza aún más cuando se confunden las acepciones o los significados de los términos. Existe un uso correcto, que determina específicamente de lo que se habla, mientras que hay un uso vulgar que plantea discusiones que parten de un error.

Hace un tiempo el juez de la Corte Suprema Carlos Rosenkrantz dio una charla sobre los derechos. En la misma desarrolló una crítica a un lugar común de la política argentina: donde hay una necesidad nace un derecho.

Su posición, clarísima, partía de una premisa básica, que es que deben existir los recursos que permitan garantizar dicho derecho. Así, sancionar derechos en el papel sin generar los medios para que se realicen es una estafa a la ciudadanía, porque no se puede decir que realmente exista un derecho si no pueden gozar del mismo todos los ciudadanos por igual.

Tanto se ha machacado con esta idea en Argentina que todo se ha convertido en un derecho, todo puede ser objeto de un reclamo al Estado para poder acceder a ello. Algunas cuestiones son más o menos lógicas y visibles: está bien reclamarle al Estado por el derecho a la salud, el derecho a la educación o el derecho a la vida, pero no parece tener mucho sentido reclamar el derecho a… tener un termo Stanley.

Al menos esa fue la frase de una dirigente piquetera en el corte de la Avenida 9 de Julio en la Ciudad de Buenos Aires. Ese es el nivel de absurdo que existe hoy en Argentina.

El salario mínimo será en octubre de $54.550. Un termo de esa marca, en la página oficial de la misma en MercadoLibre, cuesta $23.700, el 43% del piso que marca la ley.

Si comparamos ese precio con una canasta básica total para adulto equivalente (la medida de todos los consumos básicos alimentarios y de bienes y servicios para un hombre de entre 30 y 60 años, $38.700 en agosto) la proporción es del 61%.

La Canasta Básica Alimentaria estuvo, por adulto equivalente, en $17.150, lo que significa que un termo cuesta alrededor de un 40% más de lo necesario para que un hombre de entre 30 y 60 años no sea indigente. Parece una broma pedir por el derecho a un termo que cuesta más que lo que necesita una persona para no pasar hambre.

La situación se maneja entre un extremo y otro: puede ser hilarante si uno se lo toma a la ligera, pero también puede ser indignante si a uno no le gusta llegar a fin de mes con la soga al cuello. Ver que la dirigente piquetera pretende tomar mates cebados con un objeto de consumo aspiracional es una tomada de pelo si están reclamando que la plata del plan no les alcanza para comer.

Obviamente que está en todo el derecho del mundo de consumir lo que ella quiera, como lo puede hacer cualquier persona que se gana su plata (incluso la que se recauda de los impuestos a los que generan riqueza). Pero no parece congruente con el reclamo por el cual están molestando al resto de los ciudadanos.

El derecho al termo Stanley es anecdótico, pero es un síntoma de lo que pasa realmente: las cosas ya no se miden en términos del esfuerzo que se necesita para alcanzarlas, sino en términos de cuánto más le puedo sacar al Estado.

Ese derecho -que parte de un uso errado del término- es la cara que toma hoy, aunque mañana puede ser el derecho a ver la selección sin pagar entrada, vestirse con ropa de marca a costa del erario público, acceder a vacaciones en destinos nacionales top en plena temporada alta o consumir palta como desayuno todos los días.

Todo eso no está mal en sí mismo, no se trata de rechazar la posibilidad de las clases populares de consumir como las clases altas, sino de que ninguno quiera ver que las políticas pobristas licuan los salarios y lo esconden con promesas de repartir más plata desde el Estado para paliarlo. Es con más trabajo privado que las masas aumentan el consumo, no con más intervención estatal.

El derecho al termo Stanley es sagrado, como lo es la obligación de trabajar y generar recursos para poder comprarlo. Porque ese derecho (que no es otra cosa que la libertad de elegir) no se puede reclamar si no se cumple con la obligación que le corresponde a cada parte de las vinculadas en el trabajo: un trabajador que pone el lomo, un patrón que paga buenos sueldos y un Estado que hace que se cumpla el trato.