Transporte: PJ no teme a la judicialización de SolBus

Luego de que la preadjudicación del servicio de transporte quede en manos de la SAT, el oficialismo se mostró relajado y confiado en que la judicialización por parte de la empresa puntana SolBus no interferirá con los pasos restantes de la licitación.

Por Julieta Fernández

El 1 de julio se llevó a cabo la apertura del sobre N° 2 y el pasado jueves por la tarde se conoció el dictamen de preadjudicación del servicio de transporte

El servicio de transporte urbano fue preadjudicado a la empresa SATRC. Era una especie de secreto a voces que la empresa local tendría más chances de continuar al frente de la prestación del servicio. No necesariamente por una cuestión de “méritos” pero sí por condensar una cualidad que el Ejecutivo Municipal precisaría en este momento: previsibilidad. Según pudo conocer Alfil, el oficialismo preferiría “conocer los bueyes con los que ara” y ponderar la cantidad de años en los que la empresa local estuvo prestando el servicio en la ciudad. Algo no menor en un año que le serviría al intendente Llamosas para “dar el salto” en su proyección provincial. 

En el puntaje establecido por la comisión evaluadora (integrada por un concejal de cada bloque, el secretario de Servicios Públicos, Marcelo Bressán y la subsecretaria de Transporte, María Martínez), la diferencia entre una empresa y otra habría sido de 6 puntos en favor de la SAT. En diálogo con el programa Así son las cosas, Bressán señaló que uno de los elementos que llevó a que la SAT sea la firma elegida fueron los informes técnicos, económicos y financieros (desarrollados por el área de Economía) que influyeron en la decisión de que la empresa local estaría en mejores condiciones de prestar el servicio en la ciudad.  

Cabe resaltar que el dictamen que se dio a conocer a fines de la semana pasada es una especie de “recomendación” de parte de la comisión evaluadora. En aquel documento se explicita por qué la mayoría de los miembros de la comisión (con excepción del concejal de Juntos por Río Cuarto, Marcos Curletto) resolvieron que la firma riocuartense debería seguir prestando el servicio. En tanto, para la primera minoría, la empresa SolBus habría superado a la SAT por 31 puntos y Curletto emitió un dictamen en disidencia. Según planteó el edil opositor, el informe económico que utiliza el oficialismo para argumentar que SAT estaría mejor posicionada también daría pie para justificar lo contrario (y considerar que la situación financiera de SolBus sería mejor que la de la firma local). 

Bressán señaló a FM Gospel que los pasos restantes del proceso licitatorio no debieran verse afectados por la judicialización que planteó la firma puntana SolBus y expresó: “No estamos para ponernos en litigio con las empresas”. Lo que resta es el acto administrativo concreto a partir del cual la empresa SAT resulte adjudicataria del servicio de transporte urbano. Dicho acto dependería del propio intendente Juan Manuel Llamosas.  Aunque el jefe municipal podría “no seguir la recomendación” de la comisión evaluadora, se da por sentado que Llamosas optará por la continuidad de SATRC, amparado en las observaciones realizadas por dicha comisión. 

Posteriormente, quedaría pendiente la firma del contrato y la aprobación de éste en el Concejo Deliberante. Este contrato, a diferencia del pliego de bases y condiciones, establecería exigencias concretas para la firma SATRC y establecería, por ejemplo, cuáles serían las sanciones en caso de incumplir con lo previsto en el documento. El tratamiento de este contrato en el Concejo Deliberante probablemente genere varias discusiones. Un anticipo de esto fue el tratamiento del pliego licitatorio a fines de febrero. En aquel entonces, Juntos por Río Cuarto no acompañó por diversas razones. Una de ellas fue que no se le diera tratamiento en doble lectura como sí se había hecho el año pasado con la licitación del servicio de emergencias médicas. 

Por otra parte, el concejal de Política Abierta, Pablo Carrizo, acompañó el dictamen que considera que la empresa SAT es la que debería seguir prestando el servicio de transporte urbano. Contrario a sus opiniones cuando el pliego de bases y condiciones ingresó al Concejo (fines de noviembre del 2021), el edil de la tercera fuerza votó en consonancia con el oficialismo. Para argumentar su postura, Carrizo publicó en sus redes sociales que su decisión se debió a que “fiscalizó de manera objetiva” y “dejó de lado su pensamiento político”. “Ratifico estar en contra de cualquier monopolio de empresa de colectivos en Río Cuarto”, expresó y resaltó que desde su partido sugerirían la creación de una empresa pública que participe en el mercado y coexista con empresas privadas en la ciudad. Para terminar de argumentar su voto y despegarse de las críticas, Carrizo sostuvo que la decisión final de “continuar con el monopolio SAT” es del intendente y su equipo.