La plana mayor de la alianza Juntos por el Cambio, encabezada por Rodrigo de Loredo, Mario Negri y Luis Juez, reclamó la renuncia del ministro de Salud, Diego Cardozo, y de las autoridades del Hospital Materno Neonatal, donde se produjeron las sospechosas muertes de cinco bebés.
Además, se manifestaron en desacuerdo con la designación del fiscal de Instrucción Raúl Garzón porque “la investigación se remite a un fiscal que recién conoce de los hechos hace unos pocos días, y que para colmo no sería su distrito de actuación”.
De la conferencia participaron también los presidentes de los partidos que conforman Juntos por el Cambio y otros dirigentes de relieve que los integran.
Rodrigo de Loredo declaró que “hubo una dilación evidente entre el primer hecho y los subsiguientes, demostrado en las demoras en las instrucciones sumariales, en las denuncias judiciales y en la difusión pública de los trágicos episodios. Hubo falta de control. Los hechos ocurridos dan cuenta de que no se notificaron los casos debidamente y no se activaron alertas y los protocolos respectivos. Hubo negación de las primeras versiones y luego ocultamiento deliberado de información. La falta de transparencia en los datos brindados y la contradicción en las declaraciones de los funcionarios hace que resulte imposible reconstruir una cronología de cómo fueron los hechos”.
Luis Juez manifestó su “rechazo” a las pretensiones del gobierno de Juan Schiaretti de constituirse como querellante en la causa, al considerar que “es el principal responsable y tiene que dar respuestas en la Justicia”. Más tarde, caería ese objetivo del Panal.
Para Juez, Cardozo es “responsable del encubrimiento” que rodea a todo lo que sucedió en el hospital provincial porque “no investigó como corresponde desde el primer momento”.
Mario Negri indicó que “hay un punto de inflexión”. “Córdoba está muy lejos de ser el espejo donde todos quieren mirarse”, dijo. El diputado reprochó que el gobierno construye “escenarios” para tapar lo que ocurre. “Mientras se hacían sumarios, inaguraban obras en el mismo lugar; mientras sucedían esos hechos y nadie se sabía, avisaban que la mortalidad infantil en Córdoba era la más baja del país”, recordó.
“Schiaretti –agregó- tiene que hablarle a la sociedad que lo votó. El gobernador no puede permanecer en silencio”.
Mientras tanto, en el documento elaborado conjuntamente, los aliancistas se preguntaron “¿dónde estaba el Comité de Vigilancia de Mortalidad Infantil creado en Córdoba? y ¿qué acciones se harán en el futuro para no repetir el ocultamiento de información más bochornosa e inmoral de la historia política de Córdoba?”. Finalmente exigieron “justicia” por la atrocidad de los hechos y que se actúe para evitar nuevos decesos.
Protesta
También hubo una protesta de familiares de las víctimas frente al Hospital. Como reclamaban ser atendidos y no lo lograban, el legislador porteño Roberto García Moritán (Republicanos Unidos) los acompañó hasta el despacho del nuevo director, Esteban Ruffín, a quien le exigieron “respuestas” por las muertes que se investigan.
García Moritán manifestó a los medios que estaba con otra actividad en Córdoba y que llegó hasta el centro asistencial para “acompañar y respaldar en el reclamo” a los familiares de las víctimas, mientras que otra franja de los manifestantes lo acusaron de “oportunista”.
Ruffín respondió, a los que habían ingresado a su despacho, que toda la documentación y antecedentes de los casos “están en manos de la Justicia para la investigación”, y que por lo tanto no tenía respuestas sobre cómo ocurrieron las muertes de los bebés.
Vanesa Cáceres, que ofició de vocera de las familias que se concentraron frente al centro de salud, donde se había montado un fuerte operativo de seguridad, dijo a los medios que se movilizaron para pedir que “por favor se investigue a todos los responsables” por las muertes de los bebés.
“Desde aquí tendríamos que haber salido con nuestros hijos vivos. Hoy tendríamos que estar en nuestras casas con nuestros bebés, sin embargo tuvimos que salir a pelear por ellos para saber qué pasó”, expresó Vanesa, quien dio a luz a Francisco el 18 de marzo y “a la hora y media de nacer sano» le informaron «que se descompensó por una arritmia y luego falleció”.
“Si se hubiese investigado a tiempo, se hubiese evitado la muerte de otros bebés, pero optaron por el encubrimiento”, cuestionó la mujer.
Defensoría
En el mismo sentido, diputados nacionales de Juntos por el Cambio pidieron la intervención de la Defensora de Niños, Niñas y Adolescentes de la Nación, Marisa Graham.
La presidente de la comisión de Familias, Niñez y Adolescencia, Roxana Reyes, afirmó que “la gravedad de los hechos, abonada por la escasa claridad del gobierno provincial en el manejo de información, evidencia deficiencias en el sistema de atención sanitaria de Córdoba, y esto atenta contra los derechos infantiles protegidos por la Constitución Nacional y por la ley 26.061”.
En una carta dirigida a la Defensoría, los diputados de JpC sostuvieron que “frente a la grave vulneración de derechos, debemos trabajar de forma colaborativa. Debemos poner a disposición de las familias todos los mecanismos institucionales para el pronto esclarecimiento de la situación”.
Además de Reyes, suscribieron la carta los diputados nacionales por Córdoba que representan a la UCR, el PRO, y la Coalición Cívica-ARI, y otros como María Eugenia Vidal, Silvia Lospennato, Camila Crescimbeni y Marcela Coli, entre otros.
La investigación
De acuerdo con los datos oficiales, los fallecimientos de los bebés ocurrieron el 18 de marzo, el 23 de abril, el 23 de mayo y dos de ellos el 6 de junio de este año. La cartera de Salud realizó la denuncia judicial el 7 de julio y, según el ministro Cardozo, se solicitó a la Justicia investigar 11 defunciones ocurridas en esos cuatro meses.
El fiscal Garzón comenzó a tomar declaraciones a nueve enfermeras, y pidió detalles de las historias clínicas y de otra documentación sobre el suministro de las dosificaciones de inyectables a los bebés fallecidos, particularmente lo referido al potasio, además de los dos estudios de autopsia que se realizaron.
El fiscal también comenzó a receptar testimonios de las familias damnificadas por la presunta “mala praxis” u “homicidio intencional”, que son dos de las varias líneas de hipótesis que trabaja el funcionario en la investigación.
