Guzmán resiste y cumple insuficientemente con el FMI

El ministro también mira al Fondo Monetario Internacional, y no lo hace precisamente de reojo. El acuerdo suscripto en marzo es lo más parecido a una hoja de ruta económica que tiene la Casa Rosada, algo que Guzmán suele utilizar como una coartada a sus tímidos ajustes.

Por Pablo Esteban Dávila

Los últimos días fueron testigos de un cierto fortalecimiento de la posición de Martín Guzmán dentro del gabinete nacional. De la mano del presidente, el ministro de Economía pudo resistir los embates del Instituto Patria y mostrarse como una suerte de garante de la racionalidad del gobierno, algo que fue convenientemente valorado por el sector empresario.

Lo de racionalidad es, por supuesto, una exageración. Alberto Fernández nunca pudo mostrar algo parecido a tal cosa en los largos dos años y medio de su gobierno. Sin embargo, y dada la tradición kirchnerista de cambiar malos funcionarios por otros peores, el mundo de los negocios valora y respalda los esfuerzos del primer mandatario por defender al discípulo de Joseph Stiglitz al frente del palacio de hacienda.

Envalentonado por la propia supervivencia, Guzmán anunció una decisión largamente esperada, la del aumento de las tarifas del gas y la electricidad para el próximo mes. Estos serán de 21,5% y 15% respectivamente y, conforme lo dicho por el ministro, serán “los últimos del año”. Vale recordar que el mes pasado habían tenido un alza promedio del 20%, con lo cual los incrementos finales estarían en torno al 43% para todo el 2022.

No es, por cierto, un giro copernicano en la política oficial de subsidios, tan cara al Frente de Todos. Estos aumentos se encuentran largamente por debajo de la inflación que se espera, con pronósticos que van desde el 60 al 80% anual. Además, ambos servicios -por no hablar de otros- arrastran un retraso de años en materia de precios. Para dar una idea simple de las distorsiones que padecen, el monto que pagan sus usuarios equivale apenas al 25% del costo total de brindarlos. El resto son fondos que salen de los impuestos y de la emisión monetaria.

No obstante tal insuficiencia, estos incrementos no son del agrado de la vicepresidenta. Cristina observa con preocupación de como la opinión pública se vuelve inclemente contra el Frente de Todos y el kirchnerismo, sin distinguir entre la gestión de Alberto Fernández y ella misma. En semejante contexto, supone que cualquier aumento en los precios de los servicios públicos será un paso más hacia el abismo electoral que imagina hacia el próximo año. De hecho, hay encuestas que sugieren que, de continuar las actuales tendencias, el próximo ballotage sería entre Juntos por el Cambio y el ascendente Javier Milei, es decir, dos manifestaciones de la denostada derecha criolla.

El problema es que la situación económica es muy frágil y no permite mayores variantes populistas. La emisión monetaria ha mostrado un límite y, tanto Guzmán como el presidente entienden que, de continuar financiándose mediante la máquina de hacer billetes, la inflación podría acercarse peligrosamente los tres dígitos, un límite psicológico del que no habría marcha atrás. Incrementar las tarifas es una manera, aunque módica, de darle un respiro a la Casa de Moneda de la Nación y al incremento de la masa monetaria.

En la intimidad, y dado como se han desenvuelto los acontecimientos desde las elecciones del año pasado, Alberto debe estar maldiciendo haber sido tan mentecato en un tema de tanta envergadura. Mauricio Macri, su vilipendiado antecesor, había tenido el coraje de aumentar las tarifas sensiblemente en el primer tramo de su mandato y, pese a ello, triunfar con cierta holgura en las legislativas de 2017. Al momento de recibir de sus manos la banda presidencia, el precio que los usuarios pagaban por el gas y la electricidad explicaban el 64,4% de lo que costaba producirlos; de haber mantenido aquella relación, ya internalizada por la sociedad, las finanzas no hubieran mostrado un deterioro tan marcado desde la pandemia a esta parte.

A modo de explicación por tanta molicie no puede soslayarse que Cristina siempre tuvo una especial predilección por el retraso de las tarifas de los servicios públicos. Todavía es recodada la desobediencia de Federico Basualdo al recibir la orden de Guzmán, su nominal superior inmediato, para incrementarlas hace exactamente un año atrás. Basualdo responde a la vicepresidenta y, pese a su rebeldía, todavía permanece en la Subsecretaría de Energía Eléctrica.

Pero es Alberto quien sufre las consecuencias de la ignorancia de su mentora en el plano económico y de la negativa de aquella de aceptar que la inflación es consecuencia directa de la emisión monetaria, una paternidad que nadie en el mundo cuestiona seriamente. Si él hubiera reconocido, al menos, la inflación macrista en el cuadro tarifario durante los primeros sesenta días de su gestión podría haber cargado los costos de la cuenta a su antecesor y nadie, ni siquiera Cristina, habría tenido argumentos para cuestionar el realismo de tal medida. Esto hubiera quitado presión a la actual coyuntura.

Son los problemas de gobernar sin un plan económico, algo presentado en su momento como un mérito por parte del propio Fernández. Sin plan no hay brújula y, sin ella, es fácil convertir el rumbo del gobierno en uno de colisión. Esto es justamente lo que ocurre en este momento, un riesgo apenas aventado por el reciente anuncio de Guzmán.

El ministro también mira al Fondo Monetario Internacional, y no lo hace precisamente de reojo. El acuerdo suscripto en marzo es lo más parecido a una hoja de ruta económica que tiene la Casa Rosada, algo que Guzmán suele utilizar como una coartada a sus tímidos ajustes. Uno de los puntos más sensibles del entendimiento es, precisamente, el sinceramiento tarifario, considerado como uno de los talones de Aquiles por parte de los técnicos del organismo y una de las variables más sencillas para auditar.

Sin embargo, el ministro no come vidrio. Ni el 21,5% ni el 15% anunciados satisfacen lo que espera el FMI, por lo que el incumplimiento de las metas acordadas se encuentra a la vuelta de la esquina. Pero el ministro sabe que no tiene mucho margen político para el heroísmo, mucho menos cuando este estaría dirigido a honrar compromisos reputados como ilegítimos por parte del ala dura del gobierno. Además, debe mostrarse colaborativo en la difícil misión presidencial de sostenerlo en su puesto, una de las pocas convicciones que el primer mandatario parece tener, al menos por ahora. Es mejor hacer malabares dialécticos ante Kristalina Georgieva y los suyos antes que poner, deliberadamente, su propia cabeza en la picota.