Por Felipe Osman
Finalmente llegó, después de más de dos años de parálisis, el día en que volvieron a realizarse elecciones para definir las cúpulas de los Centros Vecinales. Ayer tuvo lugar el primer turno electoral del proceso encarado por la secretaría de Gestión Vecinal para conseguir la renovación de mandatos que llevaban, en algunos casos, hasta 24 meses vencidos, y que venían siendo renovados por resoluciones de la Dirección de Centros Vecinales cuya legalidad fue seriamente cuestionada desde la oposición, que además denunciaba demoras inexplicables en la reactivación de las elecciones.
El 20 de abril pasado, la Dirección de Centros Vecinales emplazó a estas instituciones para que convocaran a las Juntas Vecinales y definieran las Juntas Electorales que tutelarían los comicios. Esa instancia fue atravesada con relativa calma. Luego, algunas tensiones fueron en ascenso.
El 27 de julio, un grupo de vecinalistas de 26 barrios firmaron un comunicado conjunto en el que denunciaron “desprolijidades” en el procedimiento y acciones intimidatorias “por parte de punteros políticos, en connivencia con diversos actores de la política cordobesa”.
Desde algunos sectores de la oposición esas críticas se reiteraron, y hasta llegó a darse una (reducida) manifestación frente al edificio en el que funciona la Dirección de Asuntos Vecinales. La denuncia: que el municipio no garantizaba la participación de todos aquellos que quisieran ser parte de los procesos electorales.
La posición oficial es diferente. Desde las oficinas de Colón 778 se defienden asegurando que el municipio ha creado todas las condiciones necesarias para que los comicios se desarrollen de manera transparente, y que las quejas de estos vecinalistas están -o deberían estar- en realidad dirigidas en contra del actuar de las Juntas Electorales que controlan los sectores mayoritarios de cada barrio o los que, en última instancia, prevalecieron en las Asambleas Vecinales que las definieron.
El proceso, entienden desde el municipio, ha estado guiado por el propósito de conseguir la mayor participación posible, pero siempre comprendiendo a la legalidad como un límite infranqueable. En otras palabras, entienden que definidas las reglas y los plazos del procedimiento el único modo de garantizar la transparencia es apegándose por completo a ellos, y confiando en el correcto funcionamiento de las Juntas Electorales que definieron las Asambleas Vecinales, a las que se ofrecieron capacitaciones a partir de un convenio firmado con el Colegio de Abogados.
Aún así, es innegable que quien controla la Junta Electoral, órgano que tutela el proceso eleccionario, corre con ventaja. Sucede en todos los ámbitos.
Al cierre de esta edición, la información apuntaba que la primera jornada electoral, en la que 20 Centros Vecinales estaban en disputa y en otros 27 se habían presentado listas de unidad, no se registraban inconvenientes. Desde luego, el momento crítico llegaría con el recuento.
