Semana de definiciones en presupuesto y plan plurianual

Por Gabriela Origlia

Las señales del oficialismo de querer avanzar en un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) llegaron cuando la posición del Banco Central es notablemente débil. Todavía no hay certezas de que el zigzagueo no siga. En esta administración las seguridades duran poco. Para explicar esos cambios la portavoz presidencial, Gabriela Cerrutti, se apoya en que la “realidad es dinámica”.

Después de los ruidos -incluida una fake new- los depósitos en dólares empezaron a caer (entre el 4 de noviembre y el 3 de este mes se perdieron unos US$1000 millones, 6,5%) aunque sin alcanzar niveles alarmantes, incluso es menor a la de años recientes. Los bancos están sólidos y pueden devolver las divisas que los clientes quieren retirar. En el caso de los depósitos en pesos, la baja es más leve. Con una tasa desfavorable, no hay crecimiento.

Pasado el período electoral, el Gobierno decidió acelerar las conversaciones con el Fondo; esa demora implicó que este año haya tenido que desembolsar algo más de US$5000 millones para cumplir con las obligaciones con el organismo; el último es un pago de US$ 1.800 millones correspondientes a una cuota de amortización. En enero y febrero vencen otros US$1100 millones y US$700 millones más de intereses de los bonos del canje de deuda.

Si el Central no perdiera más reservas en todo este tiempo, las reservas netas quedarían debajo de los US$3000 millones. Una cifra por demás preocupante. En los dos primeros años de este Gobierno, las reservas netas cayeron a la mitad, el dólar paralelo aumentó 182% y la brecha cambiaria se amplió de 15% a 93%.

Es obvio que a los números los complicó la pandemia -como a todo el mundo-, pero también se registraron precios récord de la soja, liquidaciones récord del campo y reparto de DEGs por parte del Fondo. En paralelo la muñeca rusa de los cepos fue sumando cuerpos.

La misión técnica que regresó de Washington deslizó que hubo “avances” en las negociaciones. A las declaraciones de la directora Gerente del Fondo, Kristalina Georgieva, sobre que quedaba “mucho por hacer” se agregó Estados Unidos pidiendo un acuerdo “sólido” entre el país y le FMI. La semana cerró con el comunicado del organismo que reconoce «avances» en puntos claves aunque añade que hace falta «más discusiones» para cerrar.

El ministro Martín Guzmán va hoy al Congreso a analizar el proyecto de presupuesto 2022 y el “plan plurianual” que prometió el presidente Alberto Fernández podría ingresar a mediados de semana.

En ese contexto debería develarse, por ejemplo, qué pasará con las tarifas de servicios públicos. El Gobierno quiere escapar de un ajuste ortodoxo y espera avanzar hacia un equilibrio fiscal en función de más ingresos por crecimiento de la economía, lo que pareciera bastante complejo de alcanzar. El gasto tendrá que bajar; este año ya se encorsetaron los egresos de Seguridad Social y se espera la segmentación de tarifas.

La consultora Analytica en un informe plantea que, a partir del congelamiento, las tarifas de electricidad, gas y agua pasaron a representar apenas el 3% del gasto promedio de las familias, mientras en 2018 eran el 7%. Si las tarifas aumentaran focalizadas exclusivamente sobre el 10% de los hogares de mayor poder de compra y sin cambios en el resto, el ahorro fiscal llegaría a 0,24% del PIB en un año. Esta mayor eficiencia en el gasto en subsidios permitiría así revertir la tendencia creciente que muestran desde el inicio del gobierno del Frente de Todos. Hoy en el acumulado anual equivalen a 2,7% del PBI, 1,1 puntos más que en diciembre de 2019, imponiendo serias limitaciones fiscales hacia adelante.

Este año la Argentina cerrará con un rojo fiscal primario cercano al 4% y el Tesoro le habrá pedido al Central dinero por el equivalente al 3,5% del Producto. Mientras esa sea la dinámica las chaces de una política monetaria que no aliente la inflación son pocas.