Para reducir el gasto, el Gobierno tendrá como aliada a la inflación

Un informe privado da cuenta de que la aceleración de la inflación prevista para la segunda parte del año tiene efectos inerciales sobre el gasto indexado (más del 40% del primario) y reduce en términos reales para todas las partidas, menos subsidios.

La necesidad de consolidar las cuentas públicas -y reducir la presión sobre la emisión y el endeudamiento- constituye una de las claves para comenzar a estabilizar la economía. Esta necesidad se plasmó en los últimos acuerdos con el FMI, y su importancia fue destacada tanto por las gestiones de Martín Guzmán como la de Silvina Batakis. A su vez, la designación de Massa como ministro de Economía -junto con las correspondientes medidas anunciadas- dejan entrever que la política finalmente se alineó detrás de tal objetivo, probablemente más por necesidad que por convicción.

Un reporte de Ecolatina señala que, más allá del cumplimiento de la meta acordada con el FMI, la decisión de no solicitar Adelantos Transitorios en lo que resta de 2022 implica que el margen para los desvíos expansivos es incluso más acotado que antes. Entonces, comenzar a mostrar resultados contundentes será crucial para sostener el rollover y no cortar el financiamiento en pesos, que se constituye como la principal fuente que cierra las necesidades de financiamiento en moneda local.

Sin embargo, surgen ciertos interrogantes al identificar sobre qué partidas estaría puesta la lupa y si las actuales autoridades están dispuestas a asumir los costos que trae aparejado un ajuste fiscal en la previa de un año electoral.

Para que el gasto primario muestre una dinámica de reducción real intra-año, la consultora entiende que es posible que el Gobierno se apoye en el efecto de la inflación, acciones para acotar el crecimiento del gasto salarial, y medidas para reducir subsidios.

La aceleración de la inflación prevista para la segunda parte del año (82% i.a. en julio-diciembre vs 57% i.a. en enero-junio) tiene efectos inerciales sobre el gasto indexado (más del 40% del gasto primario) y reduce en términos reales el resto de las partidas (excepto subsidios), dada la posibilidad de ir adaptando los techos nominales de gasto por parte del Ministerio de Economía.

En materia del gasto indexado, el rezago con que actualiza la fórmula acotará el crecimiento en el segundo semestre: la fórmula previsional mostró un alza de 0,4% i.a. en la primera parte del año, y estimamos una reducción del 8% i.a. en julio-diciembre. Lógicamente, el gasto total en estas partidas estará determinado por el crecimiento inercial (que será menor) y las medidas compensatorias.

Con relación a otras partidas rígidas, especialmente salarios, la señal es que se buscará acotar su crecimiento: en el acuerdo con el FMI se estima que no crecerán en % del PBI, y dentro de las medidas se anunció un congelamiento de ingreso de personal. En este sentido, habrá que monitorear la dinámica de las paritarias.

Otra gran parte del esfuerzo pasará por mantener acotadas las erogaciones (operativas) del Estado junto con un fuerte control sobre los gastos accionables: bienes y servicios destinados al funcionamiento operativo; otros gastos corrientes; gastos de capital (probablemente termine en los mismos niveles que 2021 en términos del PIB); y, en menor medida, transferencias a provincias (cerca de la mitad corresponden al FONID, gasto en salud y cajas previsionales). Los números fiscales de junio convalidan nuestra visión: los gastos operativos (excluyendo salarios) junto con las transferencias a provincias y universidades cayeron cerca de un 21% real en su comparación interanual y casi un 23% contra el promedio de los primeros 5 meses. Esta estrategia estaría en línea con la ratificación del techo presupuestado para el gasto en cada uno de los ministerios.

Finalmente, la “ayuda” de la inflación para consolidar las cuentas públicas lógicamente no es posible en el caso de los subsidios económicos, dado que la mayor inflación presiona sobre los costos de provisión de los servicios subsidiados. Sin embargo, en este caso la actual gestión ya anunció que comenzará -vía segmentación- a desmantelar el esquema. En tal sentido, aunque aún falta conocer los detalles de su implementación, estimamos que los subsidios como % del PIB no variarían mucho de los niveles de 2021.

Por último, en paralelo a este proceso y enmarcados en un contexto social sumamente frágil, una de las tareas de Massa pasará por administrar los pedidos de recomposición de ingresos. En este sentido, el anuncio de un nuevo bono a jubilados y la revisión del esquema de Asignaciones Familiares (a lo que podría sumarse una actualización en la trayectoria del Salario Mínimo, Vital y Móvil) deben comprenderse como elementos de una estrategia que pretende compensar parte de la erosión prevista y aliviar así las tensiones político-sociales que producirá el proceso de consolidación fiscal.

Con relación al bono, Ecolatina estima que, con desembolsos entre septiembre y noviembre destinados a más de 6 millones de jubilados, el impacto en las cuentas públicas se ubicaría en torno al 0,15% del PIB, lo que indica que estaría prácticamente cubierto por lo que se captaría vía el anticipo de Ganancias a sociedades. Asimismo, como dicho anticipo redundará en mayores ingresos para las Provincias, será más fácil acotar las transferencias presupuestarias.

En conclusión, el Gobierno deberá llevar adelante un considerable esfuerzo fiscal en los próximos meses si pretende dar una señal contundente en el corto plazo para anclar las expectativas, una decisión que difícilmente esté libre de costos. En tal sentido, el desafío pasará por armar el complejo rompecabezas del gasto público de cara a la segunda parte del año.