Por Julieta Fernández
Un nuevo expediente generó revuelo en la comisión de Economía y reavivó debates que parecían cerrados respecto de las contrataciones directas y concursos de precios. Se trata de un proyecto de ordenanza para la contratación de un servicio que tendría el objetivo de “mejorar la calidad del funcionamiento del Municipio en términos de organización y gestión”. En la reunión, se reinstaló el debate por los montos y topes que ameritan acudir a un concurso de precios. La primera minoría se mostró en desacuerdo con contratar en forma directa el servicio que apunta a “acompañar y capacitar en el proceso de certificación de normas ISO 9001” (amparado en la Organización Internacional para la Estandarización).
El expediente que lleva la firma del secretario de Economía, Pablo Antonetti, plantea que se contrataría a la empresa AME S.A.S para “el acompañamiento y capacitación en el proceso de certificación de normas ISO 9001 a fines de implementar procesos de calidad para que la organización sea sostenible en el tiempo”. Según lo planteado por Juntos por Río Cuarto en el marco de la comisión, la contratación de este servicio superaría los $40 millones y, sobre la base de la última modificación a la ordenanza 835/94 (que regula los concursos de precios para la ejecución de obra pública y servicios), ameritaría llamar a un concurso de precios o inclusio hacer un llamado a licitación.
Puntualmente, la última modificación de tal ordenanza implicó un aumento en la cantidad de unidades valor índice de compras debido a que aún regían valores implementados en el 2019. En la última sesión legislativa, la oposición también llevó al recinto la última modificación a esta ordenanza (que se votó hace más de un mes) y señaló que el tope máximo actual para contratar un servicio de manera directa sería de $24 millones. En ese caso, se citó la respectiva modificación para argumentar el voto negativo de JpRC respecto de la adquisición de un equipo de desobstrucción para el EMOS. Según lo expuesto por el concejal Marcos Curletto, el monto que debiera aportar el Ente Municipal de Obras Sanitarias sería de aproximadamente $28 millones y requeriría llevar adelante un concurso de precios.
Aunque a partir de la discusión de otro expediente, la misma polémica por la “transparencia” volvió a hacerse presente en la última reunión de la comisión. El oficialismo insistió en que no habría impedimentos para hacer una contratación directa y argumentaron que la firma AME S.A.S sería la única que podría prestar el servicio de capacitación para la adecuación a las normas ISO 9001. La bancada opositora aseguró que debiera haber un documento en el expediente que respalde esa afirmación.
Las chicanas de los ediles opositores apuntaron a que el socio gerente (quien firmaría el contrato de locación de servicios) de la empresa en cuestión es el ex ministro de Finanzas de Córdoba, Ángel Elettore. “Hablan de transparencia pero luego contratan en forma directa a un ex funcionario de su mismo signo político”, embistieron los concejales Marcos Curletto y Mariana Giorgetti. Por su parte, los ediles oficialistas tampoco bajaron la guardia y advirtieron que algunos de ellos también fueron oposición durante el gobierno de Juan Jure. “Al menos ustedes, en ese momento, votaron un leasing de más de 70 páginas de documentación. Nosotros recibimos documentos de dos hojas”, replicaron desde JpRC.
La “medalla” de Antonetti
Más allá de las chispas generadas en la comisión, el titular de la cartera de Economía inició la semana con una “medalla” que sacaron a relucir desde el Ejecutivo. Tras la cancelación de la deuda en dólares en diciembre pasado, el Municipio de Río Cuarto elevó su nivel en la calificación de riesgo que hace la evaluadora FIX SCR. Según el comunicado oficial, la calificación del Municipio local quedó entre las mejores del país “por su baja carga de compromisos y por la mayor líquidez”. “Así como en algún momento estuvo en la calificación más baja, hoy la Municipalidad ha sido alificada con BBB+ (arg) en lo que es la calificación de largo plazo, y con una A2 (arg) en materia de corto plazo», señaló Pablo Antonetti, quien había sido fuertemente cuestionado por la oposición a partir de la toma de deuda en dólares del 2017 (cuya última cuota terminó de pagarse en diciembre del 2021).
