El sistema político disuena por la tragedia

Ante el fatal accidente que se cobró la vida de un joven en barrio Alto Alberdi distintos sectores de la oposición salieron a rentabilizar el episodio. La responsabilidad civil, no cabe duda, corresponde al Estado. La penal se discutirá ante la Justicia. Restará ver quiénes lucran con el dolor ajeno.

Por Felipe Osman

El martes último, cerca de las 20, un niño de 14 años murió electrocutado al tocar un poste de alumbrado público en una plaza de barrio Alto Alberdi. Tras la tragedia, el padre del menor reclamó que nadie vuelva a ser víctima de la negligencia.

Tras el hecho, autoridades municipales se contactaron con la familia del menor. Luego, el municipio informó que una cuadrilla de la Dirección de Alumbrado Público visitó el lugar del hecho el 16 de diciembre pasado y llevó adelante los controles necesarios para comprobar que las instalaciones estaban en regla en ese momento.

Sin embargo, los peritajes llevados adelante por el Ministerio Público Fiscal descubrieron una piedra en la caja del poste, lo que indicaría que la columna fue vandalizada después del control llevado adelante por el municipio el mes pasado. A raíz de ello, la Municipalidad anunció que solicitará constituirse en querellante en el proceso judicial que busque determinar al responsable penal. El responsable civil, por las reglas del derecho, difícilmente sea alguien distinto al Estado Municipal.

Pero el debate rápidamente ha avanzado mucho más allá, y antes de que la Justicia haya siquiera dado los primeros pasos en la investigación del hecho, ya hay quienes se apuran a encontrar culpables. Lógico, los tiempos de la política -como los de casi todas las cosas- transcurren harto más rápido que los de los estrados, y con un aplomo que tiene a cero.

La oposición ha encontrado, en una carambola del destino, un argumento que viene al dedillo para golpear a la administración llaryorista en un punto estratégico, a saber, la gestión de los espacios públicos.

Estratégico, decimos, no por flaco, si no por ser uno de los pilares sobre los cuales el intendente edifica el éxito de su gestión y su cada vez menos hipotética proyección provincial. En realidad, el argumento opositor de una supuesta desidia del oficialismo hacia el mantenimiento de los espacios públicos chocaría, para quien tome la precaución de informarse, con un programa de puesta en valor de 400 espacios verdes en toda la ciudad, con más de 230 objetivos ya intervenidos y otros 70 en obra. En otras palabras, la acusación sólo es valiosa en cuanto llega a consideración de quien no conoce éstos datos.

Otro de los argumentos, debe decirse, mucho más sólido que los anteriores, es que las instalaciones de alumbrado público no se han readecuado aún a pesar de haberse sancionado la ley de seguridad eléctrica (10.281) en 2015. El problema es que si este fuera el señalamiento, un sector mayoritario de la oposición debería admitir que gobernó la ciudad durante cuatro años de vigencia de esa reglamentación sin llevar adelante las adaptaciones que ahora acusa al oficialismo de no haber realizado. Entiéndase, el señalamiento es justo. Pero tiene un inconveniente, no es efectivo en términos de obtener con él un rédito político.

En suma, la tragedia de Luciano Aranda, de 14 años de edad, es un hecho sumamente doloroso. Y la familia de la víctima, así como la comunidad en su conjunto, está en su absoluto derecho de reclamar el esclarecimiento de las circunstancias que derivaron en su muerte, la determinación de los grados de responsabilidad que a cada quien le quepan y la toma de las medidas necesarias para evitar que un episodio similar se repita.

Pero la oposición, que hasta ha llegado a reclamar “falta de humanidad” en los funcionarios municipales, no parece estar respetando el dolor de los afectados utilizando el hecho para conseguir rédito en un sistema político que, cuando resuena a raíz de un episodio completamente extraño a su lógica y a su naturaleza, vibra en disonancia.