Es hora de discutir la autonomía de las provincias

El pataleo de algunas provincias en defensa de lo que consideran les es propio debe servir como puntapié para discutir nuevas formas de gestión de lo público.

Por Javier Boher
javiboher@gmail.com

Lleva tiempo entender que en la historia argentina las cosas no son como todos dicen que son. Está plagada de grises que hacen que destiñan los blancos y negros que con tanta facilidad se esgrimen en los libros del secundario, agarrados las más de las veces de consignas lanzadas al aire sin sustento en la práctica real de los políticos terrenales.

Ese es el caso del federalismo y el unitarismo, una de las primeras peleas en las que se metió la clase dirigente nacional, una grieta que demoró décadas en cerrarse y que ni siquiera hoy está del todo clara. Hace falta repasar mucho la historia para entender que los federales (más allá de la nobleza del ideal federal) eran los malos de la película.

No es la intención de esta nota el extenderse alrededor del tema, pero básicamente se trataba de caudillos provinciales que querían conservar sus pequeñas cuotas de poder, tirando para el lado opuesto al que necesitaba la conformación de un país que todavía era una expresión de deseos. Ciertamente esas peleas reafirmaban la identidad local y reflejaban la heterogeneidad del territorio, pero se anteponían los liderazgos en esos espacios pequeños por sobre las necesidades del colectivo al que le llevaría alrededor de medio siglo empezar a encaminarse.

El crecimiento y desarrollo de Argentina no fue obra de los gobiernos provinciales, sino que en general dependió de la acción del gobierno federal. Algunos verán allí la causa para que las provincias demoren (e incluso aún algunas no hayan alcanzado) su desarrollo autónomo, como si de tanto llevarlas agarrando el manubrio después de haberle sacado las rueditas a la bici las hubiesen imposibilitado de andar por sí solas, dejándoles la única posibilidad de caerse al suelo o ser asistidas.

A raíz del enfrentamiento entre la Ciudad de Buenos Aires y la Nación por los fondos que ésta decidió quitarle a la capital del país en septiembre de 2020 (cuando empezaron a ver la necesidad de confrontar con un Horacio Rodríguez Larreta que hasta entonces se había comportado como uno de los sostenes de las irracionales cuarentenas que impulsó el presidente Fernández) es que algunos gobernadores decidieron salir a respaldar a la nación. En realidad salieron a cuidar su quintita.

Un total de 17 gobernadores decidió firmar un documento “en defensa del federalismo”, que no es más que un alegato a favor de la condición de rémoras del presupuesto público en la que se han convertido algunos distritos. Su argumento acerca de la preexistencia de las provincias a la nación también debería ser puesto en duda, o al menos relativizado.

Algunas provincias sí son preexistentes a la creación del estado nacional, aunque no todas como existen hoy (tal el caso de Cuyo). A partir de 1853 como momento clave de la organización política nacional, apenas existían catorce provincias (Catamarca, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Salta, San Juan, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero y Tucumán formando la Confederación Argentina y Buenos Aires como estado independiente).

De las provincias que firmaron el documento, Chubut, Formosa, Chaco, La Pampa, Misiones, Santa Cruz y Tierra del Fuego son posteriores a la sanción de la Constitución, lo que contradice aquello de la preexistencia. Por caso, la provincia de Tierra del Fuego es casi contemporánea de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, apenas cuatro años antes.

Ese tipo de cuestiones tiene que servir para poner en discusión la organización política del país, no desechando la idea de las provincias como entidades autónomas, sino respecto a la administración de ciertos bienes o servicios públicos. ¿Pueden provincias como las patagónicas -siempre con sus números en rojo- dar una educación o una salud de calidad?¿Están Chaco o Formosa en condiciones de asegurar un mínimo estándar en esas áreas?. Los indicadores dicen que no.

La gobernanza multinivel plantea que la gestión política de entidades subnacionales se complejiza en un contexto de globalización económica e interconexión transnacional crecientes, siendo necesarios nuevos enfoques para mejorar la eficiencia de las decisiones de políticas públicas. En algunos casos puede representar un verdadero problema para las provincias y municipios gestionar adecuadamente todas las dimensiones que esto involucra.

Hace apenas unos meses me tocó hacer un trámite en la secretaría de educación del municipio de la pequeña ciudad en la que vivo. No gestionan ni un jardín de infantes y ni siquiera pueden pintar las escuelas públicas porque eso es competencia provincial. ¿Tiene sentido que exista sin descentralización para cuestiones mínimas como la pintura o el mantenimiento general de los edificios sin darle aviso a una burocracia pesada que demora en resolver los problemas?.

A la inversa, ¿podrían hacerse cargo de poner en marcha una escuela o un hospital, con la alta inversión y formación de recursos humanos que se necesitan? Difícilmente. Hay provincias o municipios en los que la educación o la salud dejaron de ser de calidad (o dejaron de llegar en la manera en la que correspondí) desde que Nación decidió retirarse de esas áreas tras los pactos fiscales de los ‘90 y que no le encuentran la vuelta, aumentando la brecha entre sus distritos altamente favorecidos por la coparticipación y los que efectivamente ponen la plata.

Las provincias reclaman fondos que no se dirigen a esas áreas, sino a pagar los costos de la política y las excentricidades de sus gobernadores. Hay que discutir el grado de autonomía de las provincias y la posibilidad de aplicar esquemas flexibles para la provisión de servicios públicos, porque el esquema actual no está dando resultados para millones de argentinos que viven en provincias que deberían ser ricas a partir de los ingresos que reciben desde nación y que les son quitadas a las provincias que hacen mejor sus deberes.