Por Alejandro Moreno
La sanción de la ley de regulación del juego on line fue un serio problema para la alianza Juntos por el Cambio, fundamentalmente porque tensionó la relación entre la Unión Cívica Radical, el Frente Cívico y la Coalición Cívica-ARI con el PRO. Además, causó una marejada interna en el radicalismo.
El proyecto que se convirtió en ley en la sesión del 29 de diciembre pasado, fue impulsado por el presidente del bloque Juntos por el Cambio, el radical Orlando Arduh, y por los cuatro legisladores del PRO. El rechazo del radicalismo, del lilismo y de Juez incluyó el lanzamiento de sospechas de corrupción que, como suele suceder en estos casos, no estuvieron apoyadas en pruebas.
Para la UCR el proceso fue complicado pero, curiosamente, podría terminar teniendo la virtud de volver a unir a todos los legisladores en un solo bloque. Queda pendiente confirmar el pase de los últimos dos radicales de Juntos por el Cambio a Juntos UCR (solo quedaría Arduh con el PRO), lo cual ocurriría antes del 1 de febrero, cuando el gobernador Juan Schiaretti vaya a la Cámara a rendir cuentas de su gestión. Luego, más que nada con el ánimo de complicarse, el Tribunal de Conducta de la UCR podría aplicarle una sanción a Arduh por haber desobedecido las indicaciones del Comité Central y del Congreso Provincial en el sentido de bajar el proyecto.
La crisis aliancista estalló el 29 de diciembre y, como paliativo, el fin de año y las vacaciones de enero le bajaron la intensidad. Pero ahora apareció la senadora nacional Carmen Álvarez Rivero para reavivar el fuego.
Álvarez Rivero ligó la senaduría nacional gracias al cupo femenino que la ubicó en la boleta por debajo de Luis Juez, y también a los errores tácticos de la macrista Laura Rodríguez Machado, que sin mucho esfuerzo en el cierre de listas para las PASO podría haberse ganado ese lugar en vez de la muy poco conocida dirigente que secunda al ex Primero la Gente y ahora PRO, Sebastián García Díaz.
“No basta con decir que estuvieron mal y comernos la ley. Si la mayoría no quiere la ley, hay que derogarla. No me importa que esta acción política moleste dentro del PRO”, declaró ayer la senadora. Y, para echar más leña al fuego, García Díaz reclamó la expulsión del PRO de los cuatro legisladores que votaron la ley (Darío Capitani, Alberto Ambrosio, Silvia Paleo y Raúl Recalde). Para García Díaz “es evidente que hubo una matufia”. “No al juego, al narco, ni a la trata de personas. Levantamos nuestra voz ante las autoridades del PRO para que le llamen la atención a estos legisladores que trajeron zozobra a Juntos por el Cambio. Cuatro pícaros que presentaron este proyecto para beneficiar al peronismo y hacer que el costo político se diluya. Vamos a señalar la responsabilidad política de estos cuatro legisladores”, prometió.
Seguramente Álvarez Rivero sabe que tendrá que conseguir algún legislador provincial que quiera impulsar el proyecto de derogación de la ley. ¿Lo tiene? No en el PRO, por lo menos. Y si lo consiguiera de algún otro partido, ¿habrá sacado la cuenta de que no le alcanzarán los votos porque el peronismo tiene una comodísima mayoría? Es decir que volver con el proyecto al recinto solo serviría para despertar el trauma aliancista. El peronismo apenas tendría que hacer lo que mejor le sale: no hacerse responsable. Para los peronistas, la escena de los socios de Juntos por el Cambio arañándose entre ellos es la que más les agrada; el rotundo triunfo electoral de noviembre, así, va perdiendo sustancia, y lo que la gente ve son las internas de las internas.
Los legisladores del PRO guardarían silencio por ahora, al menos hasta que el tema cobre envergadura, porque entienden que es solo el intento de un sector del partido por ganar protagonismo interno a cualquier costo. Uno de ellos, de los que de momento esquivan la polémica, recordó en off the record que García Díaz fue funcionario de Juan Schiaretti: “¿quién es el funcional”, se preguntó.
