Municipio tensiona con UTA (pero descarta reestructurar servicio)

Desde la Secretaría de Transporte advirtieron que el costo del paro tendrá que afrontarlo el gremio de los choferes.

La imposibilidad material del Gobierno de la Nación de entregar más subsidios al transporte de pasajeros del interior del país chocó con la creciente inflación y las secuelas de la pandemia en una de las prestaciones públicas más afectadas por la reducción de la movilidad. No se requiere de gran sagacidad para advertir que el acuerdo que el intendente Martín Llaryora trabó con la UTA, en representación de los choferes, debería ser revisado en el nuevo contexto.

La paciencia de los sindicalistas de algunos meses atrás se explicaba por el evidente temor de enfrentar despidos masivos. Las concesionarias privadas mantuvieron la dotación de personal y el municipio cubrió parte los corredores de la inestable Ersa. UTA hizo concesiones porque se garantizó cada puesto de trabajo en uno de los momentos más dramáticos para el transporte.

Con el regreso de la normalidad, el jefe de los conductores a nivel nacional, Roberto Fernández, restableció la agenda de siempre: la carrera de los salarios contra la escalada de los precios.

“Queremos dejar expresado que el Estado nacional viene asistiendo altamente a un sistema de transporte que es responsabilidad exclusiva de los gobiernos provinciales, quienes no solo han abandonado todos los ámbitos de negociación paritaria, sino que desconocen las reiteradas invitaciones a participar de la discusión salarial”, direccionó la crítica la UTA nacional.

Los choferes de las provincias reclaman el mismo incremento salarial que el logrado en el AMBA, que llegará al 50% en agosto y posee una cláusula de revisión en septiembre. Cumplieron con la primera jornada de protesta ayer, pese a la conciliación obligatoria.

El Ministerio de Trabajo de la Nación dictó el lunes por la tarde la conciliación obligatoria por un período hábil de 10 días. UTA Córdoba incumplió al asegurar que no recibieron la notificación formal. La mañana cordobesa arrancó sin servicio, situación que se extendió hasta entrada la tarde cuando la secretaria general de la filial, Carla Esteban, informó el levantamiento de la medida.

El malestar en la Municipalidad de Córdoba se hizo notar al punto que el secretario de Transporte, Marcelo Rodio, afirmó que el sindicato debía ser multado por el incumplimiento de las disposiciones de la cartera laboral.

Ahora bien, hay razones de peso para que los funcionarios del intendente Martín Llaryora expresen su frustración. Las arcas del Palacio 6 de Julio vienen adelantando los fondos que no ingresan en concepto de subsidios nacionales. Las demoras por parte de la cartera central son un clásico, sin embargo, estos 300 millones de pesos que mensualmente gira el municipio redundan en que a la fecha no se registren deudas salariales con los trabajadores.

La indignación era palpable, pero advierten que el diálogo continuará con los referentes gremiales de los choferes. “Deberá ser permanente, antes de los vencimientos de cada mes”, advirtieron.

De todas formas, hubo un quiebre. “Esto no va a quedar así, el costo de este paro lo tendrá que pagar la UTA”, advirtió Rodio en la mañana de ayer.

Con una paritaria que supondrá unos 300 millones mensuales extra, la pregunta es cómo se resolverá el problema sin que la paralización de la prestación sea una constante en los próximos meses. Por el momento, la restructuración no es la salida, pese a que UTA tiene un convenio de siete, en lugar de ocho horas, comparado con sus pares de todo el país; y una dotación de personal que también está por encima de la media y que hace que las partidas calculadas no alcancen a cubrir el convenio costoso.