JpRC repudió a Carrizo y espera adhesión del PJ (sin suspensión)

La primera minoría presentó una resolución en repudio al concejal de Política Abierta tras denuncias por hostigamiento y amenazas. Señalaron que, a partir de la imputación y elevación a juicio que enfrenta Carrizo, no correspondería una suspensión inmediata. El PJ aún no adhirió al planteo y optaría por mantenerse al margen.

Por Julieta Fernández

Guillermo Natali, Gonzalo Parodi y Pablo Carrizo

El bloque de concejales de Juntos por Río Cuarto presentó un proyecto de resolución ante situaciones de violencia de género “perpetradas por cualquier miembro del cuerpo legislativo”. La iniciativa se argumentó a partir de las recientes denuncias al concejal de Política Abierta, Pablo Carrizo, por hostigamiento y amenazas hacia su ex pareja. Además, Carrizo se encuentra imputado desde el 2019 por una causa elevada a juicio por lesiones leves calificadas por violencia de género. Aunque no se trató de un encuentro “blanqueado”, fuentes consultadas por Alfil aseguraron que la semana pasada hubo una reunión entre los presidentes de los distintos bloques para dialogar sobre la situación. 

Hasta el momento, la postura del PJ (aún no expresada oficialmente) ha sido la de mantenerse al margen de cualquier posicionamiento público al respecto y ampararse en el principio de inocencia bajo lo que establece la Carta Orgánica sobre la inhabilitación al acceso a un cargo electivo. Esto implicaría que, para aplicar este mecanismo, haya una condena firme. Juntos por Río Cuarto argumentó que la suspensión (que también contempla la COM) en los casos de elevación a juicio tampoco podría aplicarse, ya que abarca aquellos delitos imputados cuya pena supere los tres años de prisión. 

Sin embargo, existiría la posibilidad de aplicar algún tipo de suspensión temporal requeriría el acompañamiento del bloque Hacemos por Córdoba. Se trata del artículo 71 que señala que “por inconducta en el ejercicio de sus funciones, inasistencias reiteradas, indignidad o incapacidad sobreviniente, el Concejo Deliberante puede, con el voto de la mayoría absoluta de sus miembros, corregir con llamados al orden o multa a cualquiera de sus integrantes”. Además, expresa que con el voto de los dos tercios de sus miembros, se podrá “suspender o excluir de su seno a dicho miembro del Legislativo”. 

Si se aplicara el artículo mencionado anteriormente, se podría dar una situación similar a la sanción aplicada a la legisladora provincial por la UCR, Patricia De Ferrari. Hace dos años, De Ferrari fue suspendida temporalmente (seis meses) a partir de una “cuestión de privilegio” en la Legislatura. Tras expresiones de tinte negacionista en su cuenta de Twitter, el oficialismo se amparó en el artículo 129 del Reglamento Interno de la Unicameral y el artículo 99 de la Constitución Provincial que afirma que la Legislatura puede, con el voto de los dos tercios de la totalidad de sus miembros, “corregir o excluir de su seno a cualquier de ellos por desorden de conducta en el ejercicio de sus funciones o por indignidad”. 

 

Instar al PJ

“No podemos mirar para un costado y obviar la situación que se está dando. El Concejo debe pronunciarse cuando un miembro haya generado una situación tan seria como la que se ha denunciado. Se habló de que (Carrizo) violó una perimetral frente a agentes policiales en una comisaría”, dijo el jefe de bloque de Juntos por Río Cuarto, Gonzalo Parodi, al presentar la resolución.  El bloque hizo hincapié en que, más allá del acompañamiento de sus pares del oficialismo, los organismos que abordan situaciones de violencia de género (secretaría de Género y subsecretaría de las Mujeres, Polo de la Mujer, Consejo Municipal de Género y Observatorio de DDHH de la UNRC) también deberían expresarse públicamente.

El proyecto de resolución había sido presentado al cierre de la semana pasada, luego de la polémica sesión en la que se aprobó la expropiación de 10 hectáreas del enterramiento sanitario. Aunque el tema parecía haber quedado “opacado” por otros ejes que acapararon la agenda legislativa, la conferencia brindada por la primera minoría volvió a poner el tema sobre el tapete y apuntó sus reflectores al Municipio y al bloque peronista. 

El Legislativo local regularmente aprueba declaraciones de interés legislativo o actividades vinculadas a la erradicación de la violencia de género (además de llevar a cabo las capacitaciones en la Ley Micaela). El silencio del PJ en relación a estos hechos alimentaría una idea latente en los pasillos del Concejo Deliberante: con su voto, Carrizo ha acompañado al oficialismo en reiteradas oportunidades y estaría lejos de tener el perfil opositor que ostentó durante su rol como concejal por el partido Respeto.