Porqué para Schiaretti no es prioridad revisar la re re

Los elementos que analiza el gobernador y desalientan la idea de apurar a cualquier costo la reforma del Código Electoral Provincial. Para que salga, pide un consenso generalizado con, al menos, la mitad de los votos opositores acompañen al oficialismo. El camino judicial vuelve a ser opción.

Por Yanina Soria

Mientras que algunos legisladores del oficialismo e intendentes de distintos colores políticos mantienen la ilusión de que, en algún momento, se apruebe finalmente la modificación a la ley que les impide la re reelección, desde el entorno del gobernador Juan Schiaretti aseguran que el tema no está en sus prioridades. 

Desde hace meses, jefes comunales propios y ajenos junto a parlamentarios oficialistas alcanzados todos por la limitación para intentar otro mandato en el 2023, le están buscando la vuelta para impulsar cambios a la normativa actual que destraben la situación política de casi 290 intendentes de Córdoba. Sin embargo, hasta ahora ninguna de las estrategias funcionó, y tampoco está claro que la reforma vaya a salir sí o sí. 

Desde el Panal le hicieron saber a los suyos que de la única manera que el gobernador aceptará la modificación será si se aprueba por consenso generalizado, es decir, con al menos la mitad de los votos opositores. Un número que hoy no está. 

Pues los nueve legisladores de la UCR adelantaron hace tiempo que no avalarán cambios, decisión que volvieron a ratificar aun cuando muchos de sus propios municipios les están pidiendo lo contrario. Al tiempo que desde la bancada de Juntos por el Cambio tampoco se mostraron abiertamente dispuestos a asumir con Hacemos por Córdoba el costo político de tomar una decisión antipopular. La realidad es que, al menos por ahora, el peronismo no pudo cerrar tal acuerdo parlamentario. 

Ahora bien, ¿por qué el asunto de los intendentes sin carta orgánica no inquieta al gobernador? 

Lo primero que hay que señalar es que, seguramente si Schiaretti hubiese querido, la ley ya estaría aprobada. Sobran ejemplos de proyectos antipáticos y polémicos que fueron sancionados, con mayor o menor costo, por la bancada oficialista. Como nunca antes el Gobierno cuenta con una mayoría abrumadora de 51 legisladores sobre 70 que lo habilita a hacer y deshacer según sus necesidades. Sólo basta recordar por ejemplo que, sin ruborizarse, en tratamiento exprés y en plena pandemia, el schiarettismo sancionó (mayo del 2020) la modificación al régimen de jubilaciones y pensiones. El gobernador lo necesitó, y lo tuvo en cuestión de horas nomás. 

El segundo elemento que desalienta la conveniencia de apurar a cualquier costo la reforma del Código Electoral Provincial, es el análisis demográfico que le acercan al titular del Ejecutivo cordobés. 

Si bien de los 289 intendentes y jefes comunales que no pueden repetir, 140 municipios son del peronismo cordobés, en cantidad de habitantes (y, por ende, de electores) el PJ asegura no arriesgar más que lo que pone en juego el radicalismo. 

San Francisco y La Calera, las dos ciudades más importantes sin carta orgánica, están gobernadas por oficialistas que transitan su primer mandato por lo que no representan un problema para el 2023: Damián Bernarte está completando el periodo de Ignacio García Aresca; y Facundo Rufeil administra por primera vez la ciudad del departamento Colón. La localidad cabecera de San Justo tiene un padrón de 60 mil electores habilitados mientras que la segunda de casi 35 mil. En ambas, Hacemos por Córdoba confía retener el poder. 

Lo cierto es que, excluyendo esos dos distritos, en el peronismo aseguran que no es tan significativo el riesgo ni tan alta la incidencia de avanzar en las elecciones sin esos 140 intendentes que no podrían volver a presentarse. Confían en que no jugarán en contra y que hay consciencia política sobre la necesidad de hacer un esfuerzo supremo para que Martín Llaryora pueda retener el poder provincial. 

Desde el entorno cercano al gobernador insistieron que a Schiaretti no le preocupa demasiado el hecho de que ese lote de alcaldes quede “desempleado” en el 2023. En definitiva, desde allí contra argumentan que en el resto de las ciudades donde hay carta orgánica los intendentes cumplen sus dos periodos y luego se retiran “y no pasa nada”, dicen. Sin embargo, ya se especula que muchos de ellos podrían encontrar asilo en la lista de legisladores de Hacemos por Córdoba. 

Frente a este panorama, tanto para los intendentes como para los legisladores alcanzados por la limitación de la ley el camino judicial vuelve a ser una opción. Para muchos, es revisable constitucionalmente el tema de la retroactividad y hacia allí podrían apuntar si la instancia legislativa queda agotada definitivamente.