CECIS contra Ejecutivo por cambios tributarios (PJ calma aguas)

El Centro Empresario reprochó que el Ejecutivo no haya consultado con sus referentes respecto de una ordenanza que implica el cobro de tasas por ventas fuera de Río Cuarto. El oficialismo evita repetir lo ocurrido con el Cluster Tecnológico y sale a calmar las aguas para no perder aliados del sector privado. “No se aplicará en forma retroactiva”, aseguran.

Por Julieta Fernández

“El cuestionamiento es porque lo que se dialogó con el Municipio después no se vio reflejado en el papel”, expresó Diego Cambría, gerente del CECIS a Radio Universidad. El integrante del directorio del Centro Empresario, Comercial y de Servicios reprochó que, pese a haberse reunido con el Municipio para trabajar en esta modificación, el oficialismo no los haya convocado previo a la elevación de la ordenanza al Concejo Deliberante. Más allá de la especificidad de este proyecto y los cuestionamientos vertidos por el CECIS, el dilema recordó a lo sucedido hace dos semana cuando el Cluster Tecnológico (sector que nuclea a los empresarios de las TIC) reclamó no haber sido convocado para trabajar en la modernización de la administración municipal, pese a que una ordenanza los denomina como un órgano consultivo. 

En rigor, el Cluster Tecnológico es una pata empresarial que se desprende del CECIS. Es por ello que el posicionamiento de la institución ante el proyecto que actualmente se encuentra en comisión remitió a los últimos reveses entre el Ejecutivo Municipal y el empresariado local del rubro de las TIC, uno de varios aliados que el intendente Llamosas necesita en su camino hacia la órbita provincial. El proyecto elevado por el DEM plantea una modificación de la ordenanza N° 209/21 e implica “beneficios tributarios sobre la contribución que incide sobre el comercio, industria y las empresas de servicios”. 

Esta modificación tiene como antecedente el fallo de la Corte Suprema de la Nación en favor del Municipio de Quilmes que, más allá de la especificidad del caso, sentó un precedente en cuanto a la reivindicación de la autonomía de los municipios. “Las empresas antes tributaban una parte acá y otra donde distribuyen. Ahora serán solo las empresas con sede o base en la ciudad. Para que la erogación no sea tan alta, se bajará la alícuota del tributo que pasará del 6 por 1000 al 5 por 1000”, expresó la concejala y presidenta de la comisión de Economía, Estela Concordano en conferencia de prensa. También señaló que la modificación que se pretende aprobar busca evitar que el contribuyente enfrente una erogación mayor y “va a pagar alrededor del 50% menos de lo que pagaba antes”. 

“La ordenanza es poco clara. No se baja la tasa para todos porque hay que acogerse al beneficio y se exigen ciertos condicionamientos que terminan siendo extorsivos para el propio distribuidor”, expresó Cambría a la emisora local, negando que implique un beneficio directo para el sector productivo de la ciudad. Según plantearon desde el CECIS, el proyecto apunta a la reducción de una alícuota pero esto no se traduciría en un beneficio para los empresarios si se aumenta la base imponible sobre la cual se aplica esa alícuota. Desde Juntos por Río Cuarto consideraron que esta modificación comprende la incorporación de un artículo bis y que sería sinónimo de “la creación de un nuevo tributo”. También criticaron que el beneficio sea solo para quienes se inscriban para recibirlo. Si bien resaltan que la modificación contempla tasas más bajas, los contribuyentes que no se inscriban (por falta de información) seguirán pagando la tasa anterior. 

La principal crítica del Centro Empresario radica en el carácter retroactivo que se habría planteado en el expediente que ingresó a la comisión de Economía. La agrupación denunció que este aspecto traerá consecuencias a la industria y el comercio local debido a las redeterminaciones de deuda con las que se encontrarán los empresarios y comerciantes. Consideraron que esta modificación tributaria “no da seguridad jurídica” y que la ciudad “comenzará a perder competitividad frente a municipios cercanos”. Sin embargo, el oficialismo le habría prometido al Centro Empresario que dicho cobro no será retroactivo, en un intento de “calmar las aguas” y evitar que el reclamo desemboque en un fuerte comunicado o posicionamiento de una de una de las instituciones que la gestión necesita “de su lado” en relación a convenios de trabajo vinculados al desarrollo económico, industrial y comercial.