Por Yanina Passero
La relación con el Suoem puede ser un activo político para cualquier intendente de turno o aspirante a comandar los destinos del Palacio 6 de Julio. También, puede convertirse en una mochila de plomo si el “timing” falla. La popularidad vecinal que se logra con demostraciones de dureza hacia el cacique de los municipales, Rubén Daniele, puede volverse rápidamente en contra en pulseadas eternas.
Lo cierto es que la convivencia entre la conducción gremial y el arco político siempre fue dual. En la última campaña municipal, la fórmula de Hacemos por Córdoba compuesta por Martín Llaryora y Daniel Passerini evitaba tensionar con los municipales. Organizaban incursiones de sus armadores en las reparticiones con delegados de confianza y hablaban de devolverle la dignidad robada al bastardeado socialmente agente municipal.
Curiosos reveses de la vida: en la última asamblea general del Suoem, Daniele les quitó el rótulo de “peronistas” al staff oficialista que se resiste (por ahora) a cerrar la paritaria salarial en los términos que pide Daniele. La resistencia se explica por la necesidad de contener el inédito recorte salarial que pudo instrumentar el Ejecutivo en el marco del home office y la pandemia.
Para congraciarse con el futuro electorado, tiene sentido que los precandidatos municipales de Hacemos por Córdoba eleven el tono de sus discursos. Saben, como todos, que ganan la simpatía vecinal, siempre y cuando el conflicto no se extienda más allá de los límites tolerables por los contribuyentes. Daniele juega con los plazos de la puja porque sabe que el rencor que le tienen los ciudadanos, tarde o temprano, comienza a mellar la popularidad de los funcionarios.
Le pasó a Daniel Giacomino con la reducción de las horas extra, bonificaciones y prolongaciones de jornada que intentó en junio 2009. En el conflicto tocó niveles de apoyo social impresionantes, que se fueron diluyendo pese al pedido de soporte que buscó el entonces “soldado de Cristina” en el establishment político.
Su antecesor y precandidato a gobernador, Luis Juez, mantuvo una relación estable producto de 4500 ingresos a la planta municipal. Hoy, ese pasivo pesa en la construcción de la imagen de un buen gestor de la cosa pública que pretende y será material que sus rivales están dispuestos a utilizar.
Ramón Mestre tampoco corrió con mejor suerte. Indexó la paritaria salarial a la inflación pero insistió con jubilar a Daniele hasta la víspera de la elección provincial de mayo de 2019. No sólo que no logró con su objetivo electoral –logrando un bochazo de los capitalinos en las urnas- sino que el histórico sindicalista está al frente de la columna verde que hoy jaquea servicios en reclamo salarial.
Tomar como punto de referencia al Suoem para montar objetivos políticos es una empresa que exige un buen cálculo de costos y beneficios, en especial, para aquellos que tienen la responsabilidad de la gestión.
De todas formas, el atractivo que genera es innegable. No sólo los funcionarios de Llaryora que piensan en la sucesión se han expresado sobre el tema. También lo han hecho desde Juntos por el Cambio (JpC), algunos con la liviandad que habilita su pertenencia a la oposición.
Ayer, en Radio Mitre, se expresó sobre el tema el único referente de la alianza que no lo había hecho, el diputado y precandidato a intendente/gobernador, Rodrigo de Loredo. Su palabra tiene valor porque hoy es el aliancista que mejor mide en la ciudad, pese a que azuza la posibilidad de competir en la provincia para mantener la expectativa hasta que llegue el momento de las definiciones.
“Es legítimo que todo sector del trabajo en Argentina, con una inflación como la que tenemos y que te destruye el salario, vaya reclamando una recomposición. Hace tiempo sostengo que los sectores públicos deben tener una empatía y una contextualidad”, matizó el jefe del bloque Evolución en Diputados. De Loredo insistió con la necesidad del reclamo cuando es equilibrado, pero comparó el salario bruto de un empleado municipal -que hoy promedia los 200 mil pesos- con el de un trabajador de comercio, que apenas pasa los 100 mil pesos; o el de los docentes provinciales que toca los 90 mil pesos.
“Tiene que haber una solidaridad de los sectores públicos”, remarcó. Y disparó: “Hay una sobreactuación del intendente de la ciudad en cómo se resuelve y prolonga el conflicto. Lo veo a Llaryora en campaña y se sabe que en Córdoba están estos fogoneos con Daniele que desde lo electoral garpa. Y al medio, toda la ciudad”, reconoció la norma que alcanza a todos.
Recomendó una instancia de diálogo más profunda, pero seguidamente criticó la incorporación de dos mil servidores urbanos. Es curioso que el precandidato en definición se meta en este frente cuando su aliado es Juez. Le reconoció a Llaryora la reducción del gasto público en salarios (en lo que pareció un “palo” a Mestre), pero entiende que estas nuevas figuras de contratados indirectos podrían pedir su ingreso a la planta por vía judicial. “¿Llaryora va a terminar siendo el intendente que más empleados designó en la historia de la Municipalidad?”, se preguntó presumiblemente sin una pizca de inocencia sobre la repregunta que seguiría.
Cuando el periodista Jorge “Petete” Martínez le recordó el record de Juez, De Loredo se limitó a responder: “La Argentina tiene ir para adelante”.
Esta vez, el precandidato de JpC aprovechó el conflicto con el Suoem para diferenciarse de sus socios. Todo parece indicar que está tensión marcará los próximos seis meses, hasta el que llegue el momento de las definiciones electorales y por más que los alfiles de estos aliados en las PASO sostengan que la relación está mejor que nunca, que cada uno entiende el rol del otro.
