Suerte contra la Corte

Por Javier Boher
Javiboher@gmail.com

La Justicia está en el primer lugar del podio del descrédito popular. La gente no confía en ella, convencida de su parcialidad, su lentitud y sus arreglos oscuros. Pese a ello, no son muchos los que se quejan de que jueces y funcionarios casi no rinden cuentas. Es que para el ciudadano de a pie, viendo que los mismos políticos se presentan elección tras elección pese a los escándalos que los involucran, la responsabilidad por los actos de gobierno parece no aplicar para nadie.

Sin embargo, los que sí están a todas luces desesperados poniendo el foco sobre esa opacidad funcional del Poder Judicial son los personajes que se encuentran alineados a las posiciones más extremas de la coalición de gobierno. El cristinismo duro, acaso el más complicado en el frente judicial, ha decidido que es buena idea empezar una presión constante y explícita sobre el máximo tribunal.

La marcha en contra de la Corte Suprema de justicia ha sido convocada para el primero de febrero, una fecha a la que le quieren poner algo de épica a través de las redes con el hashtag #1F, pero que probablemente pase al olvido como aquel 7D con el que promocionaban la entrada en vigor de la Ley de Medios con la que suponían iban a descuartizar al grupo Clarín.

Si por aquel entonces, cuando el kirchnerismo era más poderoso (con una situación económica algo mejor, un pasado reciente relativamente próspero y todavía una importante potencia electoral) todo fue apenas un blef, nadie espera que de aquí pueda salir algo más o menos contundente.

Seguro serán las mismas caras de siempre: piqueteros que sólo sirven para llenar actos, organizaciones de DDHH que ya no sirven para legitimar políticas por su desgaste político, políticos que en el truco serían cartas sin seña y líderes de opinión de un colectivo cada vez más endogámico y autorreferencial. Eso sí, todos compartirán ese denominador común de la retórica violenta y una preferencia estética poco elegante.

El embate no es nuevo, pero sí demuestra que los tiempos para el oficialismo se acortan, especialmente desde que a partir de las elecciones de 2021 la Corte empezó a trabajar con un poco menos de sintonía respecto a los intereses del gobierno nacional. Los más comprometidos en causas por corrupción saben que la independencia del Poder Judicial (no su neutralidad, porque tiene sus propios intereses) es un obstáculo para escapar al accionar de la Justicia.

Quizás lo más novedoso es algo que se vivió en los primeros meses del kirchnerismo, allá por 2003. Hoy se pide la renuncia de los jueces del supremo tribunal bajo argumentos que remiten a las necesidades políticas de aquel entones, pero con nuevos ropajes como la democratización de la Justicia o contra la práctica del lawfare. Los tiempos y balances de fuerzas no son los mismos como para esperar un desenlace similar.

Pese a ello, la marcha -que en condiciones normales no sería más que otro pataleo de un kirchnerismo con menos muñeca política que otrora- se produce ante una novedad que puede cambiar la situación que se preveía. El domingo pasado se descompensó uno de los ministros de la Corte, el cordobés Juan Carlos Maqueda.

Aunque los médicos se apuraron a asegurar que no era nada de gravedad y que estaba todo controlado, la salud de las máximas autoridades políticas del país siempre permanece en un espacio gris de especulación y ocultamiento de la información (cuando no de lisa manipulación). La situación abre el interrogante sobre qué podría pasar ante la dimisión de alguno de los jueces por cuestiones de salud.

La posición de los actuales integrantes de la Corte, tras conocerse la renuncia de Elena Highton de Nolasco hace tres meses, era contraria a nombrar apresuradamente a su reemplazante, así como también a ampliar el número de miembros del máximo tribunal. La eventual imposibilidad de alguno de los cuatro magistrados restantes de ejercer sus funciones dejaría a la Corte Suprema en una situación difícil de sostener.

Ese escenario abriría las puertas a la necesidad de negociar quiénes deberían ser los nuevos integrantes, ante lo que sería una poco prolija composición por lo reducido de su número. La composición actual del Senado, Cámara que debe nombrar a los miembros del máximo tribunal, hace que la salida deba ser necesariamente negociada tras la derrota electoral oficialista de noviembre último.

Así, la marcha que en principio no sería más que una muestra de debilidad de un kirchnerismo que se aferra de manera penosa a lo que le dio poder en el pasado (como los generales retirados que creen que los civiles apreciarán sus galones) puede convertirse en un posicionamiento político clave ante la posibilidad, nunca descartada, de tener que sentarse a negociar nuevos nombramientos en el máximo tribunal.

El kirchnerismo no necesita nombrar a dos jueces para ocupar los dos hipotéticos lugares para volver a cinco miembros si quiere recuperar la mayoría que necesita. El pasado de Lorenzetti marca que siempre cultivó buenas relaciones con Cristina, como también lo hizo Horacio Rosatti con su difunto esposo, ya que fue ministro de Justicia de Néstor Kirchner.

Aunque la marcha demuestra más torpeza que cabeza, el mayor atributo de la vicepresidenta es que es más audaz que inteligente, lo que siempre la posiciona -aunque accidentalmente- un paso por delante de sus detractores. Quizás la suerte (más que D’Elía, Ramos Padilla, Leopoldo Moreau, Graciana Peñafort y demás ilustres nombres que convocan a la marcha) termine jugando ese papel que nunca nadie espera.