Por Yanina Passero
La pandemia fue una gran aliada del oficialismo municipal en su relación históricamente adversa con los gremios con los que toda gestión debe convivir. El intendente Martín Llaryora aprovechó el home office impuesto por la cuarentena obligatoria (la más larga del mundo) para realizar ajustes que, en otro contexto, hubieran sido imposibles.
A la voluntad política, Llaryora sumó la pérdida del poder de fuego del Suoem con sus empleados y activistas desperdigados por todo el mapa de la ciudad y la reducción al mínimo de las prestaciones básicas del Estado. El intendente hizo un ajuste salarial y quitó la séptima hora del convenio colectivo para ahorrarse algunos pesos.
La UTA, el gremio que representa a los choferes del transporte urbano, se debatía a mediados del 2020 entre una realidad que la superaba. No era opción pelear por el cumplimiento del convenio colectivo de trabajo cuando los coches sólo transportaban a los médicos y personal esencial, cayendo al extremo el corte de boleto y la recaudación. Conservar la fuente de trabajo de todos los empleados del sistema se impuso como el único objetivo del sindicato comandado a nivel nacional por Roberto Fernández. La crisis inédita en el sector -que continuará- debía resolverse sin la exigida restructuración pedida por empresarios, también resistida por el poder político por el alto costo de dejar conductores en la calle en momentos tan complicados.
En tanto, el Surrbac, gremio de los recolectores de residuos, logró el equilibrio con el Ejecutivo más por necesidades internas que por vocación altruista. La situación judicial de sus líderes, Mauricio Saillen y Pascual Catrambone, obligó a los hijos de ambos a entablar negociaciones justas, que hubieran asombrado a un diplomático de carrera.
Los afiliados de los tres gremios elegirán en este nuevo año a sus próximas comisiones directivas. Cierto es que el proceso democrático no debería incidir en el normal funcionamiento de la Municipalidad de Córdoba, aunque la experiencia enseña que las campañas y la resolución de los asuntos internos suelen mezclarse con las rutinas del Palacio 6 de Julio.
En concreto, Rubén Daniele, el histórico caudillo del sindicato municipal, tiene luz verde judicial para presentarse a elecciones. La actual cúpula encabezada por Beatriz Biolatto deberá hacer la convocatoria antes del 10 de enero. Si los plazos dispuestos por el estatuto se cumplen, el mes de marzo comenzará con la campaña que tendría al veterano, otra vez, en la primera plana.De más está decir que, con esa marca registrada en el escaparate de la lista verde, pocas ilusiones pueden hacerse desde la oposición gremial.
Daniele imagina un regreso triunfal y, esta situación, obligará a Llaryora a negociar. En especial porque el peronista transita su último año prelectoral, donde debe concentrar todos los hitos de su gestión si se tiene en cuenta que los comicios provinciales serán en mayo de un cada vez más cercano 2023.
Ahora bien, la previsibilidad que da el regreso de Daniele es un activo que el Ejecutivo podrá usar a su favor por más que el capo gremial haya prometido recuperar todo lo que Llaryora supuestamente les arrebató. Por ahora, el municipio no apeló la resolución del Tribunal Superior de Justicia que restableció la condición de empleado municipal a Daniele, conforme al decreto firmado por Ramón Mestre en 2017. Es todo un gesto.
En la UTA, la conducción nacional debe convocar a elecciones este año para que la nueva conducción asuma el primer día hábil del 2023. Si bien la delicada situación del sistema de transporte no permite a los sindicalistas con dos dedos de frente complicar más su presente laboral, ya se vive en las puntas de líneas clima de campaña. El termómetro lo marcarán las elecciones de delegados previstas para los próximos meses. Sus protagonistas saben que sus chances de lograr expectabilidad para la pulseada mayor dependen de estas micro incursiones.
Lo cierto es que la conducción nacional no quiere cambiar la receta que le dio resultados y aplacó las convulsiones internas de la filial Córdoba que, como se recordará tuvo momentos de alta tensión en los períodos de Alfredo “Cuchillo” Peñaloza y Ricardo Salerno. Puertas adentro, el “dedazo” parece ser la opción que analiza el secretario del Interior de UTA Nacional, Jorge Kiener, aunque esto no garantiza que sea Carla Esteban, la actual secretaria general, nuevamente la elegida.
En el Surrbac, los actuales mandatos vencen el 11 de octubre de este año. Allí la situación se presenta un poco más compleja. El clan Saillen logró reducir a cero a la oposición en su espacio a pesar de que el oponente es, nada más y nada menos que el camionero Hugo Moyano. Mauricio Saillen regresó a la silla principal del gremio con el visto bueno del juez federal Ricardo Bustos Fierro, quien atiende en la causa iniciada por delitos de corrupción y malversación de fondos, entre otras imputaciones.
El avance de su causa judicial y la elevación a juicio que espera determinarán de lleno la suerte de Saillen. Hasta ahora las posibilidades sucesorias están cantadas: Juan Saillen, hijo menor del gremialista, aprovechó el interregno para posicionarse internamente y ganarse la confianza de los afiliados.
El mapa está presentado. Los actores son conocidos y los desenlaces previsibles. La administración municipal sabrá cómo mover sus fichas para que estos procesos no impacten en los resultados que, sí o sí, Llaryora tiene que mostrar este año, si es que sigue siendo el elegido por el gobernador Juan Schiaretti para sucederlo.
