Por Gabriela Origlia
El presidente Alberto Fernández decidió, en materia económica, abrazarse al ministro Martín Guzmán. La gran incógnita es cómo se comportará la actividad con una inflación que rondará el 70% anual como ya coinciden la mayoría de los analistas. Por ahora, el Gobierno espera que la evolución de precios pierda velocidad y que puedan cumplir con lo acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Las proyecciones ya plantean una desaceleración del nivel de actividad y del consumo; todo parte de una misma rueda. En los próximos días se debe definir qué pasará con las tarifas energéticas: los subsidios energéticos treparon 166% en lo que va del año y ya representan 0,6 puntos del PBI, incluso por encima del primer cuatrimestre de 2016, año en el que estas erogaciones cerraron en 2,5% PBI, según datos de la consultora Equilibra.
Los gobernadores vienen reclamando -como ya se describió en este mismo espacio- más dinero para subsidiar transporte y energía en sus provincias y esa discusión retrasa el decreto de presupuesto 2022 que, según el acuerdo con el FMI, debería haberse publicado a los 15 días de aprobado en el memorándum.
La consultora sostiene: “Hay varios motivos que nos hacen creer que la meta de déficit primario de 2,5% del PBI contemplada en el programa con el FMI no se alcance: la estacionalidad propia de las cuentas públicas, con rojos más abultados en el segundo semestre; el flamante tope a la contabilización de rentas de la propiedad; el fuerte dinamismo que vienen mostrando todos los rubros del gasto, incluidos los que eran candidatos a ser recortados; el deterioro en el nivel de actividad económica que prevemos para lo que resta del año que impactará sobre la recaudación; y el escaso margen adicional para acumular deuda flotante”.
El escenario que Fernández y Guzmán esperan para los próximos meses apunta a llegar a las elecciones del 2023 sin una debacle. A esta altura pareciera que las expresiones presidenciales de una reelección son solo un juego para la tribuna. En el primer cuatrimestre del año el déficit primario alcanzó los $272.000 millones (0,4% del PBI), con gastos creciendo casi 10 puntos porcentuales por encima de los ingresos. Tampoco se puede sostener esa dinámica.
La acumulación de reservas sigue siendo un desafío significativo. El Central necesita comprar US$3000 millones hasta el 30 de junio. Con el nivel actual de los precios internacional, la fuente de ingresos del país es enorme pero no se aprovecha. Sino se alcanza la meta acordada, lo lógico es el que FMI pida una devaluación más veloz. En las últimas horas hay negociaciones con las automotrices para que renegocien el pago de deudas así no requieren de dólares.
En ese contexto se desarrolla la comedia de enredo en torno a las retenciones. Guzmán rechaza la suba porque sabe que las exportaciones son la única vía de ingresos de divisas; su par de Agricultura, Julián Domínguez rechaza la posibilidad porque tiene pulseado el clima entre los productores, pero el propio Fernández genera confusión al decir que si la oposición lo acompañara, las subiría para “desacoplar” precios.
La renuncia de Roberto Feletti -quien era uno de los impulsores del alza de los derechos de exportación- a la secretaría de Comercio Interior implica el paso al costado de la vicepresidenta Cristina Kirchner a un sector al que había apostado. Toda la responsabilidad queda del lado de Guzmán. Si el fracaso sigue, será de esa ala de la administración.
El titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, sí decidió levantar más su perfil en el área económica. Las dos cartas que le envió a Guzmán pidiéndole que elevara el piso de Ganancias generaron ruidos internos; finalmente se unificaron criterios y se hizo el anuncio. También empezaron a trascender los nombres de los economistas que trabajan con Massa, como Martín Redrado, Miguel Peyrano y Martín Rapetti. Todavía no renuncia a la posibilidad de desembarcar en Economía con su gente.