La inseguridad, cada vez más eje de campaña JpC

La oposición acentúa sus críticas. De Loredo pidió soluciones al Ministerio Público Fiscal

Por Alejandro Moreno 

Rodrigo de Loredo le reclamó al Ministerio Público Fiscal más soluciones para los vecinos afectados por la inseguridad en la ciudad de Córdoba, en vez que los funcionarios se preocupen tanto por responder las críticas que se le formulan. 

El diputado radical consideró que “el colmo es que el Ministerio Público Fiscal se preocupe en contestar las críticas y guarde absoluto silencio ante los constantes episodios delictivos que se suceden a diario y en cada punto de la ciudad”. 

“A este organismo –continuó- le parece normal que tengamos Unidades Judiciales cerradas porque están de refacciones, algunas de las cuales están así desde la pandemia. Estamos hablando de muchísimo tiempo sin cumplir este rol tan elemental como recepcionar denuncias por delitos y coadyuvar en la prevención y persecución de los mismos”, agregó. 

De Loredo formuló estas declaraciones en Alta Córdoba, durante su última recorrida barrial, en el marco de su campaña oscilante a gobernador y a intendente de la ciudad de Córdoba. 

La inseguridad es un eje clave para la oposición al peronismo,
“Nos parece grave –advirtió- que se minimice el no funcionamiento de Unidades Judiciales, teniendo en cuenta que cada una de ellas tiene un amplio radio de acción”. 

“Las Unidades Judiciales –precisó- son escasas y si encima algunas están cerradas la situación se agrava para muchos vecinos. Si de veintitrés Unidades Judiciales, como ellos afirman hay tres que están cerradas, equivale a dejar sin servicios al 13 % de la ciudad”. 

De Loredo recordó que “cada Unidad Judicial atiende las denuncias de cerca de 70 mil vecinos, y si la que les corresponde está cerrada tienen que trasladarse a una mayor distancia de la que deberían para poder hacer una denuncia, lo que implica más tiempo y más costos, otro elemento disuasorio más para que los vecinos desistan de hacerla”.

El radical manifestó que si bien el Ministerio Público Fiscal aseguró que “se encuentra funcionando a pleno y eficazmente” el sistema de denuncia online y el 0800 para denuncias anónimas de narcotráficos. Pero De Loredo replicó que “en el taller que realizamos fueron decenas de vecinos quienes dijeron que se cansaron de hacer denuncias anónimas respecto de los lugares concretos de distribución y venta de drogas, entre otras cuestiones, de las que no hubo nunca una respuesta del Poder Judicial. Necesitamos que la justicia provincial se involucre más decididamente en estos temas”.

También, contó que en los barrios los vecinos se quejan “porque los ladrones entran por una puerta y salen por la otra. Es moneda corriente que detienen a algún ladrón y a los pocos días ya está en el barrio de nuevo”.

“Es claro que el sistema actual no da respuestas. Mientras el gobierno intenta diluir la culpa con discusiones estériles entre la policía, el Ministerio de Seguridad y el Ministerio Público Fiscal, los vecinos de Córdoba viven encerrados, con miedo y siendo víctimas de la delincuencia por la falta de políticas públicas”, acusó.

En el último paso por Alta Córdoba, De Loredo estuvo acompañado por el concejal Esteban Bría y su equipo, trabajando con los vecinos en la identificación y georeferenciación de los puntos inseguros de cada zona para elaborar “el verdadero mapa del delito de la ciudad”. 

Hernández Maqueda 

Por su parte, el presidente de la Coalición Cívica-ARI, Gregorio Hernández Maqueda, se preguntó ayer “¿qué quiere decir el gobernador Schiaretti con que en Córdoba no hay grieta?”. 

“A mí me suena mucho al silencio propio de un régimen autocrático, donde el Poder Judicial es un apéndice del Ejecutivo, porque eso pasa, de verdad, en Córdoba”, dijo. 

Hernández Maqueda señaló que “de todos los fallos institucionales del TSJ (Tribunal Superior de Justicia), en ningún caso se declaró la inconstitucionalidad de alguna medida del Ejecutivo o de alguna ley del Legislativo”, y que “en ningún caso, el Fuero Anticorrupción y las Cámaras del Crimen condenaron a un funcionario provincial jerárquico”.