Fracking PJ sobre posicionamiento opositor anti re-re

El PJ eligió suspender el tratamiento de una reforma al Código Electoral que habilite la re-reelección en localidades sin Carta Orgánica. El movimiento traspasa toda la tensión a la interna de JpC, donde intendentes presionan por una modificación que sus legisladores resisten. En el calendario, la visita de Facundo Manes, referencia de los radicales “intransigentes”.

Por Felipe Osman

Ríos de tinta se han escrito ya, y desde hace varios meses, sobre una aún hipotética modificación a la Ley Orgánica Municipal que habilite la re-reelección de los intendentes que gobiernan localidades sin Carta Orgánica propia y, por lo tanto, están sujetas a la legislación marco que dicta la Provincia. Sin embargo, y a contramano de todas las especulaciones, el oficialismo no se ha movido ni un ápice del libreto que el gobernador fijó cuando el asunto apenas empezaba a instalarse en la agenda del sistema político: “sin consenso con al menos una parte significativa de la oposición, no habrá modificación”.
Pero atención, no debe confundirse esta inmutabilidad de la posición oficialista con un escenario que permanezca inmutable. Algo sí ha cambiado. Ha pasado mucho tiempo. Y si algo controla un oficialismo con una abrumadora mayoría en la Legislatura (51 a 19), es el tiempo. El ritmo que se imprime a la actividad legislativa. Las pausas y los arranques.
La decisión de no modificar la ley -cuando se hizo trascender que los cambios eran inminentes- y, más aún, la de dejar entrever que el asunto no es prioritario para Hacemos por Córdoba y no se resolverá si parte del arco opositor no se aviene a refrendar la modificación, tiene el efecto directo de traspasar la tensión a la oposición, donde los intendentes radicales presionan por un cambio que tanto sus legisladores como su dirigencia partidaria resisten.
Trascartón, el movimiento se da a pocos días de que llegue a Córdoba Facundo Manes, el radical que mejor sintonía tiene con Juan Schiaretti, que confiesa su inclinación por un espacio de centro, y que recibió la semana pasada en Buenos Aires a intendentes radicales poco entusiastas frente una hipotética candidatura a gobernador de Luis Juez.
Ahora bien, más allá de la presión que el peronismo inyecte sobre la oposición con la jugada, lo cierto es que dentro del propio oficialismo existen también tensiones, y se conjuga además un escenario poco favorable para abrir un flanco a quienes esperan ansiosos algún motivo para achacarle falta de calidad institucional.
Una pregunta que cabe hacerse es cómo se vivirá, desde el llaryorismo, la tensión que el schiarettismo genera con los 140 intendentes PJ que esperan que la Legislatura defina un criterio interpretativo que les permita competir por la reelección en sus localidades. Siendo Llaryora el candidato de la sucesión, y encontrando el intendente capitalino alguna dificultad para penetrar en el interior profundo, que no es testigo de su gestión, se entiende que es él el principal interesado en contar con la tracción de los jefes comunales de cada localidad.
Schiaretti, en tanto, está jugando otro partido. Y aunque queda claro que para el gobernador es prioritario traspasar el poder a otro peronista, no parece que fuera para él menos importante mantener el mote de peronista republicano, un elemento central en su discurso y uno de los principales activos para encarar una negociación con quienes pudieran acompañarlo en su proyección nacional.
A fin de cuentas, probablemente no haya una receta única para traspasar el poder provincial a otro peronista, y no cabe duda de que, si en el menú existiera la posibilidad de hacerlo apalancándose en su propio proyecto nacional, sea o no presidencial, esa sería la variante que el gobernador elegiría.
Por último, tras el error no forzado en que cayó la gestión municipal con el ‘affaire Ulises’, que la deja a la defensiva y permite a la oposición retomar la iniciativa después de largos meses de permanecer relegada a la categoría de mero testigo de la cosa pública, el actual contexto no resulta, ni de lejos, el más propicio para encarar una reforma que podrá tener mayores o menores costos políticos de acuerdo a cómo se sustancie, pero desde luego los tendrá.