Licitación transporte: aún sin resolución de impugnaciones

La empresa de transporte puntana, Sol Bus, aún aguarda una resolución de la comisión evaluadora respecto de la presentación de impugnaciones en contra de la empresa local SATRC. Si el oficialismo "deja pasar" las incompatibilidades de la firma riocuartense, SolBus no descartaría judicializar.

Por Julieta Fernández

En ediciones anteriores, Alfil se refirió a las impugnaciones que presentó la empresa de transporte SolBus en las que da cuenta de ciertas incompatibilidades de su competencia, la empresa local SATRC. La firma riocuartense brinda el servicio en la ciudad desde hace más de 70 años pero incluso esta aparente ventaja sería cuestionada por SolBus. Este punto podría dar lugar a ambigüedades, ya que aún no estaría claro si el puntaje que se cuenta por años de prestación del servicio contemplará el período en el que la SAT funcionaba como una cooperativa (desde sus inicios) o comenzará a contabilizarse a partir de la conformación de la sociedad anónima.

La comisión evaluadora de Servicios Públicos aún no se ha expedido respecto de las impugnaciones presentadas por SolBus y la propia SATRC. En este sentido, la secretaría de Servicios Públicos respondió por escrito que “a los fines de contar con un informe técnico en materia contable, fiscal y financiero de las empresas postulantes, se procede a solicitar a la Secretaría de Economía Municipal para que, a través de sus áreas pertinentes, se expida al respecto”. No obstante, todo indica que la empresa que preside Raúl Sosa apuesta a ir por todo e insiste en que la comisión se expida respecto de los cuestionamientos realizados.

Cabe recordar que SolBus señaló que la empresa SATRC no podría participar de la licitación a partir de que el presidente de dicha firma, Julio Titarelli, tendría familiares que integran la gestión administrativa de la Municipalidad. A su vez, recalcaron que la empresa riocuartense no cumplió con el requisito de presentar una propuesta en materia de recorridos y frecuencias y se limitó a señalar lo que dice el propio pliego de bases y condiciones. Por razones similares, la empresa de Villa María, TransBus, quedó fuera de la licitación en una primera instancia. Es por eso que SolBus insiste en que la comisión evaluadora emita una resolución cuanto antes.

¿Por qué aún no se ha emitido una resolución ante el pedido de impugnaciones? La respuesta formal es que la comisión aún estaría evaluando la documentación y revisando los planteos emitidos desde ambas empresas. Sin embargo, la “dilación” en el proceso también podría indicar la probabilidad de que no se dé lugar a las impugnaciones planteadas por la firma puntana. En ese caso, la comisión continuaría evaluando el resto del sobre 1 que incluiría garantías, flota vehicular, ejercicios económicos, antigüedad de la empresa, prestación del servicio y en qué condiciones, experiencias de usuarios, entre otros aspectos.

Según pudo saber Alfil, hay un certificado firmado por la subsecretaría de Transporte que afirmaría que la SAT presta servicios desde 1950 (lo que generaría dudas en la empresa “contrincante”, ya que en ese entonces la actual sociedad anónima funcionaba como una cooperativa). Otra de las cuestiones que se indicarían en este documento es que el servicio de la empresa SAT se prestó de manera ininterrumpida. Este aspecto sería desmentido a partir del cese de la prestación del servicio durante las primeras semanas de pandemia (se reanudó posteriormente un servicio de emergencia). Además, dicho certificado afirmaría que la empresa SAT no tuvo sanciones por parte del Ejecutivo. Aunque no se trataría de sanciones propiamente dichas, es de público conocimiento que el Municipio intimó a la empresa a prestar el servicio de emergencia (en junio del 2020) tras 50 días sin colectivos en circulación. En aquel entonces, la SAT argumentaba que percibían la mitad del subsidio que recibían previo a la pandemia.

La postura de AOITA

El gremio que nuclea a los trabajadores del volante insiste en que la empresa que gane la licitación “deberá respetar el artículo 20 del convenio colectivo de trabajo”. En este sentido, Donato Monuori, delegado local de AOITA, expresó a LV16 que la continuidad de los choferes está garantizada en caso de que otra empresa comience a prestar el servicio de transporte urbano en la ciudad. El artículo 20 en cuestión establece que el personal de la empresa, desde mecánicos a choferes y personal administrativo tiene que ser absorbido por la nueva empresa, que deberá respetar la antigüedad, la categoría y las condiciones laborales del personal. En tanto se respete ese artículo, desde AOITA advierten que “no habría problemas”.