Por Yanina Passero
A miles de kilómetros de la ciudad que gobierna, el intendente Martín Llaryora sopesa los efectos del primer escándalo de gestión que le toca atravesar en su próspera carrera política. El fallido festejo del cumpleaños de Ulises Bueno con un recital abierto al público, pusieron sobre la lupa la inevitable responsabilidad que tiene todo funcionario público de explicar los gastos.
A los $ 43 millones presupuestados para la productora con la que trabaja el astro cuartetero, se sumaron un sinfín de expedientes consumados como los $ 60 millones asignados para remodelar el despacho central del Palacio 6 de Julio; $ 700 millones para la “ciclovía voladora” o los $ 150 que consumió del erario la “Vuelta Ciclística 2022”. Sin poner en discusión el retorno social y económico de la organización de este tipo de eventos, la oposición se sirvió en bandeja de estos expedientes para denunciar un “descontrolado gasto público” con el objetivo de desmarcar de Llaryora de “las buenas prácticas administrativas” de su promotor político, el gobernador Juan Schiaretti.
Llama la atención la mesura expuesta por parte de los bloques opositores en el Concejo Deliberante frente al cimbronazo que tuvo a los vecinos como principales agitadores a través de las redes sociales. Por ahora, los concejales agotarán las vías formales con un pedido de interpelación al secretario de Gobierno, Miguel Siciliano, y con el reclamo del fin de la emergencia económica que se extendió hasta el fin del mandato de Llaryora.
Sólo el diputado radical Rodrigo de Loredo (y muy probable candidato a intendente) incorporó la vía judicial a esta trifulca que pone de relieve la ausencia de información pública sobre la ejecución presupuestaria. Una carencia que tarde o temprano termina impactando en la legitimidad de una administración pública. “Hace unos días reclamamos por las Unidades Judiciales cerradas y el Ministerio Público tardó un par de horas en responder. Es lamentable que frente a un hecho de semejante envergadura guarden un silencio que aturde a la Ciudad. Están todos los elementos necesarios para que un fiscal proceda de oficio”, disparó el hombre de Evolución, dejando en off side a los propios ediles opositores que mantienen el conflicto entre los muros del Concejo.
Varios de ellos protagonistas de gestiones anteriores, saben que las contrataciones directas caminan entre lo reprochable y lo necesario. Muchas veces la coyuntura las impone -por ejemplo, por falta de proveedores o compromisos de entrega- o por situaciones especiales. Las causales son discutibles y, en esta zona gris, puede anotarse el show de Ulises Buenos: es difícil justificar desde el gobierno este tipo de eventos, pero para la oposición también es complicado demostrar la discrecionalidad de manera objetiva.
De todas formas, la oposición legislativa si logró con este episodio tener un argumento de fuerza para exigir el fin de las cuatro emergencias que flexibilizan las prácticas del Ejecutivo: económica, social, sanitaria y transporte.
Cabe recordar que la emergencia económica fue tomada por Llaryora al inicio de su mandato, en 2019; incluso, había sido anticipada en momentos donde Hacemos por Córdoba y los radicales salientes evitaban la mesa de transición en el marco del traspaso de mando. Este fue el marco legal que permitió al intendente peronista realizar los primeros ajustes en el Palacio 6 de Julio, mientras sus alfiles se encargaban de exponer en cada rincón de la ciudad detalles de la “pesada herencia”.
En ese momento, el mestrismo cuestionó con dureza la decisión del nuevo oficialismo. Dijeron que la emergencia era una maniobra política, que no se justificaba porque la Municipalidad no se encontraba en cesación de pagos, supuestamente había acreencias a favor, varias de ellas con la provincia, y la deuda tanto flotante como consolidada no tenía –supuestamente- incidencia en el Presupuesto. Otros ediles de la oposición también habían sumado su rechazo por considerar que el Ejecutivo lograba “superpoderes” y podría avanzar sin venia del cuerpo legislativo en cambios laborales tanto en los activos como en los pasivos municipales, entre otras decisiones.
Siciliano, en la mira
Fue el viceintendente Daniel Passerini quien le imprimió un sesgo político a la maniobra opositora. Como era de esperarse, defendió los actos de gestión de Llaryora y recalcó que cada uno de ellos se realiza en el marco de las ordenanzas y de la Carta Orgánica municipal. “Cada cuestión y cada decisión tiene un respaldo administrativo, y en el marco y en el lugar que corresponde se deben dar las explicaciones de algo que ya fue ejecutado”, dijo el precandidato a intendente a cargo remarcando que el evento no se hizo. ¿Una dispensa tácita para Siciliano que fue citado por los ediles para dar sus explicaciones sobre el asunto?
Lo cierto es que en el Concejo hay varios anotados para la carrera municipal como Juan Negri (UCR) y Juan Pablo Quinteros; incluso hay ediles que responden directamente a precandidatos lanzados (o no tanto) como los de los diputados Soher El Sukaria y De Loredo; y el propio Luis Juez, en el nivel superior. “Siciliano debe irse sin que se lo pidan”, le sugirió el jefe de Córdoba Cambia, desnudando la intención de la movida de ayer.
Tras el conflicto, Siciliano se recluye. Podría advertirse que hay una voluntad oficialista de preservarlo de los dardos, en especial porque fue Passerini, su rival interno, el que tuvo que dar las explicaciones públicas y salvarle la ropa ante los concejales que exigen interpelarlo. Sin embargo, esta situación inédita generó toda una oportunidad política para la oposición.
Si bien puede advertirse que evitan que el conflicto escale en barandillas, está claro que sacarán tajada electoral al buscar mellar al precandidato Siciliano, en especial, cuando el PJ no tiene aún a un hombre posicionado para continuar la gestión de Hacemos por Córdoba en el principal bastión electoral. Esmerilar a los posibles sucesores de Llaryora asoma como una estrategia tiempista útil, sobre todo cuando en Juntos por el Cambio están muy lejos de llegar a acuerdos internos sobre el 2023.
Los bloques le piden a Siciliano “que dé la cara”; De Loredo exigió a Llaryora “cambios de gabinete”. El peronismo quedó envuelto en un escándalo imprevisible en un año de campaña anticipada y en el blanco se encuentra, por ahora, en la frente de uno de los mejores posicionados.
