Por Felipe Osman
Juntos por el Cambio se da por estos días, y desde hace ya varios meses, a la compleja tarea de redactar un reglamento interno que blinde a la fuerza permitiéndole llegar a las elecciones de 2023 sin que las tempestades propias de los cierres de listas terminen partiendo la nave insignia, tal como sucedió en las vísperas del 12 de mayo de 2019.
La importancia de esa tarea no es en absoluto menor, y para dimensionarla bien vale repasar la profundidad que tuvieron las consecuencias de aquella ruptura: el peronismo amasó un caudal de votos que triplicó los obtenidos por la segunda fuerza (Córdoba Cambia) y no quedó lejos de duplicar los cosechados por las dos listas en las que se dividió Juntos por el Cambio (la otra fue, desde luego, la histórica “lista 3” de la UCR).
Y esto no sólo significó que el oficialismo haya conseguido una cómoda mayoría entre los legisladores que entraron por distrito único, sino que además logró un estrepitoso crecimiento entre los legisladores departamentales y un espaldarazo no menor en las elecciones municipales en las que la ruptura provincial de la oposición se reprodujo a nivel local.
Ahora bien, si Juntos por el Cambio logra consolidar la unidad en la provincia -incluso a pesar de los vendavales que ahora atraviesa su dirigencia nacional- el escenario en que se darán los comicios provinciales de 2023 será bien distinto.
Desde estas páginas, Yanina Soria dio cuenta ayer de que hacia 2023 operará un importante cambio en la lógica con la que el oficialismo construye poder. Sin la locomotora electoral que representa la marca “Schiaretti”, Hacemos por Córdoba deberá apuntalarse mucho más en las dirigencias locales, que desde cada municipio traccionarán la oferta provincial de la fuerza. La cuenta es sencilla: el gobernador mide, en muchos departamentos y municipios, más que los propios legisladores departamentales e intendentes, pero difícilmente ese sea el caso de Martín Llaryora en 2023. Allí, en muchos casos, intendentes y departamentales, más que beneficiarse de un impulso que llegue desde arriba, deberán atalonarse en el territorio para empujar.
Pero otro efecto que tendrá sincronizar las elecciones municipales con la provincial será que las primeras quedarán alcanzadas por una suerte de polarización que se generará entre las candidaturas a la Gobernación. Por el diseño de la Boleta Única, esto necesariamente influirá en las elecciones de municipios y comunas.
Se trata, a fin de cuentas, del efecto inverso al que operó en 2019, cuando la división de la oposición a nivel provincial funcionó como un elemento de dispersión para los espacios opositores de cada municipio.
En 2023, estos sabrán que, de no alcanzar la unidad, sólo uno de ellos podrá pegar su oferta electoral a la del candidato a gobernador que termine definiendo Juntos por el Cambio, lo que significará, para todos los demás, presentarse en franca desventaja. Y no se trata ya de que el candidato a gobernador traccione, sino de que el voto se direccione principalmente a dirimir la Gobernación, y sólo lateralmente a definir al próximo intendente.
A los ojos de distintos intendentes que pertenecen a Hacemos por Córdoba, no es un obstáculo menor. Y aunque sería difícil que estos jefes comunales terminaran haciendo a un lado su disciplina partidaria, y decidieran además arriesgarse a resentir los vínculos que a futuro pudieran existir con un oficialismo refrendado en la conducción del Centro Cívico, es probable que más de uno decida “ofrecerse” a adelantar sus comicios.
Ofrecerse, decimos, porque no sería raro que los estrategas del oficialismo decidieran que algunos municipios, en los cuales el peronismo goza de buena salud, adelanten sus elecciones para empezar a crear un clima de triunfo, con una sucesión de victorias que precedan a la elección provincial.
