Por Felipe Osman
En algo más de 24 horas dos episodios “aleatorios” tuvieron un lugar en la discreta agenda local: la evacuación del Mercado Sud por una fuga de gas en un caño maestro (sábado por la mañana), y el incendio de un puesto de choripanes (domingo por la tarde). Como aleatorios, no debiera existir una cadena causal que permita vincularlos a algún responsable directo. Aunque de manera indirecta sí podría existir algún grado de responsabilidad para quien hubiese omitido un deber de control.
El control de las distintas actividades económicas que pueden representar algún riesgo para los vecinos compete, mayormente, al Estado Municipal. Y aunque la tarea de controlar puede resultar, en términos políticos, mucho menos gratificante que inaugurar una obra u organizar un gran evento, puesto que no ayuda a desarrollar activos políticos, sí impide que pasivos políticos “contingentes” se vuelvan constantes y sonantes. En otras palabras, sirve para blindar a una gestión de sufrir costos a raíz contingencias que podrían haberse evitado.
Desde la llegada de la pandemia y todas las restricciones sanitarias que la acompañaron, los controles -de todo tipo- se volvieron mucho más laxos, con la intención de “dejar trabajar” a los comercios y evitar echarse en contra a los comerciantes. El problema es que ese criterio, probablemente oportuno en tales circunstancias, se consolidó, y las áreas de fiscalización ahora no pueden devolver la situación a su forma original. Y esa imposibilidad no deriva sólo de la resistencia de los comerciantes, sino también de los intereses de los empleados encargados de controlar o hasta del propio Suoem.
Veámoslo en una serie de ejemplos.
1- Antes de que el PJ aterrizara en el Palacio 6 de Julio, la fiscalización de las intervenciones en la vía pública (léase, cortes de calles y veredas para el mantenimiento de redes de servicios públicos o privados, desarrolló de obras, etc.) estaba a cargo de la oficina de Cortes e Intervenciones, que dependía de Obras Viales.
Comenzada la actual gestión, esa oficina fue trasladada y desactivada. ¿La razón? Puede haber distintas especulaciones, lo que se sabe es que el delegado de esa repartición se enfrentó a otros delegados alineados con la conducción del Suoem, como Marcos Moyano y Daniel Fernández, y hasta con el mismísimo Rubén Daniele. Luego su área perdió, al menos en los hechos, las funciones que detentaba. Se trata del área que debería haber fiscalizado la ejecución de la obra en la que se afectó el caño maestro de gas.
2- El 25 de julio la Subsecretaría de Fiscalización y Control emitió una resolución que modifica el mecanismo para renovar los permisos de los puestos de choripanes. La intención, poner coto al descomunal margen de discrecionalidad con el que esas licencias se conceden o renuevan. Baqueanos en el tema aseguran que la mayoría de los puestos no tienen permisos o los tienen vencidos. Y el mayor problema es que sin un permiso no cabe ningún tipo de fiscalización. Son puestos que, además de funcionar con parrillas a gas y freidoras, necesitan energía eléctrica para funcionar, pero sin permiso no pueden acceder a una conexión legal que cumpla las medidas de seguridad pertinentes. ¿Cómo funcionan entonces?
El pasado domingo se prendió fuego uno de estos puestos. ¿Estaba habilitado? ¿Tenía certificado eléctrico y certificación de seguridad e higiene?
3- Estos módulos alimentarios, regulados por la ordenanza 10.244, suelen trabajar en la proximidad de grandes eventos. Para poder trabajar ahí, dado que son jornadas de gran demanda, tienen que pasar por un sorteo que lleva adelante la Dirección de Ferias y Mercados. Las sospechas de que esos sorteos son fraguados son tales que la Municipalidad dispuso enviar un funcionario de Oficialía Mayor para que los fiscalice. Aun así, los choripaneros siguen diciendo que los bendecidos por el azar son siempre los mismos.
4- Durante la pandemia muchos bares empezaron a funcionar con mesas en el exterior para compensar la escueta capacidad de aforo que permitía la emergencia. Ese fue el primer paso hacia una flexibilización de las normas. Después se flexibilizaron los horarios. Y ahora muchos bares han empezado a funcionar como locales bailables. Las quejas de los vecinos en Nueva Córdoba y Güemes se multiplican por estos asuntos. Otra vez, los que conocen el tema apuntan que la dificultad para volver a hacer cumplir la reglamentación es que esto implicaría tocar intereses de inspectores de Habilitación de Negocios, que han empezado a copar funciones de Espectáculos Públicos.
Todas estas irregularidades entrañan un fenomenal riesgo para la gestión, que tendrá pocos elementos para defenderse si un episodio desafortunado llega a darse. Más aún si se tiene en cuenta que los inspectores que revistan en las áreas en cuestión suelen estar alineados con la oposición, puesto que entraron al municipio durante las anteriores gestiones y, trascartón, también suelen responder al Suoem, al que le sobran recursos para boicotear a la administración municipal del PJ.
Por el momento, sin capacidad de controlar, en el Palacio 6 de Julio hay quienes hablan de generar, como sucedáneo, una “sensación de control”.
