CD evalúa destino de Carrizo tras denuncias por hostigamiento

El concejal de Política Abierta (quien tiene una causa elevada a juicio por violencia de género) fue denunciado por su ex pareja por amenazas y hostigamiento. Los presidentes de los bloques se habrían reunido para analizar la situación. La primera minoría evaluaría emitir un posicionamiento. Hasta el momento, el oficialismo se mantendría al margen.

Por Julieta Fernández 

Pablo Carrizo

Las declaraciones vertidas por la ex pareja de Pablo Carrizo a distintos medios locales generaron repercusión en el Concejo Deliberante. A  fines de la semana pasada, la denunciante señaló que en los últimos días habría sufrido hostigamiento y amenazas por parte del edil, entre las que se encuentran “escraches” en la vía pública y amenazas delante de agentes policiales. Cabe recordar que Carrizo tiene una orden de restricción que le impide acercarse a su ex pareja y que actualmente tiene una causa elevada a juicio por violencia de género a partir de una denuncia realizada en el 2019. Dicho juicio se llevaría a cabo fuera de los Tribunales de Río Cuarto y aún no hay una fecha asignada.  

Según pudo saber Alfil, se llevó a cabo un encuentro entre los presidentes de los tres bloques del Legislativo para analizar la situación. Aunque oficialmente no se blanqueó la realización de este encuentro, es sabido que la preocupación comenzó a plantarse a finales de la semana pasada, luego de que trascendieran las denuncias realizadas por la ex pareja de Carrizo. A partir de ello, los presidentes de los tres bloques (Guillermo Natali, Gonzalo Parodi y Miriam Salvattiera) se habrían reunido para evaluar las posibilidades de accionar desde el parlamento local. 

El margen de acción en el marco de lo que establece la Carta Orgánica plantearía la posibilidad de suspensión de un concejal ante una elevación a juicio pero sólo en aquellos casos en los que el delito imputado supere una pena de tres años. En el caso de Carrizo, su imputación implica “lesiones leves calificadas”, por lo que no podría aplicarse este mecanismo. Otro de los argumentos que se habrían expuesto durante el encuentro (y a los que suscribirían algunos miembros del oficialismo) es regirse a partir del principio de inocencia y no tomar posicionamiento hasta que la Justicia declare la inocencia o culpabilidad del edil. El encuentro no derivó en algún consenso respecto de qué acciones tomar y, particularmente en el oficialismo, habría algunos miembros del bloque que se inclinarían por mantenerse al margen de los hechos y esperar una resolución judicial. 

Más allá de que el mecanismo de “suspensión por elevación a juicio” no sería aplicable en este caso, cabe preguntarse si la mayoría de los ediles decidirá accionar a partir de algún otro mecanismo que se prevea en el reglamento interno del Concejo. Un ejemplo de una suspensión temporal se dio hace casi dos años en la Legislatura Provincial. En aquel entonces se planteó una “cuestión de privilegio” contra la legisladora radical, Patricia De Ferrari, a partir de una expresión negacionista (en la que habló de los “falcon verdes”) en su cuenta de Twitter. En aquel momento, el PJ impulsó un pedido de suspensión que se apoyó en el artículo 129 del reglamento interno de la Unicameral. En el inciso 1° de dicho artículo se plantea que se consideran cuestiones de privilegio a las que “afectan los derechos de la Legislatura colectivamente, su seguridad, dignidad y la integridad de su actuación y sus procedimientos”. También se argumentó dicho pedido de suspensión (por 6 meses) a partir del artículo 99 de la Constitución Provincial que asegura que la Legislatura puede, con el voto de los dos tercios de la totalidad de sus miembros, “corregir, excluir de su seno a cualquiera de ellos por desorden de conducta en el ejercicio de sus funciones o por indignidad y removerlo por inhabilidad física o psíquica sobreviniente a su incorporación”. 

Previamente se han conocido opiniones de integrantes del bloque HpC en las que manifiestan su desacuerdo con el hecho de que Carrizo ocupe una banca (pese a su elevación a juicio por violencia de género). En junio pasado y al ser consultada al respecto, la concejala oficialista, Marisa Fernández, expresó en diálogo con el programa Así son las cosas: “Se tendrá que comprobar en el juicio pero a los hechos los creo. Estoy en contra de la violencia de género y, desde mi punto de vista, me resulta violento que esté sentado en una banca en el Concejo”. Al cierre de esta edición, aún no había un pronunciamiento formal de parte de ninguno de los bloques pero se espera que la primera minoría emita algún comunicado o resolución sentando una postura al respecto.