Desviaciones autoritarias del próximo censo

Por Javier Boher
javiboher@gmail.com

Cuenta la historia que el primer presidente al que se le ocurrió que sería buena idea conocer la situación demográfica de Argentina fue Domingo Faustino Sarmiento, un prócer demasiado grande para la barbarie de estas tierras. Como hombre de ciencias, pero también de política, entendía que no se pueden desarrollar políticas públicas en abstracto y sin conocer efectivamente las condiciones en las que se las pretende aplicar.

El censo no es una estimación ni una aproximación a partir de una muestra representativa tomada en los lugares que concentran a la mayor parte de la población, sino un minucioso trabajo de contar a todos y cada uno de los argentinos que poblamos el país.

Finalmente ayer se anunció que -tras dos postergaciones- el 18 de mayo de 2022 se realizará el censo nacional de personas, que se realiza cada diez años, si las circunstancias lo permiten. Como tantas cosas en este país, la norma termina siendo la excepción, ya que el único que se hizo en tiempo y forma desde la vuelta de la democracia fue el del año 2010, que muchos recuerdan por haber sido el día que Néstor Kirchner se unió a la órbita del Arsat.

Será la primera vez que me toque responder a mí, e incluso tengo mis dudas respecto a si el Estado efectivamente llegará a relevar aquí donde vivo, en un campo lejos de todos los servicios públicos. ¿Podrán entrar en terrenos y casas tomadas?¿Podrán censar en las villas tomadas por los narcos en las que ya ni siquiera se realizan allanamientos? Legítimas dudas sobre la fuerza del Estado.

Buena parte del censo girará en torno a las preguntas clásicas y habituales para definir el estatus socioeconómico: nivel de acceso al bienestar material en la vivienda, nivel educativo de los miembros y datos vinculados al trabajo. Siempre puede haber formulaciones de preguntas que distorsionen los números, como aquella vez que en el censo de 2001 se preguntó si había trabajado al menos una hora en los últimos 15 días para obtener algún tipo de indicador de trabajo.

A eso se le agregarán otras cuestiones para “modernizar” lo que es apenas un inventario poblacional. Por supuesto que las preguntas sobre identidades estarán presentes. Se preguntará sobre origen étnico e identidad sexual, dos temas muy de moda en los últimos años que se convirtieron en bandera política del gobierno pero que, sin embargo, son de cierta importancia a la hora de definir políticas públicas, especialmente cuando se cruzan con los datos anteriores.

También se ha adelantado con cierto optimismo que el operativo tendrá algunas novedades que facilitarán la gestión, lo que suena algo parecido a lo que ocurrió con el censo cordobés de 2008, una mala elección de censistas (algunos de los cuales incluso completaron las planillas sentados en la mesa de un kiosko para terminar más rápido) y de responsables de monitorearlos.

Una de esas novedades será que por primera vez se implementará el censo digital, con el que pretenden ahorrarle tiempo de trabajo a los censistas. Eso, que se vende como un avance metodológico, lleva aparejadas dos cuestiones fundamentales. En primer lugar, que es una señal inequívoca de que la pereza burocrática alcanza niveles astronómicos, por cuanto no están dispuestos a hacer un esfuerzo extra para demostrar la voluntad estatal de hacer su trabajo. Llenar el Estado de militantes quizás no haya sido tan buena idea como pensaban.

En segundo lugar, y acá la cosa se pone seria, es que tanto en el censo digital como en el presencial se pide el DNI del hogar relevado, con el agravante de que en el caso del censo digital se debe registrar también la vivienda.

Esto, que el común de los ingenuos adoradores del Estado elige pasar por alto, es importante porque esos datos -independientemente de la buena fe con la que se pudieran recolectar- son una herramienta poderosísima en manos del sector público, especialmente cuando éste está controlado por un gobierno que demuestra simpatía ideológica y cercanía política hacia regímenes autoritarios de todo el mundo.

Hay que ser muy cuidadosos sobre la información que se le provee al Estado, cualquiera sea, porque es quien hace las leyes y quien tiene la posibilidad de forzar su cumplimiento, más allá de su racionalidad.

Una de las razones por las cuales se produjo el Holocausto en Europa fue porque poco tiempo antes de decretar el exterminio de millones de personas el régimen nazi se había encargado de relevarlas en un censo en el que se preguntaba sobre la religión y la raza, a través de preguntas sobre su ascendencia. Todo eso fue procesado con la mejor tecnología disponible para la época, lo que contribuyó a la implementación de tan macabro plan.

Parece raro que todavía nadie en la oposición haya reclamado con fuerza respecto a esta situación. Si apenas una incompleta red de datos recopilados de internet en esa burda iniciativa llamada “La reacción conservadora” encendió las alarmas de tanta gente, ¿no cabría esperar un poco más de ímpetu de parte de las oposiciones, sabiendo que esta vez a las redes las quiere armar la institución que tiene el poder de usar la fuerza para obligar a los ciudadanos?.